Seguridad
El ejercicio del derecho por muchos años y las experiencias acumuladas, me permiten formarme una noción en cuestiones sociales, económicas, políticas y otras, que afectan al conglomerado nacional. Estas vivencias me han llevado a pensar que en Panamá, como en todas partes, se dan diversas clases de delincuencia, que me arriesgo a clasificar:
La delincuencia internacional de alto vuelo, que incluye el terrorismo internacional, tráfico de drogas, armas y otros productos, acompañados del lavado de dinero proveniente de tales actividades, que a su vez se apoya en un sinnúmero de servicios, que incluye los pseudo legales, de banca, etc. Los delincuentes dedicados a estas actividades son extremadamente peligrosos, como se aprecia día a día a través de noticias que dan cuenta de ejecuciones cruentas, que causan más que alarma, horror, entre los ciudadanos pacíficos. El poder económico de estas organizaciones es inmenso y tienen la capacidad para penetrar todas las instituciones del Estado, generalmente débiles, por distintas razones, corromperlas y hacer que la persecución del delito resulte inocua.
La delincuencia común, que a su vez tiene distintos grados y especialidades, pudiéndose ya distinguir aquella integrada por los asaltantes de bancos y servicios afines, debidamente organizados y también de gran peligrosidad. Dentro de ella se percibe, igualmente, la de aquellos que se dedican a asaltar hogares, automovilistas que transitan por autopistas, avenidas y calles, a transeúntes de todas las condiciones sociales, etc., muchas veces causando daños graves, que llegan hasta el homicidio.
Sin merma de la importancia extraordinaria que tiene la lucha contra la delincuencia internacional, me parece que la que más angustia a la ciudadanía es aquella que afecta la seguridad de sus hogares, de sus bienes y de sus personas, pues ésta no perdona ni a los débiles e indefensos, ni a los ricos o pobres, pues está en todas partes y contra todos, sin distinciones de edad, sexo, raza, religión o ideas políticas. Todos somos sus víctimas reales o potenciales. Nadie es inmune, ni se salva de ellos.
Parece evidente que para combatir a quienes se dedican a la delincuencia común, no se requieren de Rambos, ni James Bonds, el primero con la fuerza y violencia como instrumentos de lucha, el segundo con sofisticados satélites de vigilancia, espionaje y destrucción y con armas y herramientas de todo tipo, mismas que la tecnología ha hecho que vayan más allá de la más fecunda imaginación.
Para que la gente duerma más tranquila, camine por las calles con un grado aceptable de seguridad, para que no nos asalten en las carreteras y avenidas, no se destruyan los bienes de la comunidad, no se ensucie tanto el rostro de la Patria, se respeten los árboles y fuentes de agua, en fin, para que vivamos en un país civilizado, con una sociedad cívica, lo que se necesita es una policía claramente civil, con suficientes unidades, bien seleccionadas entre tantos jóvenes decentes que hay a lo largo y ancho de nuestro territorio, dotados al menos de educación secundaria, con entrenamiento, con automóviles adecuados y suficientes, con radios y teléfonos celulares, con linternas para alumbrar los rincones oscuros, con motos, con bicicletas, con uniformes decentes, con organización adecuada, con jefes profesionales, de nivel universitario.
Policías que no sólo persigan a balazos a los delincuentes peligrosos, sino que prevengan el delito y corrijan con cortesía, pero con firmeza, a quienes perturben el orden público y abusen de sus derechos en perjuicio de los derechos de los demás.
Por todo esto, es preciso indicar al Ejecutivo que la fuerza extraordinaria que viene empleando para imponer un conjunto de Decretos Leyes encaminados a reestructurar la fuerza pública desde un punto de vista supranacional o supraterritorial, con riesgo de recrear un sistema policial con características que lo pintan como eventualmente represivo, e intrusivo de la vida privada de cada uno, no es lo que el pueblo necesita, ni quiere.
Para la lucha contra las drogas, el tráfico de armas y el terrorismo internacional debemos buscar soluciones en las cuales el enorme costo que ella conlleva sea sustancialmente sufragado por los Estados mayormente afectados por esas actividades, en donde el consumo de drogas, por hablar de éstas, es la principal causa de los graves y amplios efectos nocivos que se extienden por todo el mundo, lo que los hace particularmente responsables de sus consecuencias financieras y políticas.
