Seguro vehicular obligatorio, inoperante
El parque automotriz panameño, o sea , la cantidad de vehículos registrados o en circulación en nuestro país, es tan grande que todo cuanto tenga que ver con ello y sus consecuencias debe ser tomado en cuenta con seriedad y responsabilidad, ya que juega un papel importantísimo en la vida de las personas y en la economía del país.
El número de accidentes y sus graves consecuencias en la vida física y económica no ha sido analizado con la objetividad y profundidad que en efecto amerita en aspectos como los citados, tan fundamentales. El fenómeno tal vez se deba a desidia o falta de visión de las autoridades.
Las pérdidas de vidas humanas o la alteración de sus condiciones físicas repercuten no sólo con el luto y dolor en las familias afectadas, sino que conlleva consecuencias económicas a los hogares, y al país entero, por los perjuicios a los involucrados, que en su mayoría no son los que causan los accidentes al dejar de trabajar. Esa imposibilidad o lucro cesante afecta al país en sumas millonarias, pues se entorpece la producción y la productividad nacional.
El seguro obligatorio es una necesidad, pero debe ser analizado por profesionales, por los gremios organizados y la sociedad civil y no sólo servir de instrumento para generar más ingresos a consorcios o empresas de seguros. Mucho menos convertirse en prebenda de tipo político o contubernio de elites económico-políticas.
En el manejo de los accidentes, la policía y los jueces no pueden continuar trabajando como hasta ahora con tanta demora en atender los casos.
Esto viene causando daños económicos millonarios que no se vienen tomando en cuenta. El actual gobierno debería poner un alto en esto para que su plan de gobierno sea consecuente y moderno.
Las sanciones a infractores de las normas del tránsito necesitan ser modificadas y las autoridades hacerlas respetar. En estos días ni la presencia policial es respetada. Hay necesidad urgente de proteger más la vida y los daños a los afectados.
Los seguros deben atender no sólo las reparaciones a los vehículos, sino los gastos médico-hospitalarios y el lucro cesante de todo profesional o artesano independiente, pues ésta es la parte más grave al medirla en su justa dimensión.
Las compañías de seguros, unilateralmente, no pueden continuar valorando los vehículos afectados ni repararlos a su conveniencia, ni menos demorar los pagos respectivos como viene sucediendo. Todo esto requiere de un estudio con participación de la sociedad civil y el Estado.
Considerar el hecho de estableces un seguro obligatorio con unas "primas" adecuadas a los intereses financieros de quienes los otorgan sin considerar los elementos del servicio sería algo inoperante. Se trata de una necesidad muy seria que de aplicarse, debe cumplir con las expectativas de solución a las consecuencias de los accidentes de tránsito.
A los irresponsables que acumulen infracciones se les debe llevar una estadística fácil de ejecutar con la tecnología actual, que permita sanciones ejemplarizantes que deben llegar hasta la cancelación de la licencias de conducir e impedirles el derecho a este seguro, con los cual quede el infractor abocado a sanciones penales si conduce un vehículo.
Intentar establece un seguro vehicular obligatorio, sin tomar en cuenta las necesidades y causas reales, será sólo un negocio que llevará más dinero a las aseguradoras y no ayudará a aliviar el problema de los accidentes de tránsito, ni mucho menos contribuir a disminuir el daño económico millonario que estos causan.
El número de accidentes y sus graves consecuencias en la vida física y económica no ha sido analizado con la objetividad y profundidad que en efecto amerita en aspectos como los citados, tan fundamentales. El fenómeno tal vez se deba a desidia o falta de visión de las autoridades.
Las pérdidas de vidas humanas o la alteración de sus condiciones físicas repercuten no sólo con el luto y dolor en las familias afectadas, sino que conlleva consecuencias económicas a los hogares, y al país entero, por los perjuicios a los involucrados, que en su mayoría no son los que causan los accidentes al dejar de trabajar. Esa imposibilidad o lucro cesante afecta al país en sumas millonarias, pues se entorpece la producción y la productividad nacional.
El seguro obligatorio es una necesidad, pero debe ser analizado por profesionales, por los gremios organizados y la sociedad civil y no sólo servir de instrumento para generar más ingresos a consorcios o empresas de seguros. Mucho menos convertirse en prebenda de tipo político o contubernio de elites económico-políticas.
En el manejo de los accidentes, la policía y los jueces no pueden continuar trabajando como hasta ahora con tanta demora en atender los casos.
Esto viene causando daños económicos millonarios que no se vienen tomando en cuenta. El actual gobierno debería poner un alto en esto para que su plan de gobierno sea consecuente y moderno.
Las sanciones a infractores de las normas del tránsito necesitan ser modificadas y las autoridades hacerlas respetar. En estos días ni la presencia policial es respetada. Hay necesidad urgente de proteger más la vida y los daños a los afectados.
Los seguros deben atender no sólo las reparaciones a los vehículos, sino los gastos médico-hospitalarios y el lucro cesante de todo profesional o artesano independiente, pues ésta es la parte más grave al medirla en su justa dimensión.
Las compañías de seguros, unilateralmente, no pueden continuar valorando los vehículos afectados ni repararlos a su conveniencia, ni menos demorar los pagos respectivos como viene sucediendo. Todo esto requiere de un estudio con participación de la sociedad civil y el Estado.
Considerar el hecho de estableces un seguro obligatorio con unas "primas" adecuadas a los intereses financieros de quienes los otorgan sin considerar los elementos del servicio sería algo inoperante. Se trata de una necesidad muy seria que de aplicarse, debe cumplir con las expectativas de solución a las consecuencias de los accidentes de tránsito.
A los irresponsables que acumulen infracciones se les debe llevar una estadística fácil de ejecutar con la tecnología actual, que permita sanciones ejemplarizantes que deben llegar hasta la cancelación de la licencias de conducir e impedirles el derecho a este seguro, con los cual quede el infractor abocado a sanciones penales si conduce un vehículo.
Intentar establece un seguro vehicular obligatorio, sin tomar en cuenta las necesidades y causas reales, será sólo un negocio que llevará más dinero a las aseguradoras y no ayudará a aliviar el problema de los accidentes de tránsito, ni mucho menos contribuir a disminuir el daño económico millonario que estos causan.
