Seamos justos con la Policía
EN ESTOS DÍAS que las autoridades reaccionan ante su incompetencia e improvisación pretendiendo resolver el problema de las pandillas con aumento de penas a los menores y dándoles excesivos poderes a los corregidores y que los problemas que se dan con el tráfico de humanos se pretenden resolver creando un albergue para los ilegales que se capturen, vemos que lo básico del problema sigue ignorándose: la desigualdad social, la deprimente salud pública y la mala educación.
En la reveladora encuesta del Barómetro de las Américas, estudio sobre la cultura política en Panamá: 2006, patrocinado por la Universidad de Vanderbilt, para nuestra sorpresa, la Policía Nacional, principal responsable de la seguridad ciudadana, sale bastante bien librada, en comparación con otros actores de la vida nacional. En un tema que en un pasado no lejano en Panamá era muy común, estamos como un país en donde la comunidad percibe que la Policía pide pocos sobornos (6.5%), estando sólo Colombia (4.5%) y Chile (2.3%) por debajo de nosotros y siendo ampliamente superados por México (22.9%), Bolivia (20.5%) y Perú (18.8%). Sin ser pretenciosos, considero que esa nueva imagen, no estando tan distante 1989, debe enorgullecer a los jefes policiales que, desde diciembre de aquel año, tanto se han esmerado en mejorar la imagen que la ciudadanía tiene de los policías. Imagen ésta, quizás, mucho menos perniciosa y negativa de la que a veces la desdibujan algunos medios de comunicación y de ésa que su ignorancia sobre el tema les hace hablar a algunos políticos, llegando aún a estas alturas a referirse a ellos como "gorilas".
En el nivel de honestidad como la sociedad ve a sus representantes, los sacerdotes están por encima de todos con un 63.6%; pero los policías, aunque sólo con 33%, están por encima, en este orden, de alcaldes, líderes políticos, representantes de Corregimiento, diputados y ministros de Estado. La confianza que la comunidad tiene sobre sus instituciones ocupa un primer lugar la Policía Nacional sobre la Defensoría, el Órgano Judicial y la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior; sin embargo, no significa, como apunté a un jefe policial, que la Fuerza Pública debe dormirse en sus laureles porque hay mucho camino que recorrer en el profesionalismo y la neutralidad política que tanto se esmeró Ricardo Arias Calderón, primer Ministro de Gobierno y Justicia después de la dictadura militar, en dar al nuevo esquema de la seguridad nacional.
Pero toda la culpa se le echa a los policías, como si fueran el causante de todos los males. Si vemos a un vendedor de lotería clandestina vendiendo sus "números" abiertamente, queremos que el policía del lugar lo detenga, cuando esa es una labor que la Lotería rehúsa a hacer. O a un ilegal haciendo piruetas en un semáforo, tampoco es labor del policía de tránsito, porque para ello estará Migración, que tampoco cuenta con los recursos necesarios. O queremos que sea la Policía la que interrumpa una ruidosa fiesta, donde el permiso lo dio un corrupto corregidor, amigo del cumpleañero y que ahora quieren dotarlo de excesivas facultades. Podríamos hacer una inmensa lista de lo que queremos que los policías hagan, pero que muchas veces o no lo pueden hacer, o no tienen los recursos, o después quedan desautorizados por los de más arriba.
Lo preocupante de la sociedad en que vivimos es que son pocas las cuentas que les pedimos a los demás, mucho más desprestigiados socialmente que los policías, tal como lo revela la encuesta patrocinada por la prestigiosa universidad norteamericana y la Alianza Pro Justicia. Todavía la ciudadanía no se explica las razones para que los regentes de la Salud estatal aún estén en sus cargos, a pesar de todo el escándalo de las medicinas contaminadas del Seguro; la ciudadanía no termina de digerir el poco escarmiento que han recibido en este gobierno, por no incluir al anterior, quienes se han apropiado de fondos del Estado; la ciudadanía no termina de entender cómo alguien que sólo ha purgado 73 días de cárcel de una condena de 50 años, le puedan dar casa por cárcel. ¿Podremos pedir a algún policía lo detenga si lo ve comiendo en un restaurante, violando así los términos de su medida cautelar?
Enfocar el problema de la seguridad sólo en la policía es un error. Dotémosla de mística y liderazgo, ello redundará en autoestima, como ahora hace el presidente Torrijos aumentando al 90% de los policías 40 balboas mensuales. Apoyémosla en nuestras comunidades, no sólo porque sus miembros sean panameños como lo somos todos, sino porque son una categoría especial de seres humanos, dispuestos a dar la vida por los demás. Demos el ejemplo con otros, muchos más corruptos que lo que podamos encontrar en las filas policiales, y veremos cómo con ese ejemplo vamos contagiando al resto de la sociedad.
Le recuerdo al Presidente que en su campaña dijo: "Enseñaremos con el ejemplo" y no con las improvisaciones, como sus subalternos pretenden resolver los problemas de la seguridad ciudadana.
gcochez@cableonda.net
Indicó que en estos lugares el problema es "algo de nunca acabar" precisamente porque cuando las empresas detectan el problema, las personas vuelven a conectarse.
El hurto de energía se clasifica en dos tipos.
El primero de ellos es el fraude, que comenten los clientes que tienen su medidor y los alteran para reflejar un consumo menor al que realmente tienen.
El segundo son las conexiones ilegales que son realizadas por personas que no tienen contrato con la empresa distribuidora y establecen directamente sus conexiones a las líneas de distribución.
Ambos casos son sancionados. Las penas incluyen la cárcel.
Actualmente el Código Penal, en su artículo 181 y subsiguientes, incluido en el Título IV, señalan taxativamente lo que se debe entender por hurto y las sanciones que pueden ir de seis meses a dos años y de 30 meses a seis años de prisión.
Lorena Fábrega, de la empresa Elektra Noreste, señaló que los corregimientos en donde más se detectan casos de conexiones ilegales son Belisario Porras, Belisario Frías, Alcalde Díaz, Arnulfo Arias, Juan Díaz, Tocumen y Chilibre.
Allá se interviene con ayuda de la Policía Nacional.
Adicional a los posibles riesgos físicos que el hurto implica, se desmejora la calidad del servicio ofrecido a los clientes, provocando fluctuaciones de voltaje que pueden dañar sus equipos eléctricos.
Para Fábrega, un logro que se ha hecho a través de un acercamiento con el usuario y con el apoyo de los municipios y las corregidurías, es legalizar a más de 78 mil usuarios del 2000 al 2006.
En la reveladora encuesta del Barómetro de las Américas, estudio sobre la cultura política en Panamá: 2006, patrocinado por la Universidad de Vanderbilt, para nuestra sorpresa, la Policía Nacional, principal responsable de la seguridad ciudadana, sale bastante bien librada, en comparación con otros actores de la vida nacional. En un tema que en un pasado no lejano en Panamá era muy común, estamos como un país en donde la comunidad percibe que la Policía pide pocos sobornos (6.5%), estando sólo Colombia (4.5%) y Chile (2.3%) por debajo de nosotros y siendo ampliamente superados por México (22.9%), Bolivia (20.5%) y Perú (18.8%). Sin ser pretenciosos, considero que esa nueva imagen, no estando tan distante 1989, debe enorgullecer a los jefes policiales que, desde diciembre de aquel año, tanto se han esmerado en mejorar la imagen que la ciudadanía tiene de los policías. Imagen ésta, quizás, mucho menos perniciosa y negativa de la que a veces la desdibujan algunos medios de comunicación y de ésa que su ignorancia sobre el tema les hace hablar a algunos políticos, llegando aún a estas alturas a referirse a ellos como "gorilas".
En el nivel de honestidad como la sociedad ve a sus representantes, los sacerdotes están por encima de todos con un 63.6%; pero los policías, aunque sólo con 33%, están por encima, en este orden, de alcaldes, líderes políticos, representantes de Corregimiento, diputados y ministros de Estado. La confianza que la comunidad tiene sobre sus instituciones ocupa un primer lugar la Policía Nacional sobre la Defensoría, el Órgano Judicial y la Procuraduría General de la Nación. Lo anterior; sin embargo, no significa, como apunté a un jefe policial, que la Fuerza Pública debe dormirse en sus laureles porque hay mucho camino que recorrer en el profesionalismo y la neutralidad política que tanto se esmeró Ricardo Arias Calderón, primer Ministro de Gobierno y Justicia después de la dictadura militar, en dar al nuevo esquema de la seguridad nacional.
Pero toda la culpa se le echa a los policías, como si fueran el causante de todos los males. Si vemos a un vendedor de lotería clandestina vendiendo sus "números" abiertamente, queremos que el policía del lugar lo detenga, cuando esa es una labor que la Lotería rehúsa a hacer. O a un ilegal haciendo piruetas en un semáforo, tampoco es labor del policía de tránsito, porque para ello estará Migración, que tampoco cuenta con los recursos necesarios. O queremos que sea la Policía la que interrumpa una ruidosa fiesta, donde el permiso lo dio un corrupto corregidor, amigo del cumpleañero y que ahora quieren dotarlo de excesivas facultades. Podríamos hacer una inmensa lista de lo que queremos que los policías hagan, pero que muchas veces o no lo pueden hacer, o no tienen los recursos, o después quedan desautorizados por los de más arriba.
Lo preocupante de la sociedad en que vivimos es que son pocas las cuentas que les pedimos a los demás, mucho más desprestigiados socialmente que los policías, tal como lo revela la encuesta patrocinada por la prestigiosa universidad norteamericana y la Alianza Pro Justicia. Todavía la ciudadanía no se explica las razones para que los regentes de la Salud estatal aún estén en sus cargos, a pesar de todo el escándalo de las medicinas contaminadas del Seguro; la ciudadanía no termina de digerir el poco escarmiento que han recibido en este gobierno, por no incluir al anterior, quienes se han apropiado de fondos del Estado; la ciudadanía no termina de entender cómo alguien que sólo ha purgado 73 días de cárcel de una condena de 50 años, le puedan dar casa por cárcel. ¿Podremos pedir a algún policía lo detenga si lo ve comiendo en un restaurante, violando así los términos de su medida cautelar?
Enfocar el problema de la seguridad sólo en la policía es un error. Dotémosla de mística y liderazgo, ello redundará en autoestima, como ahora hace el presidente Torrijos aumentando al 90% de los policías 40 balboas mensuales. Apoyémosla en nuestras comunidades, no sólo porque sus miembros sean panameños como lo somos todos, sino porque son una categoría especial de seres humanos, dispuestos a dar la vida por los demás. Demos el ejemplo con otros, muchos más corruptos que lo que podamos encontrar en las filas policiales, y veremos cómo con ese ejemplo vamos contagiando al resto de la sociedad.
Le recuerdo al Presidente que en su campaña dijo: "Enseñaremos con el ejemplo" y no con las improvisaciones, como sus subalternos pretenden resolver los problemas de la seguridad ciudadana.
gcochez@cableonda.net
Indicó que en estos lugares el problema es "algo de nunca acabar" precisamente porque cuando las empresas detectan el problema, las personas vuelven a conectarse.
Los focos fluorescentes de nueve watts consumen 0.50 centavos mensuales si está encendido 12 horas al día, mientras el común de 40 watts consume B/.1.75.
Un televisor prendido 12 horas al día consume alrededor de B/.4 dólares al mes, mientras que el radio encendido ocho horas diarias consume 0.90 centavos.
Una refrigeradora pequeña, de unas 11 pies cúbicos y de 200 watts encendida las 24 horas consume B/.12 al mes, mientras que una plancha, cuatro horas a la semana, tiene un costo de B/.2.50 al mes.
El hurto de energía se clasifica en dos tipos.
El primero de ellos es el fraude, que comenten los clientes que tienen su medidor y los alteran para reflejar un consumo menor al que realmente tienen.
El segundo son las conexiones ilegales que son realizadas por personas que no tienen contrato con la empresa distribuidora y establecen directamente sus conexiones a las líneas de distribución.
Ambos casos son sancionados. Las penas incluyen la cárcel.
Actualmente el Código Penal, en su artículo 181 y subsiguientes, incluido en el Título IV, señalan taxativamente lo que se debe entender por hurto y las sanciones que pueden ir de seis meses a dos años y de 30 meses a seis años de prisión.
Lorena Fábrega, de la empresa Elektra Noreste, señaló que los corregimientos en donde más se detectan casos de conexiones ilegales son Belisario Porras, Belisario Frías, Alcalde Díaz, Arnulfo Arias, Juan Díaz, Tocumen y Chilibre.
Allá se interviene con ayuda de la Policía Nacional.
Adicional a los posibles riesgos físicos que el hurto implica, se desmejora la calidad del servicio ofrecido a los clientes, provocando fluctuaciones de voltaje que pueden dañar sus equipos eléctricos.
Para Fábrega, un logro que se ha hecho a través de un acercamiento con el usuario y con el apoyo de los municipios y las corregidurías, es legalizar a más de 78 mil usuarios del 2000 al 2006.
