¡Se venden calles y aceras!
Las avenidas, calles y aceras son bienes de uso público, en cualquier parte del mundo; pero, desde luego, no en Panamá. Irresponsable, ilegalmente y de manera harto sospechosa, y sin ningún respeto por el derecho de peatones y automedontes, las autoridades municipales del Distrito de Panamá siguen adjudicando, a cambio de sumas ridículas, la posesión y el uso exclusivo de las vías públicas.
En ese aspecto, la última fechoría en la ya larga cadena de "realizaciones" del bin-bin, es el traspaso a una "empresa turística", disfrazado bajo la forma de un contrato de arrendamiento, de aproximadamente cien metros cuadrados de calle, a la entrada de la avenida Manuel María Ycaza, exactamente frente al hotel Continental. El pasado domingo, de la acera fueron removidos varios estacionómetros y un señor, que dijo ser empleado de una "empresa turística" encerró con una línea amarilla el área que, según explicó les fue arrendada por el municipio para su uso exclusivo y colocó bloques para impedir el estacionamiento de vehículos. A todo el que preguntó, muy orondo le mostró el recibo de la suma pagada (algo así como B/. 100.00) y algo parecido a una autorización firmada por una funcionaria municipal.
Aunque esa no es la parte que importa, pues tampoco sería fundamento válido para apoderarse de la calle, es interesante señalar, además, que "la empresa turística" de marras tiene sus oficinas en el sector del Crisol, en la vía al aeropuerto de Tocumen, a muchos kilómetros de "su concesión".
De hecho, en varios sectores de la ciudad capital, los negocios situados al borde de las principales avenidas y calles comerciales, ante la indolencia de las autoridades municipales y del tránsito, se han dedicado, sistemática y abusivamente, a apropiarse de los estacionamientos públicos y de los espacios de calle frente a sus locales para convertirlos en sus estacionamientos privados. Y las autoridades, en lugar de evitar que esa práctica ilegal se siga extendiendo, parecen haberse mancomunado con los abusadores para fomentarla. El caso, al que hago referencia en este artículo, no es el único. Como ese hay muchísimos más. Pero ahora, para colmo, hasta se les protege con supuestos arrendamientos, autorizados por "funcionarios amigos".
Las autoridades tienen el deber de proteger los espacios públicos que son de uso común. Adjudicarlos, para uso exclusivo de unos cuantos, es una irresponsabilidad que debe ser sancionada, como mínimo, con la destitución de los involucrados. El alcalde de turno y el tesorero municipal no pueden ni deben lavarse las manos en este asunto y deben brindar una aclaración pública. Y los aspirantes a la alcaldía, todos, también deben pronunciarse públicamente sobre esta tropelía y la manera en que la resolverán.
A lo anterior, agrego una pregunta relacionada: ¿Cuánto recibe el municipio capital por las vallas con las que dos candidatos del PRD han inundado, materialmente, todas las paradas de buses, construidas con dineros públicos? Por su escandalosa cantidad, deben ser muchos miles, así esperamos.
