Señalando con el dedo, demagogia barata
Insólito es por decir lo menos el ante proyecto de ley que ha presentado a la consideración de la Asamblea Legislativa un legislador del PRD, para substituir la ley que eliminó las jubilaciones especiales en el Ministerio de Educación. Se debe entender que esta propuesta tiene el beneplácito de su bancada, con la cual pretenden ahora darse baños de rosa y adelantarse al actual gobierno que ha prometido que revisará todos los exabruptos cometidos durante el pasado quinquenio, incluyendo la mencionada ley que ahora pretenden echar por tierra.
Si tanto les interesa la suerte de la nación y habiendo tenido una Asamblea Legislativa mayoritaria, durante el quinquenio que terminó el 31 de agosto del presente año, al servicio del Poder Ejecutivo, ¿por qué aprobaron a tambor batiente todas las leyes caprichosas que les presentó el mandatario que finalizó su gestión en la fecha antes referida?
Las dádivas recibidas por los integrantes del poder del pueblo que es la Asamblea Legislativa, es la única explicación para justificar que hubiesen actuado como lo hicieron, pudiendo aprobar leyes sociales, con las cuales se intentara mitigar tanta hambre y miseria que ha venido viviendo el sufrido pueblo nuestro.
La función de la Asamblea Legislativa no sólo es la aprobar leyes. También está a su cargo la vigilancia del manejo de los valores y propiedades de la nación a través de la Contraloría General de la República. Hay que recordar que es la única institución cuyos directores son nombrados y pueden ser removidos por ellos. Por lo tanto deben exigirles que todas las entidades del gobierno deben ser auditadas permanentemente y que el Contralor rinda informes regularmente.
La gobernación y no la gobernabilidad como erróneamente se dice, requiere de un contralor serio, honesto y capaz.
Se habla de los adelantos materiales que se realizaron en el país durante el último quinquenio, donde se incluye contratos millonarios en la carretera Interamericana, los Corredores Norte y Sur, y la nueva carretera de Panamá a Colón. Sería injusto conmigo si no reconociera lo que para el futuro puede significar todo esto para el porvenir de la nación. Lo preocupante es que en todas estas operaciones siempre habrá favoritos del régimen que se benefician con jugosas comisiones, que podrían pasar a manos del Estado y ayudar a resolver problemas tan urgentes como son los de Salud, especialmente en los hospitales del país.
Es conveniente, que el nuevo gobierno, a través de la Contraloría General de la República, realice una investigación pormenorizada, especialmente de los terrenos donde funcionaba el aeropuerto de Paitilla y de las tierras que fueron vendidas en las áreas que han revertido, a precios por el suelo, lugares estos que pudieron ser alquilados a empresas extranjeras, como se pretendió primero, para crear fuentes de trabajo, tan urgentes en función de la alta tasa de desempleo que nos agobia.
Es conveniente hacer una revisión de las prestaciones laborales para el manejo de las nuevas empresas internacionales que pretendan instalarse en el país nuestro. Sabido es que muchos inversionistas buscan la facilidad de la moneda (dólar), pero los ahuyentan los costos sociales que deben pagar. Una legislación especial para ellos, que conste en sus contratos con la nación es lo recomendable, lo cual no cambiará la situación del actual Código de Trabajo del país.
Ojalá que los asesores presidenciales y el grupo de economistas con que cuenta el Ejecutivo, hagan un estudio de altura de esta sugestión, que estoy seguro que coadyuvaría a la creación de nuevas fuentes de trabajo
Si tanto les interesa la suerte de la nación y habiendo tenido una Asamblea Legislativa mayoritaria, durante el quinquenio que terminó el 31 de agosto del presente año, al servicio del Poder Ejecutivo, ¿por qué aprobaron a tambor batiente todas las leyes caprichosas que les presentó el mandatario que finalizó su gestión en la fecha antes referida?
Las dádivas recibidas por los integrantes del poder del pueblo que es la Asamblea Legislativa, es la única explicación para justificar que hubiesen actuado como lo hicieron, pudiendo aprobar leyes sociales, con las cuales se intentara mitigar tanta hambre y miseria que ha venido viviendo el sufrido pueblo nuestro.
La función de la Asamblea Legislativa no sólo es la aprobar leyes. También está a su cargo la vigilancia del manejo de los valores y propiedades de la nación a través de la Contraloría General de la República. Hay que recordar que es la única institución cuyos directores son nombrados y pueden ser removidos por ellos. Por lo tanto deben exigirles que todas las entidades del gobierno deben ser auditadas permanentemente y que el Contralor rinda informes regularmente.
La gobernación y no la gobernabilidad como erróneamente se dice, requiere de un contralor serio, honesto y capaz.
Se habla de los adelantos materiales que se realizaron en el país durante el último quinquenio, donde se incluye contratos millonarios en la carretera Interamericana, los Corredores Norte y Sur, y la nueva carretera de Panamá a Colón. Sería injusto conmigo si no reconociera lo que para el futuro puede significar todo esto para el porvenir de la nación. Lo preocupante es que en todas estas operaciones siempre habrá favoritos del régimen que se benefician con jugosas comisiones, que podrían pasar a manos del Estado y ayudar a resolver problemas tan urgentes como son los de Salud, especialmente en los hospitales del país.
Es conveniente, que el nuevo gobierno, a través de la Contraloría General de la República, realice una investigación pormenorizada, especialmente de los terrenos donde funcionaba el aeropuerto de Paitilla y de las tierras que fueron vendidas en las áreas que han revertido, a precios por el suelo, lugares estos que pudieron ser alquilados a empresas extranjeras, como se pretendió primero, para crear fuentes de trabajo, tan urgentes en función de la alta tasa de desempleo que nos agobia.
Es conveniente hacer una revisión de las prestaciones laborales para el manejo de las nuevas empresas internacionales que pretendan instalarse en el país nuestro. Sabido es que muchos inversionistas buscan la facilidad de la moneda (dólar), pero los ahuyentan los costos sociales que deben pagar. Una legislación especial para ellos, que conste en sus contratos con la nación es lo recomendable, lo cual no cambiará la situación del actual Código de Trabajo del país.
Ojalá que los asesores presidenciales y el grupo de economistas con que cuenta el Ejecutivo, hagan un estudio de altura de esta sugestión, que estoy seguro que coadyuvaría a la creación de nuevas fuentes de trabajo
