Seguridad jurídica e inversiones

Partamos del reconocimiento de que el Estado panameño, por su propia iniciativa, convocó sendas licitaciones internacionales para transferir la propiedad mayoritaria de empresas de servicios básicos que no satisfacían los requerimientos de los usuarios, o por lo menos tal fue el propósito subyacente de la privatización. Con esa garantía acudieron a la licitación diversas empresas extranjeras especializadas que, luego de estudiar las bases y de someterse a sus exigencias técnicas y financieras, participaron en la competencia, hasta que se definió cuáles eran las empresas ganadoras. Luego se discutieron los contratos, en los que los representantes del gobierno y de las empresas privadas foráneas establecieron sus compromisos de inversión financiera y tecnológica y sus responsabilidades ante los usuarios. Allí debieron discutirse, negociarse, y aceptarse / rechazarse las cláusulas en las que se fijaron cuantías y plazos de inversión para ampliar y modernizar los servicios, los costos de tarifas, la metodología de la supervisión estatal a través del Ente Regulador, y todos y cada uno de los aspectos contractuales libremente consentidos y pactados.
Después de la firma de los contratos, la opción de las autoridades correspondientes es cumplirlos a cabalidad, porque el respeto a los contratos suscritos a nombre de la Nación, y no a nombre de funcionarios transitorios, es la garantía que ofrecemos a quienes invitamos a que inviertan en este país, fiados en el estado de derecho y en la seguridad jurídica de la república de Panamá. En esa perspectiva, es improcedente adjudicar culpas individuales a quien firmó el contrato, repetimos, no a nombre propio sino de la nación, ni mucho menos que los involucrados reaccionen, proponiendo un inaudito retroceso de la privatización a la nacionalización.
Antes que enzarzarse en intercambios verbales intrascendentes, gobierno y oposición deben recuperar la seriedad y hacer lo que sí es pertinente, vale decir concretar su participación accionaria en las empresas privatizadas, en la supervisión de las obligaciones de inversión y expansión de los servicios y asegurar que las modificaciones tarifarias, por ejemplo, se ciñan a las cláusulas correspondientes de los contratos.
No es edificante asustarse por protestas callejeras: a nadie le gusta que le suban el precio del servicio que recibe y es comprensible la exteriorización del descontento. La misión de gobiernos como el nuestro es facilitar la inversión privada para que los usuarios tengan trabajo e ingresos suficientes para atender el costo de la modernidad. Pero pocos van a arriesgarse a invertir si los compromisos contractuales están expuestos a cambios por bochinchitos políticos.