Seguridad social
La situación financiera por la cual atraviesa la Caja de Seguro Social desde hace varios años explica por qué los problemas en materia de seguridad social queden circunscritos a la Caja. Nuestro sistema de Seguridad Social, pese a que a menudo ha sido calificado como evolucionado, adolece de serias deficiencias; su desarrollo en el tiempo, al margen del plan coherente de acción y en función de iniciativas de grupos, le ha dado la característica de un régimen discriminatorio para obreros y empleados, que no se extiende a toda la población, y cuyos mecanismos y financiamiento no le permiten una efectiva solidaridad nacional a través de la redistribución del ingreso.
Los principales defectos del sistema son: la regresividad, que se manifiesta a través de una distinta protección ante una misma contingencia, mediante un incentivo a la evasión de imposiciones, y en el otorgamiento de beneficios diferentes frente a aportes idénticos y necesidades similares; los efectos negativos sobre el empleo; la insuficiencia de financiamiento y sus consiguientes efectos sobre el gasto fiscal; y finalmente, las deficiencias en la administración del esquema, debido especialmente a la inorganicidad y multiplicidad de las disposiciones legales que rigen la concesión de beneficios. A pesar de los reiterados intentos de corregir incongruencias del sistema, subsisten graves discriminaciones en el trato que se le da a diferentes grupos, lo que hace necesario proceder a la reforma del sistema.
Los objetivos generales deben ser los de proteger a la población frente a las siguientes contingencias básicas: salud, vejez, orfandad y viudez, a lo cual debe agregársele desempleo y compensación de ingresos por dependientes a cargo de los sectores de más bajos ingresos y dicha protección deben ser similares ante similares estratos de necesidad de los beneficiarios.
Los objetivos específicos deben ser: (a) alcanzar el principio de universalidad; es decir, proteger a toda la población que presente los estados de necesidad básicos que cubre el sistema y no opte por otras formas mejores para enfrentar dichos estados; (b) alcanzar el principio de uniformidad; es decir, otorgar beneficios similares, con requisitos iguales, frente a similares estados de necesidad.
Cuando un tipo especial de necesidad cubierta por el sistema, sea atribuible a riesgos propios de ciertos tipos de actividad, será de cargo de dichas actividades el financiamiento adicional que se requiera; (c) Que el sistema se financie con recursos generales de la nación, provenientes del sistema tributario del país; (d) Cumplir con el requisito de la suficiencia e integralidad, lo que implica dar prestaciones de un valor que tiendan a asegurar la manutención del nivel de vida de los beneficiarios, cubriendo no sólo el hecho causante del beneficio, sino también sus consecuencias que afecten la actividad laboral del individuo y su capacidad normal para generar ingresos. Por encima del límite de suficiencia, será de responsabilidad del usuario el obtener, si así lo desea, pagos y prestaciones adicionales, los que deberá financiar con sus propios recursos; (e) El sistema garantizará la protección de la población frente a los estados de necesidad básicos que se cubren, pero permitirá al usuario la elección de las instituciones que prestarán dichos servicios o le administrarán el pago de los beneficios.
Los principales defectos del sistema son: la regresividad, que se manifiesta a través de una distinta protección ante una misma contingencia, mediante un incentivo a la evasión de imposiciones, y en el otorgamiento de beneficios diferentes frente a aportes idénticos y necesidades similares; los efectos negativos sobre el empleo; la insuficiencia de financiamiento y sus consiguientes efectos sobre el gasto fiscal; y finalmente, las deficiencias en la administración del esquema, debido especialmente a la inorganicidad y multiplicidad de las disposiciones legales que rigen la concesión de beneficios. A pesar de los reiterados intentos de corregir incongruencias del sistema, subsisten graves discriminaciones en el trato que se le da a diferentes grupos, lo que hace necesario proceder a la reforma del sistema.
Los objetivos generales deben ser los de proteger a la población frente a las siguientes contingencias básicas: salud, vejez, orfandad y viudez, a lo cual debe agregársele desempleo y compensación de ingresos por dependientes a cargo de los sectores de más bajos ingresos y dicha protección deben ser similares ante similares estratos de necesidad de los beneficiarios.
Los objetivos específicos deben ser: (a) alcanzar el principio de universalidad; es decir, proteger a toda la población que presente los estados de necesidad básicos que cubre el sistema y no opte por otras formas mejores para enfrentar dichos estados; (b) alcanzar el principio de uniformidad; es decir, otorgar beneficios similares, con requisitos iguales, frente a similares estados de necesidad.
Cuando un tipo especial de necesidad cubierta por el sistema, sea atribuible a riesgos propios de ciertos tipos de actividad, será de cargo de dichas actividades el financiamiento adicional que se requiera; (c) Que el sistema se financie con recursos generales de la nación, provenientes del sistema tributario del país; (d) Cumplir con el requisito de la suficiencia e integralidad, lo que implica dar prestaciones de un valor que tiendan a asegurar la manutención del nivel de vida de los beneficiarios, cubriendo no sólo el hecho causante del beneficio, sino también sus consecuencias que afecten la actividad laboral del individuo y su capacidad normal para generar ingresos. Por encima del límite de suficiencia, será de responsabilidad del usuario el obtener, si así lo desea, pagos y prestaciones adicionales, los que deberá financiar con sus propios recursos; (e) El sistema garantizará la protección de la población frente a los estados de necesidad básicos que se cubren, pero permitirá al usuario la elección de las instituciones que prestarán dichos servicios o le administrarán el pago de los beneficios.
