Sentido de autoridad y desarrollo
En general, panameños y extranjeros, que vivimos en esta tierra, coincidimos en que el nuestro es un país privilegiado y pleno en oportunidades para cualquiera que tenga real deseo de progreso y superación. Sin embargo, esta conclusión choca con la realidad de la dura situación social y económica que nos aqueja.
El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha dicho que arrastramos una pobreza de 40.5% con 26.5% que es extrema. Paralelamente, el gobierno estima en 15% el índice de desempleo. Los indicadores también marcan un preocupante avance de la delincuencia, con énfasis en crímenes violentos, asesinatos, asaltos y robo de bancos. Cada encuesta que publicamos los medios coincide en esta percepción. ¿Qué hacer? Para empezar, como país, la sociedad civil y el gobierno entendido en su noción de Estado, debemos reunirnos en torno a una mesa -tal cual se ha hecho con los diálogos sobre reactivación económica, educación y seguro social, con todo éxito- para discutir la problemática y arribar a conclusiones.
Por ejemplo, podríamos empezar por acordar un frente común contra la corrupción a todos los niveles -sector público y privado-, no sólo en su fase represiva sino de prevención. Eso implicaría desatar una ofensiva en el campo de la educación incluyendo a los medios de comunicación e incorporando a la tarea a las distintas iglesias, clubes cívicos y a todas las organizaciones políticas, sociales y económicas de base, entendiendo por tales a los clubes recreativos, juntas comunales, asociaciones de estudiantes y padres de familia, sindicatos, partidos políticos, músicos y artistas, en fin a todos.
El siguiente paso es empezar a cumplir las leyes, empezando por las más sencillas, la que atañen al quehacer diario, tales como las que conciernen al tránsito, el aseo de vías públicas y aceras, la contaminación con basura de ríos, playas y lagos, las edificaciones, el robo de luz y agua, el ruido, la venta de licor, el uso obligado de pasos peatonales, el respeto de líneas de seguridad. Seguramente, cuando empiecen a aplicarse las primeras sanciones y se extienda la noticia por el resto de la colectividad, empezará a prevalecer el respeto por la ley. Igual debe hacerse con respecto al combate y prevención de los delitos más graves. Un enérgico respaldo a las autoridades de policía, de investigación y juzgamiento criminal, tendría el mismo positivo efecto con respecto a crímenes mayores.
La problemática carcelaria deberá ser también abordada, ampliando la capacidad de sus instalaciones y modernizando el trato a los reclusos, de modo que cese de constituir un registro de mano de obra ociosa. En vez de cárcel y multas, deben establecerse penas de servicios comunales, como el barrido de calles, pintura de escuelas y otros edificios públicos.
En fin, es menester crear un ambiente de respeto a la autoridad y la ley como cimiento previo e indispensable para alcanzar un ritmo de desarrollo sostenible porque de lo contrario, la corrupción y la cultura del juega vivo, nos seguirán empujando hacia el fracaso.
El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha dicho que arrastramos una pobreza de 40.5% con 26.5% que es extrema. Paralelamente, el gobierno estima en 15% el índice de desempleo. Los indicadores también marcan un preocupante avance de la delincuencia, con énfasis en crímenes violentos, asesinatos, asaltos y robo de bancos. Cada encuesta que publicamos los medios coincide en esta percepción. ¿Qué hacer? Para empezar, como país, la sociedad civil y el gobierno entendido en su noción de Estado, debemos reunirnos en torno a una mesa -tal cual se ha hecho con los diálogos sobre reactivación económica, educación y seguro social, con todo éxito- para discutir la problemática y arribar a conclusiones.
Por ejemplo, podríamos empezar por acordar un frente común contra la corrupción a todos los niveles -sector público y privado-, no sólo en su fase represiva sino de prevención. Eso implicaría desatar una ofensiva en el campo de la educación incluyendo a los medios de comunicación e incorporando a la tarea a las distintas iglesias, clubes cívicos y a todas las organizaciones políticas, sociales y económicas de base, entendiendo por tales a los clubes recreativos, juntas comunales, asociaciones de estudiantes y padres de familia, sindicatos, partidos políticos, músicos y artistas, en fin a todos.
El siguiente paso es empezar a cumplir las leyes, empezando por las más sencillas, la que atañen al quehacer diario, tales como las que conciernen al tránsito, el aseo de vías públicas y aceras, la contaminación con basura de ríos, playas y lagos, las edificaciones, el robo de luz y agua, el ruido, la venta de licor, el uso obligado de pasos peatonales, el respeto de líneas de seguridad. Seguramente, cuando empiecen a aplicarse las primeras sanciones y se extienda la noticia por el resto de la colectividad, empezará a prevalecer el respeto por la ley. Igual debe hacerse con respecto al combate y prevención de los delitos más graves. Un enérgico respaldo a las autoridades de policía, de investigación y juzgamiento criminal, tendría el mismo positivo efecto con respecto a crímenes mayores.
La problemática carcelaria deberá ser también abordada, ampliando la capacidad de sus instalaciones y modernizando el trato a los reclusos, de modo que cese de constituir un registro de mano de obra ociosa. En vez de cárcel y multas, deben establecerse penas de servicios comunales, como el barrido de calles, pintura de escuelas y otros edificios públicos.
En fin, es menester crear un ambiente de respeto a la autoridad y la ley como cimiento previo e indispensable para alcanzar un ritmo de desarrollo sostenible porque de lo contrario, la corrupción y la cultura del juega vivo, nos seguirán empujando hacia el fracaso.
