¿Seguridad ciudadana en Panamá?
Cuando se habla de la seguridad ciudadana, para comprender en su cabal sentido tal expresión, tenemos que asistirnos de lo que prevé el art. 17 de la Constitución Nacional. Esta norma preceptúa que las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes, a los nacionales, extranjeros, sean éstos transeúntes o residentes.
En algunas ramas del Derecho, como lo son el Derecho de Familia y el Derecho Penal, básicamente, la protección es tal que el Estado panameño reserva para sí la aplicación de sus propias leyes, aun cuando nuestros compatriotas se encuentren en otro país. Esto es lo que se conoce como el principio de la extraterritorialidad. La seguridad ciudadana, tal y como se advierte, no implica tan solamente seguridad para con los connacionales, sino también para todos cuantos nos encontramos en esta nación. Se trata de una seguridad, insistimos, en nuestras vidas (protección a nuestra integridad biosico somática), en nuestros bienes (sea que seamos legítimos titulares o poseedores legales), y a nuestra honra (dignidad, estima, consideración personal y social, recato, honor, etc.).
Últimamente, por parte de algunos voceros autorizados de los principales estamentos de la seguridad social, se ha venido invirtiendo el texto constitucional para predicar que la seguridad "ciudadana" es responsabilidad de todos. Con ello se ha querido trasladar la primaria responsabilidad de la tutela y protección de nuestros bienes y derechos al propio seno social, lo cual denota un abandono de esa responsabilidad por parte de los organismos encargados, por Constitución y por ley, de nuestra seguridad.
Las cosas han ido tomando matices muy serios, tan así que en no pocas ocasiones elementos del orden, miembros de la Fuerza Pública, han desbordado sus funciones para decaer en un síndrome institucionalizado de la violencia. Todos somos conocedores de cómo elementos de la policía, inclusive, han llegado a ser juzgados y condenados por abuso de autoridad, brutalidad en el ejercicio de sus funciones o en la aplicación de ciertas medidas coercitivas. Se ha dado el uso desmesurado de la fuerza. Esto puede entrañar, por parte de la institución del orden y de la seguridad, ausencia de toda orientación o tal vez falta de preparación legal.
Lo anterior obedece al hecho que en la Provincia de Bocas del Toro, básicamente en la isla, recientemente tres jóvenes fueron maltratados, terriblemente golpeados, por agentes del orden sin que existiera una causa suficiente, siquiera para requerir de ellos la identificación personal. También tenemos el caso de otro ciudadano que, a escasos treinta metros de distancia de su residencia, es requerido por un agente del orden sobre qué hacía por esa área y, al tratar de mostrar su identidad, es conducido bajo arresto a la cárcel pública de la isla. Sin lugar a dudas que estos abusos no deben cometerse. Los procedimientos policiales deben respetarse.
Las autoridades del orden deben, para ser sujeto de respeto y admiración, brindar igualmente respeto a ciudadanos y a extranjeros. No pueden dejarse guiar por las apariencias, esto es, la vestimenta o el color de la persona para proceder a la adopción de medidas coactivas que rayan con la brutalidad, y menos en un país que cada día más sucumbe entre la miseria y la pobreza.
Todos los miembros del orden público, los organismos de investigación, los funcionarios de instrucción, personeros y fiscales, deben partir de una base ontológica esencial: la dignidad humana, reconocida así por una cantidad enorme de convenios y tratados que ha suscrito nuestra República.
Si no hay respeto a esa dignidad, al ser persona, cada día el Estado panameño será menos funcional. Cada día habrá menos autoridad, menos respeto a los derechos y libertades de los hombres.
En consecuencia, se impone que la seguridad de todos cuantos poblamos esta Patria empiece por el respeto de un principio clave: el hombre es un ser digno, en consecuencia, pese a la más gravosa imputación o cargo que se le formule, merece el tratamiento como tal.
La Biblia dice que Dios nos hizo un tanto inferiores a los ángeles y sobre la base de la igualdad entre todos los hombres, las autoridades de Policía, de la Fuerza Pública, solamente tienen que hacer una cosa: respetar la Constitución y la ley. No a la violencia institucionalizada ni a ninguna otra forma en que ella pueda expresarse.
"La utilización de la vía como un corredor agrícola estará mitigado por las garitas guardaparques (2) y topes de altura máxima para los camiones superiores a 10 toneladas". El estudio enumera beneficios socioeconómicos en materia de turismo, producción, comercio, transporte, fiscales, empleo, integración, ambiental, investigación científica y mejor calidad de vida.
Registra también ahorro en "los costos de mantenimiento y combustible por los viajes a través del camino por un monto de B/. 1.25 millones anuales por el flujo vehicular que se calcula entre las dos poblaciones. Los 107 kilómetros que se recorren en la actualidad se reducirían a 15.5 kilómetros, "que en valor monetario correspondería a B/. 250 mil anuales, según métodos internacionalmente aceptados".
Sin embargo, los detractores de esa propuesta tienen un argumento que dista mucho del anterior. Sergio Gómez, investigador del Centro de Recursos Bióticos de la Universidad de Panamá y presidente de Eco Panamá, se remontó a la época de Omar Torrijos, cuando dijo, surgieron voces que se opusieron a un camino y para detener la iniciativa se invitó al propio general a recorrer la trocha y "él decide no hacerlo".
Con el gobierno de Guillermo Endara se vivió una situación igual, pero, a pesar de que ya se había llevado maquinaria al área, "las obra se detuvo". Por otro lado, como abogado, Gómez sostuvo que la manera apresurada en que el Consejo de Gabinete dictó la resolución No.10 viola claros preceptos legales como la Ley 41 General de Ambiente y el Decreto No. 59 de 2000 que establece que para obras de ese tipo debe hacerse un EIA.
"ANAM ha detenido la simple construcción de casas por la falta de dicho estudio, sin embargo, a esta obra se le denominó de urgencia notoria sin el EIA que debería ser previo a la realización de la vía", explicó.
Al respecto del EIA, el director del MOP dijo a El Panamá América que "el estudio ya lo está haciendo CUSA (la empresa constructora)". Gómez aseguró que el proyecto carretero está programado para pasar por el centro del Río Caldera, significando "su destrucción total".
Por su parte, Abdiel xxxx, biólogo explicó que los impactos ambientales deben ser evaluados desde varios ángulos y en este caso se han exceptuado los aspectos de biodiversidad y ecosistemas, "simplemente se han dejado por fuera".
Ambos investigadores coincidieron en que el camino ecológico eliminaría el hábitat del quetzal puesto que esta ave anida en árboles muertos con madera muy suave por la contextura de su pico. "Allí especies de flora y fauna que no se pueden reproducir en otro sitio".
"La experiencia es que donde se desarrollan carreteras el hombre va impactando sensitivamente", añadió Gómez. Son estas razones suficientes para defender la "Alternativa Sur", aseguró su presidente, Edidio Bonilla, sobre todo porque se beneficiarían directamente 12 comunidades productivas de cinco distritos.
Porfirio Villarreal, quien fue alcalde del distrito de Bugaba en 1970, mostró su rechazo rotundo al camino ecológico a través del Sendero de Los Quetzales. Durante su periodo fue testigo del sentir popular en contra de una construcción de este tipo. "Se atentaría contra una valiosa fuente hidrográfica de Chiriquí y sobre todo contra una zona de gran potencial turístico", manifestó.
Las palabras de Villarreal fueron respaldadas de inmediato por Ezequiel Miranda, un morador opuesto a la carretera. "Qué pasará en unos años si toda la vegetación y la vida misma de este lugar se destruye", cuestionó.
"No nos oponemos a una carretera, sino a una que atraviese el sendero. Es por eso que sugerimos la Alternativa Sur", aclaró. El debate está ahora en su punto máximo. De ambos lados la lucha acalorada parece ser ahora personal; los del sí contra los del no.
En algunas ramas del Derecho, como lo son el Derecho de Familia y el Derecho Penal, básicamente, la protección es tal que el Estado panameño reserva para sí la aplicación de sus propias leyes, aun cuando nuestros compatriotas se encuentren en otro país. Esto es lo que se conoce como el principio de la extraterritorialidad. La seguridad ciudadana, tal y como se advierte, no implica tan solamente seguridad para con los connacionales, sino también para todos cuantos nos encontramos en esta nación. Se trata de una seguridad, insistimos, en nuestras vidas (protección a nuestra integridad biosico somática), en nuestros bienes (sea que seamos legítimos titulares o poseedores legales), y a nuestra honra (dignidad, estima, consideración personal y social, recato, honor, etc.).
Últimamente, por parte de algunos voceros autorizados de los principales estamentos de la seguridad social, se ha venido invirtiendo el texto constitucional para predicar que la seguridad "ciudadana" es responsabilidad de todos. Con ello se ha querido trasladar la primaria responsabilidad de la tutela y protección de nuestros bienes y derechos al propio seno social, lo cual denota un abandono de esa responsabilidad por parte de los organismos encargados, por Constitución y por ley, de nuestra seguridad.
Las cosas han ido tomando matices muy serios, tan así que en no pocas ocasiones elementos del orden, miembros de la Fuerza Pública, han desbordado sus funciones para decaer en un síndrome institucionalizado de la violencia. Todos somos conocedores de cómo elementos de la policía, inclusive, han llegado a ser juzgados y condenados por abuso de autoridad, brutalidad en el ejercicio de sus funciones o en la aplicación de ciertas medidas coercitivas. Se ha dado el uso desmesurado de la fuerza. Esto puede entrañar, por parte de la institución del orden y de la seguridad, ausencia de toda orientación o tal vez falta de preparación legal.
Lo anterior obedece al hecho que en la Provincia de Bocas del Toro, básicamente en la isla, recientemente tres jóvenes fueron maltratados, terriblemente golpeados, por agentes del orden sin que existiera una causa suficiente, siquiera para requerir de ellos la identificación personal. También tenemos el caso de otro ciudadano que, a escasos treinta metros de distancia de su residencia, es requerido por un agente del orden sobre qué hacía por esa área y, al tratar de mostrar su identidad, es conducido bajo arresto a la cárcel pública de la isla. Sin lugar a dudas que estos abusos no deben cometerse. Los procedimientos policiales deben respetarse.
Las autoridades del orden deben, para ser sujeto de respeto y admiración, brindar igualmente respeto a ciudadanos y a extranjeros. No pueden dejarse guiar por las apariencias, esto es, la vestimenta o el color de la persona para proceder a la adopción de medidas coactivas que rayan con la brutalidad, y menos en un país que cada día más sucumbe entre la miseria y la pobreza.
Todos los miembros del orden público, los organismos de investigación, los funcionarios de instrucción, personeros y fiscales, deben partir de una base ontológica esencial: la dignidad humana, reconocida así por una cantidad enorme de convenios y tratados que ha suscrito nuestra República.
Si no hay respeto a esa dignidad, al ser persona, cada día el Estado panameño será menos funcional. Cada día habrá menos autoridad, menos respeto a los derechos y libertades de los hombres.
En consecuencia, se impone que la seguridad de todos cuantos poblamos esta Patria empiece por el respeto de un principio clave: el hombre es un ser digno, en consecuencia, pese a la más gravosa imputación o cargo que se le formule, merece el tratamiento como tal.
La Biblia dice que Dios nos hizo un tanto inferiores a los ángeles y sobre la base de la igualdad entre todos los hombres, las autoridades de Policía, de la Fuerza Pública, solamente tienen que hacer una cosa: respetar la Constitución y la ley. No a la violencia institucionalizada ni a ninguna otra forma en que ella pueda expresarse.
"La utilización de la vía como un corredor agrícola estará mitigado por las garitas guardaparques (2) y topes de altura máxima para los camiones superiores a 10 toneladas". El estudio enumera beneficios socioeconómicos en materia de turismo, producción, comercio, transporte, fiscales, empleo, integración, ambiental, investigación científica y mejor calidad de vida.
Registra también ahorro en "los costos de mantenimiento y combustible por los viajes a través del camino por un monto de B/. 1.25 millones anuales por el flujo vehicular que se calcula entre las dos poblaciones. Los 107 kilómetros que se recorren en la actualidad se reducirían a 15.5 kilómetros, "que en valor monetario correspondería a B/. 250 mil anuales, según métodos internacionalmente aceptados".
Sin embargo, los detractores de esa propuesta tienen un argumento que dista mucho del anterior. Sergio Gómez, investigador del Centro de Recursos Bióticos de la Universidad de Panamá y presidente de Eco Panamá, se remontó a la época de Omar Torrijos, cuando dijo, surgieron voces que se opusieron a un camino y para detener la iniciativa se invitó al propio general a recorrer la trocha y "él decide no hacerlo".
Con el gobierno de Guillermo Endara se vivió una situación igual, pero, a pesar de que ya se había llevado maquinaria al área, "las obra se detuvo". Por otro lado, como abogado, Gómez sostuvo que la manera apresurada en que el Consejo de Gabinete dictó la resolución No.10 viola claros preceptos legales como la Ley 41 General de Ambiente y el Decreto No. 59 de 2000 que establece que para obras de ese tipo debe hacerse un EIA.
"ANAM ha detenido la simple construcción de casas por la falta de dicho estudio, sin embargo, a esta obra se le denominó de urgencia notoria sin el EIA que debería ser previo a la realización de la vía", explicó.
Al respecto del EIA, el director del MOP dijo a El Panamá América que "el estudio ya lo está haciendo CUSA (la empresa constructora)". Gómez aseguró que el proyecto carretero está programado para pasar por el centro del Río Caldera, significando "su destrucción total".
Por su parte, Abdiel xxxx, biólogo explicó que los impactos ambientales deben ser evaluados desde varios ángulos y en este caso se han exceptuado los aspectos de biodiversidad y ecosistemas, "simplemente se han dejado por fuera".
Ambos investigadores coincidieron en que el camino ecológico eliminaría el hábitat del quetzal puesto que esta ave anida en árboles muertos con madera muy suave por la contextura de su pico. "Allí especies de flora y fauna que no se pueden reproducir en otro sitio".
"La experiencia es que donde se desarrollan carreteras el hombre va impactando sensitivamente", añadió Gómez. Son estas razones suficientes para defender la "Alternativa Sur", aseguró su presidente, Edidio Bonilla, sobre todo porque se beneficiarían directamente 12 comunidades productivas de cinco distritos.
Porfirio Villarreal, quien fue alcalde del distrito de Bugaba en 1970, mostró su rechazo rotundo al camino ecológico a través del Sendero de Los Quetzales. Durante su periodo fue testigo del sentir popular en contra de una construcción de este tipo. "Se atentaría contra una valiosa fuente hidrográfica de Chiriquí y sobre todo contra una zona de gran potencial turístico", manifestó.
Las palabras de Villarreal fueron respaldadas de inmediato por Ezequiel Miranda, un morador opuesto a la carretera. "Qué pasará en unos años si toda la vegetación y la vida misma de este lugar se destruye", cuestionó.
"No nos oponemos a una carretera, sino a una que atraviese el sendero. Es por eso que sugerimos la Alternativa Sur", aclaró. El debate está ahora en su punto máximo. De ambos lados la lucha acalorada parece ser ahora personal; los del sí contra los del no.
