Secuestro de niños
En la época de la dictadura militar, apareció en nuestro suelo una modalidad delictiva hasta entonces desconocida, el secuestro de aviones, lo cual tuvo lugar acaso por el efecto de contagio de lo que ocurría en el extranjero en ese entonces. Que recordemos, hubo uno solo, en la dictadura de los "70. El pirata aéreo pretendía viajar a Cuba, luego de someter a la tripulación del avión. Tras pactar con las autoridades, mientras la aeronave hacía escala en Bocas del Toro para tomar combustible, unidades de las Fuerzas de Defensa, el ejército panameño, abrió fuego cerrado hasta convertir el avión en una coladera. El delincuente fue muerto y el gobierno divulgó un escueto comunicado en el que dio parte del incidente y advirtió con severidad que no toleraría un solo secuestro más. Santo remedio. En el resto del mundo siguieron ocurriendo de cuando en cuando por algunos años hasta que se extinguieron, producto de convenciones internacionales que comprometen a todos los países a devolver la aeronave y juzgar al criminal en su país o en el que fuera apresado.
En la misma época, tuvo lugar el primer secuestro de personas por una banda integrada por hombres y mujeres nacionales y extranjeros. El temible G-2 se puso en funcionamiento y, en cosa de pocos días, dio con el apartamento de los secuestradores que procuraban el cobro de un rescate. Cuento corto, los agentes de la seguridad del Estado derribaron la puerta e irrumpieron en el apartamento a balazos. Todos los secuestradores fueron muertos. No hubo prisioneros, ni detenidos.
Lo ocurrido hizo que algunos penalistas expusieran que en Panamá existía una pena de muerte no escrita, pero efectiva, para casos de secuestro de aviones y de personas. Cierto o no, la situación fue que los criminales locales captaron el mensaje y nunca más, hasta ahora que reaparece el plagio de personas, volvió a producirse. Fue un buen mentís para quienes piensan que la pena máxima no disuade al crimen.
En la actualidad, tenemos estamentos policiales y de seguridad débiles y poco profesionales, lo que ha sido aprovechado por los delincuentes para ejecutar delitos antes desconocidos como el asalto a bancos, el sicarismo y el secuestro de personas.
No abogamos por la imposición de la pena de muerte no escrita como antaño con los militares; pero sí aspiramos a que las autoridades sean más enérgicas con el aberrante secuestro de niños y personas en general, que son una lacra social en nuestra vecina Colombia y en Centroamérica. Debemos aplicar una política de cero tolerancia frente a ese delito. Y los defensores de los derechos de los criminales, que no de las víctimas, que se callen.
Como dijo alguien colmado por los extremos a que llega la ola delictiva: todos los ciudadanos debemos erigirnos en padres y vigilantes de todos nuestros niños -de los propios y ajenos-; y ante el asomo o sospecha de cualquier hecho irregular o desacostumbrado, avisar a las autoridades y no olvidar un solo detalle las señas de los involucrados, lugar, hora, placa, etc. La lucha contra este despreciable crimen debe ser constante, integral, radical y total.
En la misma época, tuvo lugar el primer secuestro de personas por una banda integrada por hombres y mujeres nacionales y extranjeros. El temible G-2 se puso en funcionamiento y, en cosa de pocos días, dio con el apartamento de los secuestradores que procuraban el cobro de un rescate. Cuento corto, los agentes de la seguridad del Estado derribaron la puerta e irrumpieron en el apartamento a balazos. Todos los secuestradores fueron muertos. No hubo prisioneros, ni detenidos.
Lo ocurrido hizo que algunos penalistas expusieran que en Panamá existía una pena de muerte no escrita, pero efectiva, para casos de secuestro de aviones y de personas. Cierto o no, la situación fue que los criminales locales captaron el mensaje y nunca más, hasta ahora que reaparece el plagio de personas, volvió a producirse. Fue un buen mentís para quienes piensan que la pena máxima no disuade al crimen.
En la actualidad, tenemos estamentos policiales y de seguridad débiles y poco profesionales, lo que ha sido aprovechado por los delincuentes para ejecutar delitos antes desconocidos como el asalto a bancos, el sicarismo y el secuestro de personas.
No abogamos por la imposición de la pena de muerte no escrita como antaño con los militares; pero sí aspiramos a que las autoridades sean más enérgicas con el aberrante secuestro de niños y personas en general, que son una lacra social en nuestra vecina Colombia y en Centroamérica. Debemos aplicar una política de cero tolerancia frente a ese delito. Y los defensores de los derechos de los criminales, que no de las víctimas, que se callen.
Como dijo alguien colmado por los extremos a que llega la ola delictiva: todos los ciudadanos debemos erigirnos en padres y vigilantes de todos nuestros niños -de los propios y ajenos-; y ante el asomo o sospecha de cualquier hecho irregular o desacostumbrado, avisar a las autoridades y no olvidar un solo detalle las señas de los involucrados, lugar, hora, placa, etc. La lucha contra este despreciable crimen debe ser constante, integral, radical y total.
