Seguridad jurídica en la economía
La seguridad jurídica es uno de los fundamentos para el adecuado funcionamiento de una economía de mercado. La estabilidad en las “reglas de juego” permite a los agentes económicos tener una mayor predicción sobre el entorno en el que deben desarrollar sus actividades.
De esta forma, contribuye a reducir el riesgo de sus inversiones y, por tanto, promueve la inversión privada, la generación de empleo y el crecimiento económico. La falta de seguridad jurídica incrementa la incertidumbre respecto al ambiente en el que operan las empresas y, por tanto, eleva a rentabilidad que los inversionistas demandan para ejecutar proyectos de inversión.
Frente a la posibilidad de un cambio en las “reglas de juego”, éstos exigen mejores condiciones para cubrir las eventuales pérdidas de ingresos que se pueden originar por estas modificaciones en el marco jurídico-institucional. Es por esta razón que las economías que gozan de un mayor nivel de seguridad jurídica son, asumiendo otros factores constantes, más atractivas para la inversión privada.
Los principales elementos que configuran el grado de seguridad jurídica de un país son la estabilidad del marco jurídico-institucional y el nivel de respeto por las leyes y los contratos.
La posibilidad de que se introduzcan modificaciones sustanciales al régimen legal luego de efectuadas las inversiones, incluyendo modificaciones a los derechos de propiedad básicos, o de que las personas con quienes se contrata incumplan posteriormente las obligaciones que asumen, sin responsabilidad económica alguna, o de que en el país se violen continuamente las leyes, son algunos ejemplos de ausencia de seguridad jurídica. Igualmente, la existencia de marcos regulatorios imprecisos, en los que no se definen claramente los derechos de los sujetos regulados, deja abierta la posibilidad de arbitrariedades futuras y, en este sentido, atenta contra la predecibilidad del marco jurídico.
Asimismo, la presunta intromisión del poder político o económica en los fallos judiciales atenta también contra lo predecible de los derechos económicos que se procuran garantizar a través de los contratos y de las leyes.
La falta de una adecuada preparación de los juzgadores, además, dificulta la evaluación adecuada de los derechos en cuestión y puede llevar a los jueces a adoptar criterios arbitrarios en sus resoluciones. En una economía internacional creciente integrada, la seguridad jurídica adquiere mayor relevancia aún, constituyéndose en uno de los factores que mayor incidencia tienen en la definición de un marco atractivo para la inversión extranjera.
La inestabilidad en las “reglas de juego” es especialmente perjudicial para los inversionistas extranjeros, menos familiarizados con las costumbres y códigos de conducta en base a los cuales se desarrollan los negocios en el país donde invierten, y quienes por lo tanto se encuentran en menor capacidad para evaluar adecuadamente estos riesgos.
Por ello, para evitar los efectos nocivos de la inseguridad jurídica, muchos países en desarrollo ofrecen a los inversionistas convenios de estabilidad jurídica en los que se estabilizan algunas de las características del marco legal en el momento en el que se realizan las inversiones. Sin embargo, como en el caso de los seguros de riesgo político, la cobertura de estos convenios es también incompleta.
En suma, lo que se requiere para garantizar la sostenibilidad de las reformas es la voluntad política del gobierno que las introduce, para profundizar su contenido y eliminar de esta forma las trabas para un funcionamiento más ágil de los mercados.
Es necesario, igualmente, que el Estado vele cuidadosamente porque los beneficios de las nuevas “reglas de juego” se filtren hacia la mayoría de la población. Si el gobierno es capaz de lograr que estos cambios ocurran en un ambiente transparente y, en el que la población percibe claramente que las reformas no están dirigidas a beneficiar a determinados grupos en particular, se habrá dado un gran paso para garantizar que, al menos en el mediano plazo, las reglas básicas de la economía de mercado serán respetadas.
De esta forma, contribuye a reducir el riesgo de sus inversiones y, por tanto, promueve la inversión privada, la generación de empleo y el crecimiento económico. La falta de seguridad jurídica incrementa la incertidumbre respecto al ambiente en el que operan las empresas y, por tanto, eleva a rentabilidad que los inversionistas demandan para ejecutar proyectos de inversión.
Frente a la posibilidad de un cambio en las “reglas de juego”, éstos exigen mejores condiciones para cubrir las eventuales pérdidas de ingresos que se pueden originar por estas modificaciones en el marco jurídico-institucional. Es por esta razón que las economías que gozan de un mayor nivel de seguridad jurídica son, asumiendo otros factores constantes, más atractivas para la inversión privada.
Los principales elementos que configuran el grado de seguridad jurídica de un país son la estabilidad del marco jurídico-institucional y el nivel de respeto por las leyes y los contratos.
La posibilidad de que se introduzcan modificaciones sustanciales al régimen legal luego de efectuadas las inversiones, incluyendo modificaciones a los derechos de propiedad básicos, o de que las personas con quienes se contrata incumplan posteriormente las obligaciones que asumen, sin responsabilidad económica alguna, o de que en el país se violen continuamente las leyes, son algunos ejemplos de ausencia de seguridad jurídica. Igualmente, la existencia de marcos regulatorios imprecisos, en los que no se definen claramente los derechos de los sujetos regulados, deja abierta la posibilidad de arbitrariedades futuras y, en este sentido, atenta contra la predecibilidad del marco jurídico.
Asimismo, la presunta intromisión del poder político o económica en los fallos judiciales atenta también contra lo predecible de los derechos económicos que se procuran garantizar a través de los contratos y de las leyes.
La falta de una adecuada preparación de los juzgadores, además, dificulta la evaluación adecuada de los derechos en cuestión y puede llevar a los jueces a adoptar criterios arbitrarios en sus resoluciones. En una economía internacional creciente integrada, la seguridad jurídica adquiere mayor relevancia aún, constituyéndose en uno de los factores que mayor incidencia tienen en la definición de un marco atractivo para la inversión extranjera.
La inestabilidad en las “reglas de juego” es especialmente perjudicial para los inversionistas extranjeros, menos familiarizados con las costumbres y códigos de conducta en base a los cuales se desarrollan los negocios en el país donde invierten, y quienes por lo tanto se encuentran en menor capacidad para evaluar adecuadamente estos riesgos.
Por ello, para evitar los efectos nocivos de la inseguridad jurídica, muchos países en desarrollo ofrecen a los inversionistas convenios de estabilidad jurídica en los que se estabilizan algunas de las características del marco legal en el momento en el que se realizan las inversiones. Sin embargo, como en el caso de los seguros de riesgo político, la cobertura de estos convenios es también incompleta.
En suma, lo que se requiere para garantizar la sostenibilidad de las reformas es la voluntad política del gobierno que las introduce, para profundizar su contenido y eliminar de esta forma las trabas para un funcionamiento más ágil de los mercados.
Es necesario, igualmente, que el Estado vele cuidadosamente porque los beneficios de las nuevas “reglas de juego” se filtren hacia la mayoría de la población. Si el gobierno es capaz de lograr que estos cambios ocurran en un ambiente transparente y, en el que la población percibe claramente que las reformas no están dirigidas a beneficiar a determinados grupos en particular, se habrá dado un gran paso para garantizar que, al menos en el mediano plazo, las reglas básicas de la economía de mercado serán respetadas.
