Seguridad con participación
Frente al incremento del crimen y la violencia, Panamá al igual que los otros países centroamericanos, "no han podido dar una respuesta, efectiva, eficaz y satisfactoria. Esto es, consecuentemente, lo que hace que haya aumentado la preocupación de los habitantes, hasta convertir a la seguridad ciudadana en su problema principal" (Astorga y Hernández). Las autoridades no han sabido o no han querido sumar a la sociedad civil en aportar y participar en un tema que afecta a todos.
El Estado Neoliberal adelgazado, atrapados en la estrechez impuesta por los escasos recursos económicos con los que cuenta y atenazado por la ausencia de voluntad política, le es difícil aportar soluciones integrales gravitando sólo en acciones puntuales, esporádicas con enfoques parciales sobre el problema donde priva la represión, incluso, muchas veces violatorias de los derechos humanos de la población por sobre todas las cosas, sin lograr ni siquiera del aumento de la vigilancia privada y algunos ya claman por el regreso de los militares para poner el orden.
"No existe en el país una política estatal definida en materia de seguridad ciudadana" (Rico) ni se ha formulado ninguna. "No existe un plan maestro para modernizar el sistema penitenciario", según afirma el Informe de la Comisión Presidencial del Sistema Penitenciario Nacional. Panamá, abril 1998. La crisis de la seguridad ciudadana se hace patente y es muy evidente en el sistema penitenciario.
Por su lado, las iniciativas civiles se sostienen en un débil capital social, son pocas y están desarticuladas, y el aporte de la sociedad civil no es requerido ni tomado en cuanta, pues no se formulan conceptos integrales que la incluirán activamente.
Una idea a desarrollar podría ser la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. La descentralización es un proceso político, con el cual se pretende recomponer las solidaridades territoriales y reestructurar lo social, es decir refuncionalizar las partes del aparato de bienestar del Estado, en niveles más disgregados (región, departamento, municipio) de modo tal que se logre un reparto territorial de responsabilidades, así como el adelgazamiento y optimización de los cuerpos técnicos burocráticos. Supone la asunción de parte de la región o el municipio, según el caso, de la construcción de "lo local", por supuesto, sin dejar de atender los lineamientos del aparato del Estado. En base a este principio e inspirándose en la experiencia peruana, se crearía a través de una ley marco un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, organismo colectivo del más alto nivel que tendría como máxima autoridad al Presidente de la República o quien lo represente. Integrarían el sistema, el Procurador de la Nación, los Ministros de Gobierno, Educación, Salud, de la Juventud, Mujer, representante de la Asamblea Nacional, Presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, un representante de los medios de comunicación social, representaciones de ONG, que trabajan temas relacionados con seguridad ciudadana.
Este organismos tendría como objetivo elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Acción Integral de Seguridad Ciudadana, ejecutando a nivel local con participación de las organizaciones civiles y de ciudadanos, con el fin de lograr el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana, la protección y el bienestar social, así como establecer y promover los mecanismos de participación de las instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad civil en la prevención y erradicación de la violencia cotidiana, entre otros.
La base fundamental estaría en la creación de Comisiones Municipales de Seguridad Ciudadana, como órganos multisectoriales en cada distrito, presididas por cada Alcalde e integradas por el jefe local de la Policía Nacional, representantes del sistema educativo y salud, iglesias, representantes de la Cámara de Comercio local, representantes de la organizaciones vecinales y ONG. En cada corregimiento se establecerían a través de la Junta Comunal su correspondiente Comisión Local de Seguridad Ciudadana, reproduciendo la estructura a través del Representante de Corregimiento, Junta Comunal y juntas locales, corregidor y policía, iglesias, organizaciones vecinales, sistema educativo y otros. La Policía Nacional deberá ser dotada de un mejor apoyo logístico, modernización, profesionalización y respeto a los derechos humanos, para cuyo efecto los municipios con la colaboración y coordinación del gobierno central, la dotarán de los elementos necesarios en su sector. Por tanto, debe reestructurarse la Policía nacional con la coordinación de las entidades civiles gubernamentales y no gubernamentales.
Medios a utilizar serían los Semilleros de Convivencia, es decir,organismos que ayudarían a resolver los conflictos familiares, la violencia doméstica, el pandillerismo, aplicando la resolución pacífica de conflictos y mecanismos que aseguren la convivencia pacífica. De otro lado, se implementaría el Servicio Social Estudiantil articulado con las comisiones en tareas preventiva de rehabilitación social.
Como parte del sistema se establecería un organismo independiente formado por la sociedad civil, facultades de derecho, asociaciones de jueces y abogados, que permita ubicar a los jueces en base a méritos sin influencia partidista o de intereses particulares, ubicando criterios para su selección democrática, como lo propone el Colegio Nacional de Abogados y el Centro de Asesoría Legal Popular (CEALP) a partir de los acuerdos de un Foro Centroamericano.
El Estado Neoliberal adelgazado, atrapados en la estrechez impuesta por los escasos recursos económicos con los que cuenta y atenazado por la ausencia de voluntad política, le es difícil aportar soluciones integrales gravitando sólo en acciones puntuales, esporádicas con enfoques parciales sobre el problema donde priva la represión, incluso, muchas veces violatorias de los derechos humanos de la población por sobre todas las cosas, sin lograr ni siquiera del aumento de la vigilancia privada y algunos ya claman por el regreso de los militares para poner el orden.
"No existe en el país una política estatal definida en materia de seguridad ciudadana" (Rico) ni se ha formulado ninguna. "No existe un plan maestro para modernizar el sistema penitenciario", según afirma el Informe de la Comisión Presidencial del Sistema Penitenciario Nacional. Panamá, abril 1998. La crisis de la seguridad ciudadana se hace patente y es muy evidente en el sistema penitenciario.
Por su lado, las iniciativas civiles se sostienen en un débil capital social, son pocas y están desarticuladas, y el aporte de la sociedad civil no es requerido ni tomado en cuanta, pues no se formulan conceptos integrales que la incluirán activamente.
Una idea a desarrollar podría ser la creación de un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana. La descentralización es un proceso político, con el cual se pretende recomponer las solidaridades territoriales y reestructurar lo social, es decir refuncionalizar las partes del aparato de bienestar del Estado, en niveles más disgregados (región, departamento, municipio) de modo tal que se logre un reparto territorial de responsabilidades, así como el adelgazamiento y optimización de los cuerpos técnicos burocráticos. Supone la asunción de parte de la región o el municipio, según el caso, de la construcción de "lo local", por supuesto, sin dejar de atender los lineamientos del aparato del Estado. En base a este principio e inspirándose en la experiencia peruana, se crearía a través de una ley marco un Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, organismo colectivo del más alto nivel que tendría como máxima autoridad al Presidente de la República o quien lo represente. Integrarían el sistema, el Procurador de la Nación, los Ministros de Gobierno, Educación, Salud, de la Juventud, Mujer, representante de la Asamblea Nacional, Presidente de la Asociación de Municipios de Panamá, un representante de los medios de comunicación social, representaciones de ONG, que trabajan temas relacionados con seguridad ciudadana.
Este organismos tendría como objetivo elaborar y ejecutar un Plan Nacional de Acción Integral de Seguridad Ciudadana, ejecutando a nivel local con participación de las organizaciones civiles y de ciudadanos, con el fin de lograr el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de la persona humana, la protección y el bienestar social, así como establecer y promover los mecanismos de participación de las instituciones públicas y privadas, así como de la sociedad civil en la prevención y erradicación de la violencia cotidiana, entre otros.
La base fundamental estaría en la creación de Comisiones Municipales de Seguridad Ciudadana, como órganos multisectoriales en cada distrito, presididas por cada Alcalde e integradas por el jefe local de la Policía Nacional, representantes del sistema educativo y salud, iglesias, representantes de la Cámara de Comercio local, representantes de la organizaciones vecinales y ONG. En cada corregimiento se establecerían a través de la Junta Comunal su correspondiente Comisión Local de Seguridad Ciudadana, reproduciendo la estructura a través del Representante de Corregimiento, Junta Comunal y juntas locales, corregidor y policía, iglesias, organizaciones vecinales, sistema educativo y otros. La Policía Nacional deberá ser dotada de un mejor apoyo logístico, modernización, profesionalización y respeto a los derechos humanos, para cuyo efecto los municipios con la colaboración y coordinación del gobierno central, la dotarán de los elementos necesarios en su sector. Por tanto, debe reestructurarse la Policía nacional con la coordinación de las entidades civiles gubernamentales y no gubernamentales.
Medios a utilizar serían los Semilleros de Convivencia, es decir,organismos que ayudarían a resolver los conflictos familiares, la violencia doméstica, el pandillerismo, aplicando la resolución pacífica de conflictos y mecanismos que aseguren la convivencia pacífica. De otro lado, se implementaría el Servicio Social Estudiantil articulado con las comisiones en tareas preventiva de rehabilitación social.
Como parte del sistema se establecería un organismo independiente formado por la sociedad civil, facultades de derecho, asociaciones de jueces y abogados, que permita ubicar a los jueces en base a méritos sin influencia partidista o de intereses particulares, ubicando criterios para su selección democrática, como lo propone el Colegio Nacional de Abogados y el Centro de Asesoría Legal Popular (CEALP) a partir de los acuerdos de un Foro Centroamericano.
