¿Será verdad tanta belleza?
Recientemente escribí un artículo donde me refería a la costumbre, muy latinoamericana, de recurrir en tiempos de crisis a la búsqueda de soluciones mágicas para los múltiples males sociales que nos aquejan. Nuestros políticos y gobernantes, que nos conocen bien, estimulan y utilizan nuestra tendencia a esperar milagros, regalos del cielo o de los gringos como soluciones mágicas para nuestros problemas sociales. En esa ocasión utilicé la propuesta de cambio o reformas a nuestra Constitución como un claro ejemplo de solución mágica.
El mensaje que nos envían los políticos es que el cambio constitucional, cual acto mágico, resolverá todos los problemas de corrupción y mal gobierno que sufrimos; lo cual no es cierto. Se necesita mucho más que un acto legislativo para cambiar nuestra ausencia de espíritu cívico, respeto por el prójimo y a las leyes. Y eso lo saben los políticos.
Otra tema que anda dando vueltas por los medios, y que considero otra especie de solución mágica, es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Se nos quiere hacer ver que este TLC es una respuesta a todos nuestros males económicos, lo cual no es cierto. Para empezar, no es tarea fácil negociar con los gringos, si no pregúntenselo a los europeos y, en mi concepto, estamos muy lejos de negociar el bendito Tratado. Por el otro lado, Panamá es un país esencialmente agrícola y los gringos subsidian y protegen muy bien su sector agropecuario, como consistentemente lo han demostrado. Así que hay temas muy sensibles que discutir y está por determinar los verdaderos beneficios que acarrearía para el país un TLC con los gringos.
Hay otras consideraciones. La edad me ha hecho dudar de coincidencias, particularmente en tiempos de elecciones. El recién interés del gobierno de hacernos creer que estamos en las postrimerías del inicio de conversaciones formales con los gringos, me crea suspicacia. Y me pregunto: ¿Será verdad tanta belleza? No lo creo, y expongo mis razones: Parto del principio de que en sus negociaciones de tratados de libre comercio, aparte de proteger sus sectores agrícolas e industria siderurgia, los gringos incluyen en su agenda de discusión, además de temas de comercio y economía, asuntos relacionados con seguridad jurídica, transparencia y corrupción en el manejo de la cosa pública de la otra parte; por lo que se me hace difícil conciliar en mi mente el entusiasmo de nuestro gobierno y representantes diplomáticos en Washington por la impresión que crean de un pronto inicio de negociaciones formales con los gringos, con las declaraciones sobre los mencionados temas de corrupción, transparencia e inseguridad jurídica de la distinguida representante de ese país en Panamá. Asuntos que sin sombra de dudas aflorarán en toda negociación de libre comercio con los gringos. ¿Será que una parte del gobierno americano no habla con la otra? O sea que el Departamento de Comercio no se habla con el Departamento de Estado, ente responsable de la política exterior de Estados Unidos? Lo dudo. Aquí hay gato encerrado, y que me demuestren lo contrario.
Veamos las connotaciones. Si no es cierto que estamos pronto a negociar el tratado con los gringos, tesis a la cual me acojo, crear la doble impresión de que el TLC es la solución de nuestros problemas económicos y que estamos pronto a lograrlo, me crea el mal sabor de que se está utilizando el tema para fines políticos y le resta credibilidad a un proceso de particular importancia para la Nación.
Por el otro lado, si me equivoco en mi juicio y es cierto que se está en los albores de un proceso formal de negociación de un asunto tan delicado y crítico en tiempos de elecciones, ¿no se corre el riesgo de que se interprete esto como una intromisión partidista de los Estados Unidos para favorecer determinada candidatura? ¿Es correcto iniciar un proceso de negociación tan importante a sólo meses del cambio de gobierno? ¿No sería más prudente esperar el resultado de las elecciones y decidir entonces iniciar formalmente el proceso? Aconsejo lo último como sana medida para apartar el tema del proceso político y elevarlo al nivel de tema de Estado y no politiquería.
Le correspondió al General Paredes y al presidente Ricardo De La Espriella acordar con los partidos políticos un reforma más profunda que la "concedida" en 1978. El 19 de noviembre de 1982, el Consejo de Gabinete nombró la Comisión Revisora de la Constitución integrada por 16 miembros, siete de los cuales provenían de ternas enviadas por cada uno de los partidos políticos existentes. El 1 de diciembre de 1982 los comisionados dieron inicio a sus labores, y tras 120 días de sesiones, Jorge Fábrega, entonces presidente del Colegio de Abogados, sobre quien además recayó la responsabilidad de presidir la Comisión Revisora, envió al Presidente de la República el "Pliego de Reformas a la Constitución".
El "Pliego" estuvo acompañado de una lista de organizaciones de la sociedad civil (de trabajadores, empresarios, indígenas, mujeres, grupos cívicos, educadores, abogados, y muchas otras, que suman cerca de la centena) que enviaron propuestas y recomendaciones que fueron consideradas por la Comisión.
El 30 de marzo de 1983 el Consejo de Gabinete expidió una resolución mediante, la cual se convocaba a un referéndum para que los ciudadanos decidieran si aprobaban o no las reformas a la Constitución de 1972 propuestas por la Comisión Revisora. Se señaló el 24 de abril para la realización de los escrutinios; es decir, medió menos de un mes, entre que se conocieron las reformas propuestas y se acudió a las urnas a votar sobre ellas. Al Tribunal Electoral se le instruyó reglamentar dichos escrutinios, lo cual hizo inmediatamente a través de una extensa reglamentación de más de 60 artículos. Pero claro, siempre había un pequeño grupo que se oponía y que además demandó la inconstitucionalidad de todo el proceso.
Con inusual premura, la Corte Suprema expidió su fallo tres días antes de que se celebrase el torneo, y avaló la reforma tal como se había planteado. El máximo tribunal de justicia se fundamentó en que las Constituciones son pactos políticos que expresan una voluntad nacional. Como el voto del electorado es un medio eficiente para constatar la existencia de dicha voluntad, todos los pasos intermedios que se den para alcanzar ese fin son igualmente constitucionales.
El domingo 24 de abril más de medio millón de panameños y panameñas concurrieron a depositar su voto con el siguiente resultado: 476 mil 716 votos afirmativos, 66 mil 447 votos negativos. En una relación de 7 a 1, triunfó el movimiento a favor de las reformas, lo que es un claro indicativo del apoyo que concitaba su contenido.
Resumamos de qué fuerzas estaba hecho el poder constituyente de ese momento: del mando de la Guardia Nacional, del liderazgo del poder civil de turno, de la aquiescencia de los llamados sectores populares agrupados en torno a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, del consenso entre los partidos políticos (los cuales abarcaban un amplio espectro de opciones ideológicas), de la participación de la sociedad civil, y del voto ampliamente mayoritario del electorado. No tenía entonces ningún sentido invocar la violación de las reglas contenidas en la cláusula reformatoria de la Constitución. Los que hoy sostienen que la quinta papeleta, que no es más que una consulta, es inconstitucional, no se dan cuenta que la Constitución que tanto parecen defender fue el fruto de la violación de esas mismas reglas. Si el criterio de los detractores de la quinta papeleta se aplicase a la actual Constitución, tendríamos que concluir que la actual Constitución es nula y que debe aplicarse la Constitución de 1972, tal como fue reformada en 1978.
Este es el absurdo al que se llega cuando se agita el fantasmita jurídico de que "las autoridades sólo pueden hacer lo que les autorizan las leyes" para impedir la formación de un pacto político a nivel nacional.
El mensaje que nos envían los políticos es que el cambio constitucional, cual acto mágico, resolverá todos los problemas de corrupción y mal gobierno que sufrimos; lo cual no es cierto. Se necesita mucho más que un acto legislativo para cambiar nuestra ausencia de espíritu cívico, respeto por el prójimo y a las leyes. Y eso lo saben los políticos.
Otra tema que anda dando vueltas por los medios, y que considero otra especie de solución mágica, es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América. Se nos quiere hacer ver que este TLC es una respuesta a todos nuestros males económicos, lo cual no es cierto. Para empezar, no es tarea fácil negociar con los gringos, si no pregúntenselo a los europeos y, en mi concepto, estamos muy lejos de negociar el bendito Tratado. Por el otro lado, Panamá es un país esencialmente agrícola y los gringos subsidian y protegen muy bien su sector agropecuario, como consistentemente lo han demostrado. Así que hay temas muy sensibles que discutir y está por determinar los verdaderos beneficios que acarrearía para el país un TLC con los gringos.
Hay otras consideraciones. La edad me ha hecho dudar de coincidencias, particularmente en tiempos de elecciones. El recién interés del gobierno de hacernos creer que estamos en las postrimerías del inicio de conversaciones formales con los gringos, me crea suspicacia. Y me pregunto: ¿Será verdad tanta belleza? No lo creo, y expongo mis razones: Parto del principio de que en sus negociaciones de tratados de libre comercio, aparte de proteger sus sectores agrícolas e industria siderurgia, los gringos incluyen en su agenda de discusión, además de temas de comercio y economía, asuntos relacionados con seguridad jurídica, transparencia y corrupción en el manejo de la cosa pública de la otra parte; por lo que se me hace difícil conciliar en mi mente el entusiasmo de nuestro gobierno y representantes diplomáticos en Washington por la impresión que crean de un pronto inicio de negociaciones formales con los gringos, con las declaraciones sobre los mencionados temas de corrupción, transparencia e inseguridad jurídica de la distinguida representante de ese país en Panamá. Asuntos que sin sombra de dudas aflorarán en toda negociación de libre comercio con los gringos. ¿Será que una parte del gobierno americano no habla con la otra? O sea que el Departamento de Comercio no se habla con el Departamento de Estado, ente responsable de la política exterior de Estados Unidos? Lo dudo. Aquí hay gato encerrado, y que me demuestren lo contrario.
Veamos las connotaciones. Si no es cierto que estamos pronto a negociar el tratado con los gringos, tesis a la cual me acojo, crear la doble impresión de que el TLC es la solución de nuestros problemas económicos y que estamos pronto a lograrlo, me crea el mal sabor de que se está utilizando el tema para fines políticos y le resta credibilidad a un proceso de particular importancia para la Nación.
Por el otro lado, si me equivoco en mi juicio y es cierto que se está en los albores de un proceso formal de negociación de un asunto tan delicado y crítico en tiempos de elecciones, ¿no se corre el riesgo de que se interprete esto como una intromisión partidista de los Estados Unidos para favorecer determinada candidatura? ¿Es correcto iniciar un proceso de negociación tan importante a sólo meses del cambio de gobierno? ¿No sería más prudente esperar el resultado de las elecciones y decidir entonces iniciar formalmente el proceso? Aconsejo lo último como sana medida para apartar el tema del proceso político y elevarlo al nivel de tema de Estado y no politiquería.
Le correspondió al General Paredes y al presidente Ricardo De La Espriella acordar con los partidos políticos un reforma más profunda que la "concedida" en 1978. El 19 de noviembre de 1982, el Consejo de Gabinete nombró la Comisión Revisora de la Constitución integrada por 16 miembros, siete de los cuales provenían de ternas enviadas por cada uno de los partidos políticos existentes. El 1 de diciembre de 1982 los comisionados dieron inicio a sus labores, y tras 120 días de sesiones, Jorge Fábrega, entonces presidente del Colegio de Abogados, sobre quien además recayó la responsabilidad de presidir la Comisión Revisora, envió al Presidente de la República el "Pliego de Reformas a la Constitución".
El "Pliego" estuvo acompañado de una lista de organizaciones de la sociedad civil (de trabajadores, empresarios, indígenas, mujeres, grupos cívicos, educadores, abogados, y muchas otras, que suman cerca de la centena) que enviaron propuestas y recomendaciones que fueron consideradas por la Comisión.
El 30 de marzo de 1983 el Consejo de Gabinete expidió una resolución mediante, la cual se convocaba a un referéndum para que los ciudadanos decidieran si aprobaban o no las reformas a la Constitución de 1972 propuestas por la Comisión Revisora. Se señaló el 24 de abril para la realización de los escrutinios; es decir, medió menos de un mes, entre que se conocieron las reformas propuestas y se acudió a las urnas a votar sobre ellas. Al Tribunal Electoral se le instruyó reglamentar dichos escrutinios, lo cual hizo inmediatamente a través de una extensa reglamentación de más de 60 artículos. Pero claro, siempre había un pequeño grupo que se oponía y que además demandó la inconstitucionalidad de todo el proceso.
Con inusual premura, la Corte Suprema expidió su fallo tres días antes de que se celebrase el torneo, y avaló la reforma tal como se había planteado. El máximo tribunal de justicia se fundamentó en que las Constituciones son pactos políticos que expresan una voluntad nacional. Como el voto del electorado es un medio eficiente para constatar la existencia de dicha voluntad, todos los pasos intermedios que se den para alcanzar ese fin son igualmente constitucionales.
El domingo 24 de abril más de medio millón de panameños y panameñas concurrieron a depositar su voto con el siguiente resultado: 476 mil 716 votos afirmativos, 66 mil 447 votos negativos. En una relación de 7 a 1, triunfó el movimiento a favor de las reformas, lo que es un claro indicativo del apoyo que concitaba su contenido.
Resumamos de qué fuerzas estaba hecho el poder constituyente de ese momento: del mando de la Guardia Nacional, del liderazgo del poder civil de turno, de la aquiescencia de los llamados sectores populares agrupados en torno a la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, del consenso entre los partidos políticos (los cuales abarcaban un amplio espectro de opciones ideológicas), de la participación de la sociedad civil, y del voto ampliamente mayoritario del electorado. No tenía entonces ningún sentido invocar la violación de las reglas contenidas en la cláusula reformatoria de la Constitución. Los que hoy sostienen que la quinta papeleta, que no es más que una consulta, es inconstitucional, no se dan cuenta que la Constitución que tanto parecen defender fue el fruto de la violación de esas mismas reglas. Si el criterio de los detractores de la quinta papeleta se aplicase a la actual Constitución, tendríamos que concluir que la actual Constitución es nula y que debe aplicarse la Constitución de 1972, tal como fue reformada en 1978.
Este es el absurdo al que se llega cuando se agita el fantasmita jurídico de que "las autoridades sólo pueden hacer lo que les autorizan las leyes" para impedir la formación de un pacto político a nivel nacional.
