Se necesita una cultura del agua
Pareciera que este verano, todos los factores negativos coincidieron para producir la crisis de escasez de agua más seria y severa de los últimos años. Se agruparon el fenómeno del niño, altas temperaturas, deforestación indiscriminada, quemas e incendios de bosques, falta de política, control y vigilancia de parte de las autoridades responsables e indiferencia e irresponsabilidad de la gente en el uso y conservación del recurso agua. Esto ha obligado al IDAAN a racionar el suministro de agua potable en ciertos sectores de la ciudad capital, cosa que no se hacía desde hace muchos años, debido a los bajos niveles de las aguas en sus fuentes naturales de captación del recurso.
Las causas son ciertas, pero no son nada nuevo ni exclusivo de este verano. Cada verano se ha venido repitiendo lo mismo, con un efecto acumulativo que a la larga se va a convertir en crisis permanente. Sin embargo, apenas caen los primeros aguaceros, todo el mundo se olvida del problema y de las promesas de tomar medidas correctivas, y no se hace nada para evitar que esto vuelva ocurrir.
Paradójicamente, a Panamá le sobra agua durante la época lluviosa. Tenemos 500 ríos, de los cuales 84 ofrecen grandes posibilidades para el riego, generación de energía eléctrica y abundante agua para consumo de la población. ¿Por qué no aprovechar esta agua antes de que se pierda en el mar, evitando pérdidas económicas?
Para ello tenemos que desarrollar una cultura del agua e implementar urgentemente una política sobre el uso, conservación y protección del agua y reglamentación con prohibiciones, limitaciones, derechos de terceros y protección ambiental. Esta política estatal debe incluir programas que abarquen todos los aspectos relacionados con inventario y administración de agua a nivel nacional y su captación con la construcción de mini-represas para retener agua en pequeños reservorios a lo largo de todo el país, control de quemas y deforestación. Está comprobado que la deforestación produce erosión de los suelos, los hace impermeables, pierden humedad y no retienen ni filtran agua en el subsuelo.
Esta política debe involucrar a todas las autoridades provinciales y municipales, así como a usuarios importantes del agua como agricultores, ganaderos, industriales y representantes de las comunidades de todas las provincias. La política debe estar bajo la dirección de la ANAM como institución rectora del sector, que debe coordinar la protección y conservación de las cuencas hidrográficas de los ríos de cada uno de sus territorios, a través de la creación de comisiones de cuenca, con plena autoridad para controlar las quemas y la deforestación en las cuencas naturales de sus ríos y quebradas. Serían autoridades descentralizadas, con la participación de los mismos afectados, que tomen medidas de control para contrarrestar las sequías que se producen todos los veranos en sus propias áreas de desarrollo (exceptuando las cuencas del Canal, que se rigen por una ley especial), pero todo dentro un marco general y nacional de conservación del recurso.
La idea es que cada cuenca se constituya en una unidad física económica, administrada técnicamente por una comisión local y coordinada por una comisión nacional que establezca las políticas y las pautas que debe cumplir. Cada cuenca de un río conformará una región natural, donde puedan operar las comisiones ambientales. Todos los municipios que forman parte de la cuenca deberán participar en las comisiones. Cada cuenca debe tener un programa que contemple la prioridad de uso, conservación y protección de las aguas, y debe promover la construcción de infraestructuras para captar y acumular agua.
La situación no se corrige tomando medidas urgentes ni improvisadas. Se trata de un problema de arrastre, que demanda un proceso a largo plazo que incluya programas por cuencas, legislación especial, organismos regionales con autonomía para actuar y tomar decisiones, capacitación y orientación a la población, reglamentos, controles, supervisión e inversión en la construcción de presas, perforación de pozos, construcción de abrevaderos y otros. Los problemas se deben resolver en el mismo sitio, con la participación de organismos descentralizados, distritales, provinciales o regionales.
Las causas son ciertas, pero no son nada nuevo ni exclusivo de este verano. Cada verano se ha venido repitiendo lo mismo, con un efecto acumulativo que a la larga se va a convertir en crisis permanente. Sin embargo, apenas caen los primeros aguaceros, todo el mundo se olvida del problema y de las promesas de tomar medidas correctivas, y no se hace nada para evitar que esto vuelva ocurrir.
Paradójicamente, a Panamá le sobra agua durante la época lluviosa. Tenemos 500 ríos, de los cuales 84 ofrecen grandes posibilidades para el riego, generación de energía eléctrica y abundante agua para consumo de la población. ¿Por qué no aprovechar esta agua antes de que se pierda en el mar, evitando pérdidas económicas?
Para ello tenemos que desarrollar una cultura del agua e implementar urgentemente una política sobre el uso, conservación y protección del agua y reglamentación con prohibiciones, limitaciones, derechos de terceros y protección ambiental. Esta política estatal debe incluir programas que abarquen todos los aspectos relacionados con inventario y administración de agua a nivel nacional y su captación con la construcción de mini-represas para retener agua en pequeños reservorios a lo largo de todo el país, control de quemas y deforestación. Está comprobado que la deforestación produce erosión de los suelos, los hace impermeables, pierden humedad y no retienen ni filtran agua en el subsuelo.
Esta política debe involucrar a todas las autoridades provinciales y municipales, así como a usuarios importantes del agua como agricultores, ganaderos, industriales y representantes de las comunidades de todas las provincias. La política debe estar bajo la dirección de la ANAM como institución rectora del sector, que debe coordinar la protección y conservación de las cuencas hidrográficas de los ríos de cada uno de sus territorios, a través de la creación de comisiones de cuenca, con plena autoridad para controlar las quemas y la deforestación en las cuencas naturales de sus ríos y quebradas. Serían autoridades descentralizadas, con la participación de los mismos afectados, que tomen medidas de control para contrarrestar las sequías que se producen todos los veranos en sus propias áreas de desarrollo (exceptuando las cuencas del Canal, que se rigen por una ley especial), pero todo dentro un marco general y nacional de conservación del recurso.
La idea es que cada cuenca se constituya en una unidad física económica, administrada técnicamente por una comisión local y coordinada por una comisión nacional que establezca las políticas y las pautas que debe cumplir. Cada cuenca de un río conformará una región natural, donde puedan operar las comisiones ambientales. Todos los municipios que forman parte de la cuenca deberán participar en las comisiones. Cada cuenca debe tener un programa que contemple la prioridad de uso, conservación y protección de las aguas, y debe promover la construcción de infraestructuras para captar y acumular agua.
La situación no se corrige tomando medidas urgentes ni improvisadas. Se trata de un problema de arrastre, que demanda un proceso a largo plazo que incluya programas por cuencas, legislación especial, organismos regionales con autonomía para actuar y tomar decisiones, capacitación y orientación a la población, reglamentos, controles, supervisión e inversión en la construcción de presas, perforación de pozos, construcción de abrevaderos y otros. Los problemas se deben resolver en el mismo sitio, con la participación de organismos descentralizados, distritales, provinciales o regionales.
