Seguimos con el referendum
NOSOTROS nunca fuimos ni siquiera simpatizantes de lo que podía llamarse "la izquierda estaliniana", porque creíamos que su fracaso en Rusia traería el fracaso de los partidos comunistas y de las células comunistas latinoamericanas, situación que políticamente prevalece hoy, sin mucha perspectiva.
Nosotros jamás hemos militado en ningún "ismo" del momento, por su seguro resultado de fracaso. Continuamos como partidarios de lo que verdaderamente favorece a nuestros pueblos.
Los gobiernos panameños últimos continuaron operando en contra de lo favorece a nuestros pueblos explotados por el partidismo neoliberal, que por aquí, y en buen romance significa el saqueo de los fondos públicos.
Por eso se parecen tanto las celebérrimas elecciones periódicas supuestamente democráticas, mas seleccionadoras de las oligarquías que permanecen al frente de la cosa pública, por regla general.
Veamos, en este caso, lo que sucede en nuestros lares. La existencia de una Asamblea mayoritariamente perredista, que debía entregar sus papeles a la recién electa Cámara de la misma filiación perredé, fue la ocasión, como anillo al dedo, para plantear una Reforma Constitucional, tan extensa como favorable a los intereses que la propusieron.
Ningún problema de fondo mereció norma alguna constitucional, para rectificar las situaciones que ya, desde la recepción del Canal por Panamá (2002), comenzaron a levantar sus aires calenturientos.
El inmenso patrimonio canalero que poco antes había sido evaluado en la cantidad de sesenta y cinco mil millones de dólares (la infraestructura que para todos sus fines hacía posible el funcionamiento del Canal, inmuebles, instalaciones, maquinarias, automóviles, etc.) y el Canal mismo fue valorado en nueve mil millones de dólares.
Ese inmenso patrimonio fue dividido en dos partes: los bienes muebles, inmuebles, instalaciones, tierras, etc., fueron colocados bajo la administración de la Autoridad de la Región Interoceánica (la ARI), con el fin primordial de que vendiera edificios, instalaciones y bienes por el estilo, venta sujeta a las famosas licitaciones, mercado libérrimo que duró hasta hace pocos meses, al vencerse el período legal de la ARI.
Allí hubo, como se sabe, de todo, sin mayor plan ni concierto. Y el Canal recibió la suerte de que continuó siendo manejado por Panamá, en la misma forma, mutatis mutandi, que lo había hecho la primera potencia militar del mundo, encargada de pasar los barcos, lo que convenía a sus fuerzas de guerra, como a su industria, que pagaba muy bajos peajes canaleros.
A nadie se le ocurrió que podía cambiarse ese objetivo militar y económico norteamericano. Nadie imaginó seriamente en Panamá, que ese gran maná, que bien habría podido ser la salvación económica de nuestro país, sobre todo el Canal, pero administrado con propósitos de rendimientos y ganancias nacionales para beneficio del país, estaba allí, en espera que iba a llegar a cinco años, al menos desde el punto de vista de la ganancias del pasaje de barcos, para Panamá, con ideas distintas a las de Norteamérica.
Esa reforma constitucional aludida ya por nosotros en esta colaboración, en lo que atañe al Canal, modificó muy especialmente el artículo que hoy es el 325, para otorgarle a la Autoridad del Canal de Panamá, (ACP) la facultad de presentar al Órgano Ejecutivo, y éste a la Asamblea Nacional, el proyecto de la construcción de un tercer juego de esclusas, que estaba anteriormente, y está todavía, sujeto a un referéndum nacional.
Ya la Autoridad del Canal (ACP) tenía fama, desde 2002 en adelante, de estar haciendo del Canal un Republiquita adinerada, mas con independencia práctica del Gobierno Central, lo que le había granjeado cierta fama "autoritaria", sobre todo en materia financiera o económica, aunque esa entidad empezó, entonces, a darse golpes de pecho, con una propaganda fastuosa en su favor, instancia que recibió el tremendo y complejo fin de poner en marcha el plan de nuevas esclusas, con lo cual hacemos hoy punto y aparte.
Nosotros jamás hemos militado en ningún "ismo" del momento, por su seguro resultado de fracaso. Continuamos como partidarios de lo que verdaderamente favorece a nuestros pueblos.
Los gobiernos panameños últimos continuaron operando en contra de lo favorece a nuestros pueblos explotados por el partidismo neoliberal, que por aquí, y en buen romance significa el saqueo de los fondos públicos.
Por eso se parecen tanto las celebérrimas elecciones periódicas supuestamente democráticas, mas seleccionadoras de las oligarquías que permanecen al frente de la cosa pública, por regla general.
Veamos, en este caso, lo que sucede en nuestros lares. La existencia de una Asamblea mayoritariamente perredista, que debía entregar sus papeles a la recién electa Cámara de la misma filiación perredé, fue la ocasión, como anillo al dedo, para plantear una Reforma Constitucional, tan extensa como favorable a los intereses que la propusieron.
Ningún problema de fondo mereció norma alguna constitucional, para rectificar las situaciones que ya, desde la recepción del Canal por Panamá (2002), comenzaron a levantar sus aires calenturientos.
El inmenso patrimonio canalero que poco antes había sido evaluado en la cantidad de sesenta y cinco mil millones de dólares (la infraestructura que para todos sus fines hacía posible el funcionamiento del Canal, inmuebles, instalaciones, maquinarias, automóviles, etc.) y el Canal mismo fue valorado en nueve mil millones de dólares.
Ese inmenso patrimonio fue dividido en dos partes: los bienes muebles, inmuebles, instalaciones, tierras, etc., fueron colocados bajo la administración de la Autoridad de la Región Interoceánica (la ARI), con el fin primordial de que vendiera edificios, instalaciones y bienes por el estilo, venta sujeta a las famosas licitaciones, mercado libérrimo que duró hasta hace pocos meses, al vencerse el período legal de la ARI.
Allí hubo, como se sabe, de todo, sin mayor plan ni concierto. Y el Canal recibió la suerte de que continuó siendo manejado por Panamá, en la misma forma, mutatis mutandi, que lo había hecho la primera potencia militar del mundo, encargada de pasar los barcos, lo que convenía a sus fuerzas de guerra, como a su industria, que pagaba muy bajos peajes canaleros.
A nadie se le ocurrió que podía cambiarse ese objetivo militar y económico norteamericano. Nadie imaginó seriamente en Panamá, que ese gran maná, que bien habría podido ser la salvación económica de nuestro país, sobre todo el Canal, pero administrado con propósitos de rendimientos y ganancias nacionales para beneficio del país, estaba allí, en espera que iba a llegar a cinco años, al menos desde el punto de vista de la ganancias del pasaje de barcos, para Panamá, con ideas distintas a las de Norteamérica.
Esa reforma constitucional aludida ya por nosotros en esta colaboración, en lo que atañe al Canal, modificó muy especialmente el artículo que hoy es el 325, para otorgarle a la Autoridad del Canal de Panamá, (ACP) la facultad de presentar al Órgano Ejecutivo, y éste a la Asamblea Nacional, el proyecto de la construcción de un tercer juego de esclusas, que estaba anteriormente, y está todavía, sujeto a un referéndum nacional.
Ya la Autoridad del Canal (ACP) tenía fama, desde 2002 en adelante, de estar haciendo del Canal un Republiquita adinerada, mas con independencia práctica del Gobierno Central, lo que le había granjeado cierta fama "autoritaria", sobre todo en materia financiera o económica, aunque esa entidad empezó, entonces, a darse golpes de pecho, con una propaganda fastuosa en su favor, instancia que recibió el tremendo y complejo fin de poner en marcha el plan de nuevas esclusas, con lo cual hacemos hoy punto y aparte.
