Seguridad Social: Cambiar el diálogo por la confrontación
Los sectores populares aliados de la administración de la Caja de Seguro Social (CSS) dejaron pasar la oportunidad de ser parte de la solución de la crítica situación por la que atraviesa esa institución y decidieron convertirse en parte del problema. Antes de que se convocara a la última sesión plenaria, los representantes del Consejo Nacional de los Trabajadores Organizados (CONATO) y del Movimiento Nacional Pro Defensa de la Soberanía (MONADESO) habían reconocido, durante los debates en la mesa del diálogo del programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) que, si bien no tenían mayoría en esa instancia, contaban con la fuerza suficiente para paralizar el país.
Mientras el diálogo avanzaba en la mesa del programa de Riesgos Profesionales, donde se alcanzaron acuerdos que hicieron posible la elaboración de un anteproyecto de ley para reorganizarlo y modernizarlo (en noviembre pasado habían concluido las negociaciones sobre los programas de Enfermedad y Maternidad y de Administración y Gestión), la administración de la CSS proponía un referendo para que los panameños se pronunciaran sobre el futuro de la CSS. No se necesitan muchas luces para anticipar el resultado. Además, hay una falacia que se ha vendido como realidad. La CSS no es de todos los panameños, es de los asegurados. Le correspondería a los 640,000 cotizantes activos decidir en un hipotético referendo el futuro de la seguridad social. La última encuesta de opinión de El Panamá América y RPC reveló que tres de cada cuatro panameños quisieran que el sistema de pensiones se mantuviera como está. Eso demuestra que nadie está dispuesto a que se aumenten las cuotas, ni la edad de jubilación, ni que se reduzcan los beneficios.
La ciudadanía no tiene plena conciencia de la gravedad de la crisis en las finanzas de la CSS y prefiere que otro pague las consecuencias. La misma encuesta indicó que el 61% de los panameños aprobaría que se empleen las utilidades del Canal para sanear las finanzas del Seguro Social. Inmediatismo puro. Si es necesario hay que matar y comerse la gallina de los huevos de oro. Lo importante es hoy, mañana habrá alguien a quien echarle la culpa de los actuales desaciertos.
Quien sí posee toda la información y conoce al detalle la crisis financiera de la CSS, es la actual administración. De allí, entonces, su irresponsabilidad histórica. Los acontecimientos indican que esa actuación sigue un patrón ideológico y una planificación estratégica que pretende la confrontación social y política para tratar de socavar el actual modelo económico nacional. Después de las primeras confrontaciones en la sesión plenaria del diálogo nacional por la seguridad social en noviembre de 2001, era evidente que la administración de la CSS había organizado una guerrilla para ofrecer resistencia frontal en los temas que no controlaba.
Refiriéndose a los sectores populares, sembrados por la administración de la CSS en las distintas mesas del diálogo, Raúl Leis, miembro del grupo de apoyo invitado por el PNUD para participar en las negociaciones, dijo a la revista Semanario que si actuaban por ignorancia, había que ser benevolentes; pero si lo hacían con mala intención, era una irresponsabilidad.
A lo largo de más de dos años de diálogo nacional por la seguridad social, el discurso de los sectores populares, como lo sintetizó Saúl Méndez, uno de sus más vociferantes portavoces, ha sido el mismo. "Hay dos posibilidades. Tomar una decisión para enfrentar el problema o esperar que la crisis estalle y ver cómo nos la rifamos". Los sectores populares se oponen al aumento de la edad de jubilación y las cuotas de los trabajadores, pero proponen que se evalúe el aumento de las cuotas patronales, que se combata la evasión y la morosidad, que se aumente la rentabilidad de los casi B/.1,800 millones de reservas de la CSS, que se permita el traslado de partidas entre los cuatro programas de la institución y que pasen unos B/.700 millones al patrimonio de la Caja producto de la venta de las acciones que el Estado posee en las privatizadas empresas de telecomunicaciones y energía eléctrica.
Poner en práctica esas medidas, si fueran las acertadas, no requiere un diálogo nacional. Puedan adoptarse mediante una buena administración. Lo que no quiere enfrentarse, mediante una actitud responsable, es el problema estructural de la CSS. Los cuatro programas de la CSS están dando señales de alarma. El programa de Riesgos Profesionales tendrá al final del 2003 un déficit de B/.12 millones y el de IVM unos B/.30 millones deficitarios hacia finales de año. El cierre del año 2002 arrojó un déficit actuarial de B/. 2,460 millones y en el primer semestre de este año se le sumaron otros B/.200 millones. Es decir, ese déficit añadirá de ahora en adelante un promedio de B/.400 millones anuales.
No hay fondos públicos, ni inversiones, ni mayor rentabilidad que pueda hacer frente a semejante hueco en las finanzas de la CSS. Se está ante un problema estructural que debe enfrentarse con medidas estructurales. Cualquier reforma hoy, reduce el precio que la sociedad panameña tendrá que pagar en el futuro. Además, el caso panameño no es un hecho aislado. Los sistemas de seguridad social están en crisis en todo el mundo. Francia acaba de hacer sus propias reformas y ese mismo camino lo seguirán en los próximos meses una decena de países europeos. Más cerca, en Brasil, el presidente Luis Inacio "Lula" da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, sin pretender encabezar una revolución, inició un proceso de profundas reformas a la seguridad social, cuyo primer paquete de leyes ya fue aprobado por el congreso brasileño. Mas, el lema del PNUD, artífice y facilitador del diálogo para salvar la CSS, "por nuestro futuro, hablemos seguro", pareciera no haber hecho mella en la conciencia de los sectores populares. Aliados de la administración de la CSS, pretenden imponer un proyecto ideológico radical que desconoce el talante de la población y persigue derribar el actual modelo económico nacional. Esos sectores no están por consensuar nada en la mesa de diálogo. Sostienen que no existe ambiente de confianza, que el diálogo está viciado y que no hay entendimiento. "¿Cuál es la alternativa?", preguntó insistentemente Rebeca Grynspan, presidenta regional de la CEPAL. Que se clausure el diálogo para no seguir perdiendo tiempo. "La lucha la llevaremos adelante", fue la respuesta de Alberto Aguilera, de CONATO. Una veintena de organizaciones y partidos políticos coincidieron en que el diálogo no había sido un fracaso y pidieron tiempo para entregar el mejor producto posible a la sociedad.
Les resultaba inconcebible que los sectores populares no continuaran el diálogo, simplemente por una cuestión estratégica, porque será el actual gobierno o el que le suceda el que tendrá que tomar la decisión de reformar la CSS y la Asamblea Legislativa la de aprobar una nueva legislación para la institución.
La realidad indica que los sectores populares tienen su propia estrategia. La consigna es acabar con el sistema, con el libre mercado, con la sociedad democrática e ir al enfrentamiento social para dirimir problemas que, más allá de la CSS, buscarían catapultar al administrador de la institución como alternativa capaz de asaltar el poder político en el país. Habrá que ver si el Gobierno, los partidos, los empresarios, la sociedad organizada, los grupos a quienes le importa la seguridad social y los propios asegurados permiten que la confrontación produzca réditos políticos a aquellos que, hasta ahora, no han sido más que falsos profetas.
Mientras el diálogo avanzaba en la mesa del programa de Riesgos Profesionales, donde se alcanzaron acuerdos que hicieron posible la elaboración de un anteproyecto de ley para reorganizarlo y modernizarlo (en noviembre pasado habían concluido las negociaciones sobre los programas de Enfermedad y Maternidad y de Administración y Gestión), la administración de la CSS proponía un referendo para que los panameños se pronunciaran sobre el futuro de la CSS. No se necesitan muchas luces para anticipar el resultado. Además, hay una falacia que se ha vendido como realidad. La CSS no es de todos los panameños, es de los asegurados. Le correspondería a los 640,000 cotizantes activos decidir en un hipotético referendo el futuro de la seguridad social. La última encuesta de opinión de El Panamá América y RPC reveló que tres de cada cuatro panameños quisieran que el sistema de pensiones se mantuviera como está. Eso demuestra que nadie está dispuesto a que se aumenten las cuotas, ni la edad de jubilación, ni que se reduzcan los beneficios.
La ciudadanía no tiene plena conciencia de la gravedad de la crisis en las finanzas de la CSS y prefiere que otro pague las consecuencias. La misma encuesta indicó que el 61% de los panameños aprobaría que se empleen las utilidades del Canal para sanear las finanzas del Seguro Social. Inmediatismo puro. Si es necesario hay que matar y comerse la gallina de los huevos de oro. Lo importante es hoy, mañana habrá alguien a quien echarle la culpa de los actuales desaciertos.
Quien sí posee toda la información y conoce al detalle la crisis financiera de la CSS, es la actual administración. De allí, entonces, su irresponsabilidad histórica. Los acontecimientos indican que esa actuación sigue un patrón ideológico y una planificación estratégica que pretende la confrontación social y política para tratar de socavar el actual modelo económico nacional. Después de las primeras confrontaciones en la sesión plenaria del diálogo nacional por la seguridad social en noviembre de 2001, era evidente que la administración de la CSS había organizado una guerrilla para ofrecer resistencia frontal en los temas que no controlaba.
Refiriéndose a los sectores populares, sembrados por la administración de la CSS en las distintas mesas del diálogo, Raúl Leis, miembro del grupo de apoyo invitado por el PNUD para participar en las negociaciones, dijo a la revista Semanario que si actuaban por ignorancia, había que ser benevolentes; pero si lo hacían con mala intención, era una irresponsabilidad.
A lo largo de más de dos años de diálogo nacional por la seguridad social, el discurso de los sectores populares, como lo sintetizó Saúl Méndez, uno de sus más vociferantes portavoces, ha sido el mismo. "Hay dos posibilidades. Tomar una decisión para enfrentar el problema o esperar que la crisis estalle y ver cómo nos la rifamos". Los sectores populares se oponen al aumento de la edad de jubilación y las cuotas de los trabajadores, pero proponen que se evalúe el aumento de las cuotas patronales, que se combata la evasión y la morosidad, que se aumente la rentabilidad de los casi B/.1,800 millones de reservas de la CSS, que se permita el traslado de partidas entre los cuatro programas de la institución y que pasen unos B/.700 millones al patrimonio de la Caja producto de la venta de las acciones que el Estado posee en las privatizadas empresas de telecomunicaciones y energía eléctrica.
Poner en práctica esas medidas, si fueran las acertadas, no requiere un diálogo nacional. Puedan adoptarse mediante una buena administración. Lo que no quiere enfrentarse, mediante una actitud responsable, es el problema estructural de la CSS. Los cuatro programas de la CSS están dando señales de alarma. El programa de Riesgos Profesionales tendrá al final del 2003 un déficit de B/.12 millones y el de IVM unos B/.30 millones deficitarios hacia finales de año. El cierre del año 2002 arrojó un déficit actuarial de B/. 2,460 millones y en el primer semestre de este año se le sumaron otros B/.200 millones. Es decir, ese déficit añadirá de ahora en adelante un promedio de B/.400 millones anuales.
No hay fondos públicos, ni inversiones, ni mayor rentabilidad que pueda hacer frente a semejante hueco en las finanzas de la CSS. Se está ante un problema estructural que debe enfrentarse con medidas estructurales. Cualquier reforma hoy, reduce el precio que la sociedad panameña tendrá que pagar en el futuro. Además, el caso panameño no es un hecho aislado. Los sistemas de seguridad social están en crisis en todo el mundo. Francia acaba de hacer sus propias reformas y ese mismo camino lo seguirán en los próximos meses una decena de países europeos. Más cerca, en Brasil, el presidente Luis Inacio "Lula" da Silva, líder del Partido de los Trabajadores, sin pretender encabezar una revolución, inició un proceso de profundas reformas a la seguridad social, cuyo primer paquete de leyes ya fue aprobado por el congreso brasileño. Mas, el lema del PNUD, artífice y facilitador del diálogo para salvar la CSS, "por nuestro futuro, hablemos seguro", pareciera no haber hecho mella en la conciencia de los sectores populares. Aliados de la administración de la CSS, pretenden imponer un proyecto ideológico radical que desconoce el talante de la población y persigue derribar el actual modelo económico nacional. Esos sectores no están por consensuar nada en la mesa de diálogo. Sostienen que no existe ambiente de confianza, que el diálogo está viciado y que no hay entendimiento. "¿Cuál es la alternativa?", preguntó insistentemente Rebeca Grynspan, presidenta regional de la CEPAL. Que se clausure el diálogo para no seguir perdiendo tiempo. "La lucha la llevaremos adelante", fue la respuesta de Alberto Aguilera, de CONATO. Una veintena de organizaciones y partidos políticos coincidieron en que el diálogo no había sido un fracaso y pidieron tiempo para entregar el mejor producto posible a la sociedad.
Les resultaba inconcebible que los sectores populares no continuaran el diálogo, simplemente por una cuestión estratégica, porque será el actual gobierno o el que le suceda el que tendrá que tomar la decisión de reformar la CSS y la Asamblea Legislativa la de aprobar una nueva legislación para la institución.
La realidad indica que los sectores populares tienen su propia estrategia. La consigna es acabar con el sistema, con el libre mercado, con la sociedad democrática e ir al enfrentamiento social para dirimir problemas que, más allá de la CSS, buscarían catapultar al administrador de la institución como alternativa capaz de asaltar el poder político en el país. Habrá que ver si el Gobierno, los partidos, los empresarios, la sociedad organizada, los grupos a quienes le importa la seguridad social y los propios asegurados permiten que la confrontación produzca réditos políticos a aquellos que, hasta ahora, no han sido más que falsos profetas.
