Se pierde la fe pública
Todo individuo que ocupa un cargo en una institución pública tiene la elevadísima responsabilidad de promover y respetar la confianza ciudadana. Lo hace a través de sus actuaciones oficiales y extraoficiales, ya que los cargos se ostentan 24 horas al día, siete días a la semana. Si la ciudadanía pierde la fe pública, la confianza en las instituciones del país, inevitablemente caeremos en la anarquía.
Dejamos por descontado que los cargos políticos, incluyendo al presidente, así como a los legisladores, alcaldes y representantes de corregimiento, gozan de mayor discrecionalidad en sus actuaciones, ya que confiamos que una importante sanción por sus errores e indiscreciones será en el sufragio.
Más preocupación se tiene cuando la falta de responsabilidad y seriedad con la cosa pública trasciende esas esferas y se filtra hacia otros niveles, lo cual parece estar ocurriendo cada vez con mayor regularidad.
Cuando el infame DENI y más recientemente la PTJ expedían los famosos récords policivos, era ampliamente conocido que por unos balboas adicionales se podían limpiar los registros oficiales. De hecho, ahora se conoce que así hizo el autor intelectual del reciente secuestro de los jóvenes Garrido, quien para obtener el trabajo de conductor produjo al padre uno prístino a pesar de haber sido condenado por serios delitos.
Por otro lado, a pesar de la expedición de un paz y salvo de inmuebles, el Ministerio de Economía y Finanzas exige la presentación de todos los recibos de pago, antes y después de la expedición del paz y salvo, en caso que su sistema después refleje que existe una morosidad. Similar práctica se siguió cuando se cambió el sistema de pagos de tasas de sociedades anónimas. Igual pasa en ciertos municipios.
También ha trascendido que en el más reciente defalco del Banco Nacional de Panamá, además de cajeros y otros funcionarios, pudo también estar involucrada una notaría.
Cabe destacar que las notarías, al igual que el Registro Público y el Registro Civil, son quizá de las instituciones cuya proyección y actuación tienen que ser absolutamente transparentes y confiable de manera que la sociedad moderna pueda funcionar. Y el problema yace allí: sin instituciones fiables, no habrá sociedad organizada, no habrá convivencia pacífica y ordenada, no habrá democracia.
Todo el andamiaje que se edifica alrededor de las instituciones, sobre el cual los funcionarios deben sustentar sus actuaciones, tiene que estar dirigido a la promoción de la confianza y la fe ciudadana. Aquí, en Panamá, pareciera que demasiados funcionarios se han dado a la tarea de minar la fe pública.
Dejamos por descontado que los cargos políticos, incluyendo al presidente, así como a los legisladores, alcaldes y representantes de corregimiento, gozan de mayor discrecionalidad en sus actuaciones, ya que confiamos que una importante sanción por sus errores e indiscreciones será en el sufragio.
Más preocupación se tiene cuando la falta de responsabilidad y seriedad con la cosa pública trasciende esas esferas y se filtra hacia otros niveles, lo cual parece estar ocurriendo cada vez con mayor regularidad.
Cuando el infame DENI y más recientemente la PTJ expedían los famosos récords policivos, era ampliamente conocido que por unos balboas adicionales se podían limpiar los registros oficiales. De hecho, ahora se conoce que así hizo el autor intelectual del reciente secuestro de los jóvenes Garrido, quien para obtener el trabajo de conductor produjo al padre uno prístino a pesar de haber sido condenado por serios delitos.
Por otro lado, a pesar de la expedición de un paz y salvo de inmuebles, el Ministerio de Economía y Finanzas exige la presentación de todos los recibos de pago, antes y después de la expedición del paz y salvo, en caso que su sistema después refleje que existe una morosidad. Similar práctica se siguió cuando se cambió el sistema de pagos de tasas de sociedades anónimas. Igual pasa en ciertos municipios.
También ha trascendido que en el más reciente defalco del Banco Nacional de Panamá, además de cajeros y otros funcionarios, pudo también estar involucrada una notaría.
Cabe destacar que las notarías, al igual que el Registro Público y el Registro Civil, son quizá de las instituciones cuya proyección y actuación tienen que ser absolutamente transparentes y confiable de manera que la sociedad moderna pueda funcionar. Y el problema yace allí: sin instituciones fiables, no habrá sociedad organizada, no habrá convivencia pacífica y ordenada, no habrá democracia.
Todo el andamiaje que se edifica alrededor de las instituciones, sobre el cual los funcionarios deben sustentar sus actuaciones, tiene que estar dirigido a la promoción de la confianza y la fe ciudadana. Aquí, en Panamá, pareciera que demasiados funcionarios se han dado a la tarea de minar la fe pública.
