Sector empresarial propone aumento en la edad de jubilación de las mujeres
Como si no fuera suficiente la doble y la triple jornada de trabajo que realizamos las mujeres panameñas; trabajo que no se valora y que no se toma en cuenta en ninguna estadística. Como si no fuera suficiente, además, el que las mujeres aseguradas no cuenten con un sistema integral de salud eficiente, adecuado y oportuno, el sector empresarial pretende ahora que se aumente la edad de jubilación de las mujeres de 57 años a 62 años y que la cantidad mínima de cuotas para tener derecho a la jubilación sea de 25 años, entre otros incrementos. La propuesta que se fundamenta en un sistema de dos pilares, fue remitida al Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (CSS), Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el 2 de septiembre de 2002 por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y por la Cámara de Comercio Industrias y Agricultura de Panamá que, según indican, resolverá el problema de operabilidad del programa de IVM de la CSS.
Básicamente se puede resumir la propuesta así: En el primer pilar, la afiliación sería para todos los trabajadores que ganen hasta B/.900.00; la cuota de cotización sería de 9.5% al 12%; se utilizaría como regla de cálculo los 15 mejores años; la edad de jubilación sería 62 años para ambos sexos; jubilación anticipada para la mujer con una tabla de transición propuesta de 40% frente a un 60% en la actualidad, para las que les falte 7 años y una densidad de 25 años. El segundo pilar propone la afiliación para todos los trabajadores que ganen desde B/.901.00 hasta B/.2,500.00, incluyendo gastos de representación; la cuota de cotización sería de 12%= 11% cuenta individual y 1% hacia el pilar solidario; la edad de jubilación sería 62 años para ambos sexos; la tasa de sustitución sería la que se logre comprar con lo acumulado en la cuenta individual y jubilación anticipada para la mujer hasta los 57 años, aplicándose lo acumulado.
La maravillosa propuesta del sector empresarial, interpreta errónea y eufemísticamente el principio de igualdad de derechos, queriendo equiparar la misma edad de jubilación para los dos sexos, sin tomar en cuenta que científicamente está demostrado que el desgaste físico y psíquico es mayor en las mujeres por su función reproductora, y que cuando las situaciones no son idénticas es que la legislación debe operar a favor de un grupo determinado con acciones positivas o afirmativas, en que la desigualdad en el tratamiento legal resulta lícita, justa y admisible, como en el caso de la jubilación para las mujeres a una edad más temprana que para los hombres.
El movimiento organizado de mujeres, representado entre otras organizaciones por el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá; Foro Mujer y Desarrollo; Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer (CODIM), Unidad de Género y Seguridad Social de la CSS y la Unión Nacional de Abogadas (UNA), nos oponemos rotundamente a esta pretensión del sector empresarial por considerarla deshumanizada, inconsulta, injusta y violatoria de los derechos humanos de las mujeres. Suficientes cuotas de sacrificio hemos aportado las mujeres panameñas al desarrollo socioeconómico y político del país para que nuevamente se nos quiera pedir que nos sacrifiquemos una vez más, cuando hace menos de 7 años, en 1995, permitimos que nos aumentaran 2 años más en la jubilación. Para el sector empresarial es muy fácil cuadrar números y pedir con una gran desfachatez que se les aplique a las mujeres el aumento en la edad de jubilación, en las cuotas y en los años de cotización. ¿Por qué el sector empresarial no asume su deber solidario y presenta una propuesta en la que ellos hagan un aporte sustancial para resolver el problema del programa de invalidez, vejez y muerte? Sencillamente porque es muy fácil trasladar la solución a un sector que como el de las mujeres lleva a sus espaldas siglos de subordinación, de invisibilidad, de marginación y de discriminación.
Decimos: BASTA YA. Somos mujeres del siglo XXI conscientes de nuestros valores, de nuestras capacidades y derechos, dispuestas a pelear por ellos hasta las últimas consecuencias. Por tanto, no vamos a ceder frente a un derecho adquirido como lo es nuestra jubilación a los 57 años, por el simple capricho de un sector que sólo piensa en afectar lo menos posible su caja registradora, porque las abuelas, las madres, las hermanas, las tías, las hijas, las nietas, las sobrinas de los empresarios que proponen aumentar la edad de jubilación para las mujeres no necesitan de una pensión de invalidez, de vejez o de muerte para vivir, como sí la necesitan las miles de secretarias, oficinistas, trabajadoras manuales, educadoras, enfermeras y profesionales de distintas ramas, de contar con una jubilación a una edad en que todavía puedan disfrutarla con dignidad. Mientras en otras latitudes se está promoviendo la jubilación de la mujer a edades más tempranas, entre los 50 y 55 años, con la posibilidad de continuar vinculada laboralmente, si ella lo desea, en Panamá por el contrario, quieren aumentarnos la edad de jubilación, cercenando con ello nuestra posibilidad de disponer libremente de tiempo para contemplar la vida, saborear la belleza y para dedicarnos a las aficiones y a los gustos que antes no pudimos darnos por tener que cumplir con las obligaciones laborales y familiares. En mi caso, por ejemplo, -como sé que es el de muchas- tengo más de 30 años de cuotas pagadas, pero no puedo jubilarme porque no tengo la edad exigida para ello, y encima pretenden que deba esperar más. ¿Qué injusto, no?
Mujeres panameñas: la propuesta del sector empresarial para aumentar nuestra edad de jubilación es una propuesta que te afecta, me afecta y nos afecta. No guardes silencio ni escondas la cabeza como el avestruz; participa en nuestra campaña de rechazo a dicha propuesta. Comunícate con el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá al correo electrónico imup1@ancon.up.ac.pa o con la Unión Nacional de Abogadas (UNA) unabogadas@hotmail.com para enterarte de las actividades que estaremos realizando para levantarnos, porque como bien lo dice Diane Reed, Presidenta de la Cree Society for Communications, "cuando las mujeres de una nación se levantan constituyen las voces más fuertes que pueden oírse y esas voces no pueden ser silenciadas".
El derecho a la educación: Los policías tienen derecho a la educación . Esto significa que deben tener acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura; que deben recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
El derecho a la paz: Esto significa que tienen derecho a disfrutar de la ordenada tranquilidad que brota de la justicia; que tienen derecho a vivir dentro de una sociedad en la cual se excluya la violencia como medio de solucionar los conflictos.
El derecho al debido proceso: Esto significa que tienen garantizado el derecho de acceso a la administración de justicia; que en materia judicial, tienen derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, dentro de condiciones de independencia e imparcialidad, sin dilaciones injustificadas ni apresuramientos injustos; que en cualquier caso debe reconocérseles el derecho a emplear todos los medios legítimos y adecuados para hacerse oír de los jueces y obtener una decisión favorable; que en el ámbito penal y disciplinario deben beneficiarse del principio de presunción de inocencia; que al ser acusados de un hecho punible, tienen las garantías consagradas en la Constitución, en las leyes y en los pactos internacionales. Los principios del debido proceso deben aplicarse al ejercer la potestad disciplinaria.
Al ejercer sus derechos humanos los policías tienen limitaciones que se derivan del cumplimiento de tres grandes deberes fundamentales: 1. El de no abusar de los propios derechos; 2. El de respetar los derechos ajenos; 3. El de no alterar el justo orden público. [mabernal@sinfo.net]
"El mundo de hoy es peligroso. Dicen que lo hace para evitar impuestos... yo no tengo manera de saberlo... nosotros no podemos ser agentes cobradores del fisco de ningún país, ni podemos ser detectives, ni espías... eso no me corresponde a mí".
Marco Saavedra informó que renunció a la sociedad anónima Farley Entreprises, Inc. justamente "porque nos enteramos que pertenecía a un miembro del grupo que se ha estado mencionando bajo investigación en Nicaragua, así que nosotros registramos la renuncia".
Farley Enterprise Inc., señaló, se creó a finales de 1992, cinco años antes de que Silvio Argüello fuera nombrado como director de ENITEL en Nicaragua y Arnoldo Alemán tomara posesión como presidente de ese país.
222Cientos de sociedades anónimas están en el limbo porque sus directores se desaparecen, sin embargo, están vigentes.
El apoderado de la sociedad en aquel momento, resultó ser apoderado de un tercero, informó, al tiempo que agregó que nunca su bufete abrió una cuenta bancaria a nombre de esta sociedad, pero si hace siete años se hubiese abierto una cuenta, ni el banco ni los abogados hubiesen sido responsables por algún acto ilícito.
Es más, enfatizó, cualquier sociedad, aunque no pague, puede mantenerse a perpetuidad, vigente, pero en el limbo, porque sus dueños se desaparecen, tal como ocurrió con Farley Enterprises Inc.
"A nosotros todavía no nos han preguntado a nivel de autoridad panameña sobre esta sociedad. No tenemos información de que esté bajo investigación", dijo.
Dejó claro que él, voluntariamente, se presentó ante la Unidad de Análisis Financiero para informar que, aunque la sociedad se conformó hace 10 años, no ha vuelto a tener contacto con el cliente.
Por crear una sociedad anónima se cobra dependiendo de quién sea el cliente, si se maneja a través de firmas corresponsales o bancos en el extranjero, si se atiende directamente al cliente, o del acuerdo al que se llegue. La cifra puede ser de B/.1,000.00 o más.
Estas sociedades pagan de impuesto unos B/.150.00 anualmente, y pagan al abogado una suma adicional por utilizar a los miembros del bufete como directores.
El abogado informó que muchas no pagan esa anualidad o la pagan años después, incluyendo las que se les han acumulado, con un recargo de B/.30.00 por cada año.
Básicamente se puede resumir la propuesta así: En el primer pilar, la afiliación sería para todos los trabajadores que ganen hasta B/.900.00; la cuota de cotización sería de 9.5% al 12%; se utilizaría como regla de cálculo los 15 mejores años; la edad de jubilación sería 62 años para ambos sexos; jubilación anticipada para la mujer con una tabla de transición propuesta de 40% frente a un 60% en la actualidad, para las que les falte 7 años y una densidad de 25 años. El segundo pilar propone la afiliación para todos los trabajadores que ganen desde B/.901.00 hasta B/.2,500.00, incluyendo gastos de representación; la cuota de cotización sería de 12%= 11% cuenta individual y 1% hacia el pilar solidario; la edad de jubilación sería 62 años para ambos sexos; la tasa de sustitución sería la que se logre comprar con lo acumulado en la cuenta individual y jubilación anticipada para la mujer hasta los 57 años, aplicándose lo acumulado.
La maravillosa propuesta del sector empresarial, interpreta errónea y eufemísticamente el principio de igualdad de derechos, queriendo equiparar la misma edad de jubilación para los dos sexos, sin tomar en cuenta que científicamente está demostrado que el desgaste físico y psíquico es mayor en las mujeres por su función reproductora, y que cuando las situaciones no son idénticas es que la legislación debe operar a favor de un grupo determinado con acciones positivas o afirmativas, en que la desigualdad en el tratamiento legal resulta lícita, justa y admisible, como en el caso de la jubilación para las mujeres a una edad más temprana que para los hombres.
El movimiento organizado de mujeres, representado entre otras organizaciones por el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá; Foro Mujer y Desarrollo; Organizaciones para el Desarrollo Integral de la Mujer (CODIM), Unidad de Género y Seguridad Social de la CSS y la Unión Nacional de Abogadas (UNA), nos oponemos rotundamente a esta pretensión del sector empresarial por considerarla deshumanizada, inconsulta, injusta y violatoria de los derechos humanos de las mujeres. Suficientes cuotas de sacrificio hemos aportado las mujeres panameñas al desarrollo socioeconómico y político del país para que nuevamente se nos quiera pedir que nos sacrifiquemos una vez más, cuando hace menos de 7 años, en 1995, permitimos que nos aumentaran 2 años más en la jubilación. Para el sector empresarial es muy fácil cuadrar números y pedir con una gran desfachatez que se les aplique a las mujeres el aumento en la edad de jubilación, en las cuotas y en los años de cotización. ¿Por qué el sector empresarial no asume su deber solidario y presenta una propuesta en la que ellos hagan un aporte sustancial para resolver el problema del programa de invalidez, vejez y muerte? Sencillamente porque es muy fácil trasladar la solución a un sector que como el de las mujeres lleva a sus espaldas siglos de subordinación, de invisibilidad, de marginación y de discriminación.
Decimos: BASTA YA. Somos mujeres del siglo XXI conscientes de nuestros valores, de nuestras capacidades y derechos, dispuestas a pelear por ellos hasta las últimas consecuencias. Por tanto, no vamos a ceder frente a un derecho adquirido como lo es nuestra jubilación a los 57 años, por el simple capricho de un sector que sólo piensa en afectar lo menos posible su caja registradora, porque las abuelas, las madres, las hermanas, las tías, las hijas, las nietas, las sobrinas de los empresarios que proponen aumentar la edad de jubilación para las mujeres no necesitan de una pensión de invalidez, de vejez o de muerte para vivir, como sí la necesitan las miles de secretarias, oficinistas, trabajadoras manuales, educadoras, enfermeras y profesionales de distintas ramas, de contar con una jubilación a una edad en que todavía puedan disfrutarla con dignidad. Mientras en otras latitudes se está promoviendo la jubilación de la mujer a edades más tempranas, entre los 50 y 55 años, con la posibilidad de continuar vinculada laboralmente, si ella lo desea, en Panamá por el contrario, quieren aumentarnos la edad de jubilación, cercenando con ello nuestra posibilidad de disponer libremente de tiempo para contemplar la vida, saborear la belleza y para dedicarnos a las aficiones y a los gustos que antes no pudimos darnos por tener que cumplir con las obligaciones laborales y familiares. En mi caso, por ejemplo, -como sé que es el de muchas- tengo más de 30 años de cuotas pagadas, pero no puedo jubilarme porque no tengo la edad exigida para ello, y encima pretenden que deba esperar más. ¿Qué injusto, no?
Mujeres panameñas: la propuesta del sector empresarial para aumentar nuestra edad de jubilación es una propuesta que te afecta, me afecta y nos afecta. No guardes silencio ni escondas la cabeza como el avestruz; participa en nuestra campaña de rechazo a dicha propuesta. Comunícate con el Instituto de la Mujer de la Universidad de Panamá al correo electrónico imup1@ancon.up.ac.pa o con la Unión Nacional de Abogadas (UNA) unabogadas@hotmail.com para enterarte de las actividades que estaremos realizando para levantarnos, porque como bien lo dice Diane Reed, Presidenta de la Cree Society for Communications, "cuando las mujeres de una nación se levantan constituyen las voces más fuertes que pueden oírse y esas voces no pueden ser silenciadas".
El derecho a la educación: Los policías tienen derecho a la educación . Esto significa que deben tener acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura; que deben recibir capacitación para el mejor desempeño de sus funciones.
El derecho a la paz: Esto significa que tienen derecho a disfrutar de la ordenada tranquilidad que brota de la justicia; que tienen derecho a vivir dentro de una sociedad en la cual se excluya la violencia como medio de solucionar los conflictos.
El derecho al debido proceso: Esto significa que tienen garantizado el derecho de acceso a la administración de justicia; que en materia judicial, tienen derecho a ser oídos públicamente y con las debidas garantías por un juez o tribunal competente, dentro de condiciones de independencia e imparcialidad, sin dilaciones injustificadas ni apresuramientos injustos; que en cualquier caso debe reconocérseles el derecho a emplear todos los medios legítimos y adecuados para hacerse oír de los jueces y obtener una decisión favorable; que en el ámbito penal y disciplinario deben beneficiarse del principio de presunción de inocencia; que al ser acusados de un hecho punible, tienen las garantías consagradas en la Constitución, en las leyes y en los pactos internacionales. Los principios del debido proceso deben aplicarse al ejercer la potestad disciplinaria.
Al ejercer sus derechos humanos los policías tienen limitaciones que se derivan del cumplimiento de tres grandes deberes fundamentales: 1. El de no abusar de los propios derechos; 2. El de respetar los derechos ajenos; 3. El de no alterar el justo orden público. [mabernal@sinfo.net]
"El mundo de hoy es peligroso. Dicen que lo hace para evitar impuestos... yo no tengo manera de saberlo... nosotros no podemos ser agentes cobradores del fisco de ningún país, ni podemos ser detectives, ni espías... eso no me corresponde a mí".
Marco Saavedra informó que renunció a la sociedad anónima Farley Entreprises, Inc. justamente "porque nos enteramos que pertenecía a un miembro del grupo que se ha estado mencionando bajo investigación en Nicaragua, así que nosotros registramos la renuncia".
Farley Enterprise Inc., señaló, se creó a finales de 1992, cinco años antes de que Silvio Argüello fuera nombrado como director de ENITEL en Nicaragua y Arnoldo Alemán tomara posesión como presidente de ese país.
222Cientos de sociedades anónimas están en el limbo porque sus directores se desaparecen, sin embargo, están vigentes.
El apoderado de la sociedad en aquel momento, resultó ser apoderado de un tercero, informó, al tiempo que agregó que nunca su bufete abrió una cuenta bancaria a nombre de esta sociedad, pero si hace siete años se hubiese abierto una cuenta, ni el banco ni los abogados hubiesen sido responsables por algún acto ilícito.
Es más, enfatizó, cualquier sociedad, aunque no pague, puede mantenerse a perpetuidad, vigente, pero en el limbo, porque sus dueños se desaparecen, tal como ocurrió con Farley Enterprises Inc.
"A nosotros todavía no nos han preguntado a nivel de autoridad panameña sobre esta sociedad. No tenemos información de que esté bajo investigación", dijo.
Dejó claro que él, voluntariamente, se presentó ante la Unidad de Análisis Financiero para informar que, aunque la sociedad se conformó hace 10 años, no ha vuelto a tener contacto con el cliente.
Por crear una sociedad anónima se cobra dependiendo de quién sea el cliente, si se maneja a través de firmas corresponsales o bancos en el extranjero, si se atiende directamente al cliente, o del acuerdo al que se llegue. La cifra puede ser de B/.1,000.00 o más.
Estas sociedades pagan de impuesto unos B/.150.00 anualmente, y pagan al abogado una suma adicional por utilizar a los miembros del bufete como directores.
El abogado informó que muchas no pagan esa anualidad o la pagan años después, incluyendo las que se les han acumulado, con un recargo de B/.30.00 por cada año.
