Seguridad y salud laboral
El pasado 28 de abril se celebró el "Día Mundial de la Seguridad y Salud en el trabajo", con el lema “La seguridad y salud en el trabajo: un derecho humano fundamental”, instituido por la Organización internacional del trabajo (OIT) en 2003, para fomentar la participación e integración entre los sectores empresarial, trabajadores y gobierno buscando condicionar la dorada promesa de lugares de trabajo seguros y decentes. Tristemente nuestra realidad es otra; llegamos a ese día con varios muertos laborales a cuesta y empresas que los acumulan como puntos del programa "accidentes frecuentes", sin que nadie logre una intervención integral a ese desastre.
La OIT ha hecho importantes intervenciones relacionadas a responsabilidad compartida de cada actor: Como gobierno, somos responsables de proporcionar la infraestructura, la legislación y los servicios necesarios para garantizar que los trabajadores sigan siendo aptos para el empleo y que las empresas prosperen. Esto incluye la preparación, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de una política y un programa nacional; y de un sistema de inspección para hacer cumplir la legislación y las políticas relativas a la seguridad y salud en el trabajo.
Como empleadores y directivos, somos responsables de garantizar que los lugares de trabajo que dependen de nosotros sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud, somos responsables de informarnos sobre las medidas de seguridad y salud en el trabajo y de prever la protección necesaria para nuestros trabajadores.
Como trabajadores, somos responsables de trabajar en seguridad y de protegernos y no poner a los demás en peligro; de conocer nuestros derechos, y de participar en la aplicación de medidas preventivas, no sólo por nosotros, sino por nuestras familias que nos esperan en casa. Y como especialistas en seguridad y salud en el trabajo, somos responsables de proporcionar asesoramiento, de evaluar los riesgos en el entorno laboral y de hacer el consiguiente seguimiento.
Panamá vive una de las más crudas campañas políticas de la nueva era democrática nacional, plagada de desacreditaciones y denuncias más que propuestas concretas, olvidando plasmar en sus planes de gobierno ideas o conceptos directos en pro de la salud y seguridad en el trabajo. Aún estamos a tiempo de encaminarnos en la creación de una política nacional en la materia, amparada por el convenio 187 de la OIT, aún no adoptado por nuestro país.
Tradicionalmente he profesado: "hay mucho por hacer en la seguridad y salud ocupacional en Panamá, pero vamos por buen camino"; sin embargo, ahora no lo sé. Desde 1988 está la resolución No. 1 del 8 de febrero, por la cual se regula esta carrera con idoneidad del Consejo Técnico de Salud (igual que los médicos y enfermeras), esto basado en el Código Sanitario; pero hallamos personas no idóneas, ni preparadas ejerciendo. De igual manera ocurre en el sector construcción, en donde todos los días, a mansalva se violenta el Decreto Ejecutivo No. 2 del 15 de febrero de 2008 en sus bodas de papel. Este documento señala taxativamente, en su Art. 29, como primer requisito para ser encargado de seguridad de un proyecto, ser panameño, y hallamos plural número de extranjeros ostentado ilegalmente estas posiciones sin lograr la reacción de los encargados de velar por el cumplimiento de las normas y leyes.
Hay una delgada línea entre el querer cumplir la ley porque protejo la vida y los intereses de mi país, y el cumplirla cuando no me queda más remedio; afortunadamente, esto no ocurre en todos los casos. Señores empleadores, trabajadores, especialistas y Gobierno Nacional (saliente y entrante), la necesidad de velar por la vida en los puestos de trabajo es tarea de todos y esta debe entrañar responsabilidades y deberes por igual. Logremos juntos crear un régimen nacional de seguridad y salud ocupacional por el bien de las generaciones futuras.
