Señales de corrupción
Hay fallos de la Corte Suprema de Justicia y de algunos tribunales que son tan malos y tan torpemente concebidos, que no se explican a menos que haya corrido dinero o, más técnicamente, soborno. Hacia estas decisiones, reflejo inequívoco de corrupción o de negligencia inexcusable, que para los efectos es lo mismo, ha de apuntar la auditoría de la jurisprudencia, en especial, de la Alianza Ciudadana pro Justicia que dirige Magali Castillo. Pero no es la única señal.
Hace poco, la Comisión Presidencial pro Justicia, que rindió su informe sobre posibles soluciones al problema, hizo presentar un proyecto de ley por el cual se eliminaba el requisito de la previa auditoría de la Contraloría General para poder dar curso a las investigaciones penales de casos de enriquecimiento ilícito. Pero lamentablemente, la Asamblea de Diputados lo rechazó, con el obvio propósito de seguir amparando la impunidad y fomentando la comisión de los delitos contra la cosa pública.
Es más, si la intención fuera la de implantar en el país el imperio de la decencia, no hubiera bastado siquiera con eliminar el requisito de la auditoría de Contraloría para iniciar las investigaciones de peculado, sino que además, se habría de suprimir igualmente el requerimiento de la "prueba sumaria" para acoger las denuncias. En este caso, bastaría con una mera publicación o noticia de la comisión de algún delito contra el patrimonio del Estado, para que el Ministerio Público iniciara las pesquisas, sea para rechazarlas, sea para darles curso. Así ocurre hoy para el resto de todos los delitos de la esfera privada, constituyéndo una excepción si el agravio se comete contra los haberes públicos, cuando debiera ser lo contrario, puesto que los últimos - por no ser de nadie en particular - merecen mayor proyección o tutela.
Sheila Medina, de 56 años, por ejemplo, viajaba en un bus de la ruta Transístmica - Veranillo y se le veía perturbada.
Medina dice que ese ruido la vuelve "loca pero qué puede uno hacer".
La tarde avanzaba y el "operativo periodístico seguía su marcha". Un conductor de la ruta Mañanitas, que prefirió que lo apuntaran como "Benjamín", no entendía por qué preguntábamos por el uniforme y el carné. "A nosotros nadie nos habló de uniformes ni de carné. Además, "¿a quién no le gusta la melodía?", fue su respuesta.
En la sede de la ATTT en Pedregal nos atendió Arturo González, director de Operaciones, después de una maratónica reunión entre las autoridades para tratar lo ocurrido en el interior del país en cuanto a la petición del aumento de la tarifa.
Según señaló González, la primera limitante para corregir y mejorar el servicio del transporte público es la propia Ley No. 14.
Subrayó que la mencionada ley tiene que ver con la planificación, investigación y fiscalización de que los concesionarios de transporte público de pasajeros mantengan sus vehículos en óptimo estado.
Además, citó como ejemplo que "la Ley No. 14 no dice que cuando voy a poner una boleta debo quitarle licencia si es que no ha pagado otras multas", sostuvo.
Mencionó que se está diseñando un mecanismo que permitirá cambiar todas las licencias y a través de un detector móvil se sabrá cuántas boletas lleva cada transportista y "si en un plazo de 30 días no las ha cancelado, se le retiene".
Para el funcionario más que una fiscalización de quienes incumplen las normas del convenio, el problema radica en la actitud del conductor.
A él mismo le ha tocado en reiteradas ocasiones decirles: "si ustedes no cambian el manejo desordenado y acatan las demás especificaciones tampoco podríamos hablar de aumentos de pasajes".
González adelantó que diseñarán un reglamento interno para eliminar de una buena vez la figura del "pavo" que tantos inconvenientes ha traído.
Hace poco, la Comisión Presidencial pro Justicia, que rindió su informe sobre posibles soluciones al problema, hizo presentar un proyecto de ley por el cual se eliminaba el requisito de la previa auditoría de la Contraloría General para poder dar curso a las investigaciones penales de casos de enriquecimiento ilícito. Pero lamentablemente, la Asamblea de Diputados lo rechazó, con el obvio propósito de seguir amparando la impunidad y fomentando la comisión de los delitos contra la cosa pública.
Es más, si la intención fuera la de implantar en el país el imperio de la decencia, no hubiera bastado siquiera con eliminar el requisito de la auditoría de Contraloría para iniciar las investigaciones de peculado, sino que además, se habría de suprimir igualmente el requerimiento de la "prueba sumaria" para acoger las denuncias. En este caso, bastaría con una mera publicación o noticia de la comisión de algún delito contra el patrimonio del Estado, para que el Ministerio Público iniciara las pesquisas, sea para rechazarlas, sea para darles curso. Así ocurre hoy para el resto de todos los delitos de la esfera privada, constituyéndo una excepción si el agravio se comete contra los haberes públicos, cuando debiera ser lo contrario, puesto que los últimos - por no ser de nadie en particular - merecen mayor proyección o tutela.
Sheila Medina, de 56 años, por ejemplo, viajaba en un bus de la ruta Transístmica - Veranillo y se le veía perturbada.
Medina dice que ese ruido la vuelve "loca pero qué puede uno hacer".
La tarde avanzaba y el "operativo periodístico seguía su marcha". Un conductor de la ruta Mañanitas, que prefirió que lo apuntaran como "Benjamín", no entendía por qué preguntábamos por el uniforme y el carné. "A nosotros nadie nos habló de uniformes ni de carné. Además, "¿a quién no le gusta la melodía?", fue su respuesta.
En la sede de la ATTT en Pedregal nos atendió Arturo González, director de Operaciones, después de una maratónica reunión entre las autoridades para tratar lo ocurrido en el interior del país en cuanto a la petición del aumento de la tarifa.
Según señaló González, la primera limitante para corregir y mejorar el servicio del transporte público es la propia Ley No. 14.
Subrayó que la mencionada ley tiene que ver con la planificación, investigación y fiscalización de que los concesionarios de transporte público de pasajeros mantengan sus vehículos en óptimo estado.
Además, citó como ejemplo que "la Ley No. 14 no dice que cuando voy a poner una boleta debo quitarle licencia si es que no ha pagado otras multas", sostuvo.
Mencionó que se está diseñando un mecanismo que permitirá cambiar todas las licencias y a través de un detector móvil se sabrá cuántas boletas lleva cada transportista y "si en un plazo de 30 días no las ha cancelado, se le retiene".
Para el funcionario más que una fiscalización de quienes incumplen las normas del convenio, el problema radica en la actitud del conductor.
A él mismo le ha tocado en reiteradas ocasiones decirles: "si ustedes no cambian el manejo desordenado y acatan las demás especificaciones tampoco podríamos hablar de aumentos de pasajes".
González adelantó que diseñarán un reglamento interno para eliminar de una buena vez la figura del "pavo" que tantos inconvenientes ha traído.
