Siguen fallando sobre reglamentación del transporte
El Ejecutivo recientemente ha elaborado dos documentos con el propósito de regular el transporte terrestre de pasajeros. Uno de los documentos se llama "Propuesta para Modernizar el Transporte Terrestre en Panamá" y el otro es el Anteproyecto de Ley por el cual se crea la Autoridad del Transporte.
Durante el gobierno del Presidente Endara se aprobó la Ley 14 que fue ampliamente discutida. Ahora el gobierno del Presidente Pérez Balladares viene con una nueva ley para tratar de mejorar el transporte. Sin embargo, tanto la ley de Endara como la de Pérez Balladares tienen fallas fundamentales. Por ser el transporte un problema complejo solamente me quiero referir a dos de esas fallas.
El transporte de pasajeros es una actividad económica de interés público, al igual que lo es la generación de energía, el suministro de agua, la telefonía, la explotación de los recursos naturales como petróleo, y en algunos países hasta la agricultura se considera de interés público. Cuando hay actividades de interés público, el gobierno tiene la necesidad de manejarlos para garantizar que:
1. La actividad se realice.
2. La actividad se realice a un precio moderado para el público o el usuario.
3. Los ingresos sean en beneficio de la nación.
Cuando el gobierno no puede o no quiere manejar él mismo estas actividades, porque no tiene la tecnología y porque los gobiernos se han dado cuenta que son ineficientes, lo adjudica a otros en "concesión", como por ejemplo Cable & Wireless y en el futuro el IRHE. La concesión se otorga en muchos casos a una sola empresa porque cuando una actividad es de interés público es necesaria su continuidad. Para garantizar continuidad no es saludable ponerla en un mercado de competencia, al menos que el mercado sea grande, que Panamá no es. La competencia puede crear caos y quiebras que causan discontinuidad en el servicio.
El gobierno le exige al concesionario que continúe el servicio, pero el concesionario también espera que al desarrollar la actividad va a recibir unos ingresos que superan sus costos, o sea, que le permiten una rentabilidad adecuada. Esta rentabilidad debe ser lo suficientemente sustancial para que el concesionario pueda hacer inversiones y expansiones que mejoren la calidad de sus operaciones. Para que esta rentabilidad se haga realidad se modifican las tarifas en forma periódica para que sean cónsonas con las realidades mundiales de aumentos de costos en material y equipos. Las tarifas también deben tener un sentido social para no encarecer mucho la canasta básica del pueblo.
Sin embargo, en materia de transporte, los gobiernos tanto de Endara como de Pérez Balladares no han enfocado el hecho fundamental que si no hay unas tarifas que garanticen un ingreso adecuado a los transportistas, éstos no pueden hacer inversiones en equipo nuevo porque no saben si pueden recuperar esa inversión.
El gobierno por más de 18 años no ha permitido un aumento en las tarifas. No contento con esto el gobierno, quien es que controla los cupos, a través de los años ha extendido nuevos cupos indiscriminadamente en diferentes rutas, diluyendo y distribuyendo entre muchos más los limitados ingresos. Hace solamente unos meses el gobierno autorizó 200 cupos de taxi para la ciudad de Panamá. Estos nuevos cupos sin duda afectan los ingresos de los taxis que ya estaban operando. También se inició una nueva ruta Panamá-Frontera que afecta las rutas ya existentes. En una actividad que es de interés público, el gobierno ha fomentado la competencia y con la nueva ley las intenciones son aún más marcadas. Según las palabras del señor Presidente ante un grupo del CONEP, unos meses atrás, le va a permitir a los nuevos concesionarios que puedan cobrar más porque van a traer nuevos buses. ¿Por qué no se le hace esta misma oferta a los presentes transportistas bajo la presente Ley 14?
En los últimos 20 años los gobiernos no le han dado al transporte la importancia que se merece. Lamentablemente, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre no ha tenido ni el personal ni la capacidad técnica para hacer estudios económicos que puedan arrojar o sugerir soluciones coherentes que garanticen la continuidad del servicio del transporte de pasajeros. La adjudicación de rutas y los cupos han sido en forma indiscriminada e improvisada y el tema de las tarifas era tabú. La tarifa promedio en el transporte urbano en Panamá es de B/.0.22, es difícil pagar un bus nuevo, con aire acondicionado, que cuesta más de B/.100,000 más su financiamiento, más los costos de operación y mantenimiento, con esa tarifa. Por eso es que se ven los buses tipo escuela que es lo que se puede pagar.
El nuevo anteproyecto de ley es importante para los transportistas porque el gobierno parece estar interesado en quitarle la concesión (o quitarles la ruta ya que en algunos casos no existe concesión aún) a ciertos transportistas, sin que a éstos se le pague compensación alguna. La nueva Autoridad del Transporte tendría la autoridad de hacerlo unilateralmente.
Además la nueva ley, al igual que la Ley 14, insisten en tener la autoridad de dictar qué tipo de vehículos se deben usar en cada ruta, con qué frecuencia se debe viajar en determinada ruta y qué cantidad de vehículos se debe usar. En luguar de modernizar, la ley está echando marcha atrás al reloj. ¿Cómo puede el gobierno dictarle a una empresa privada cómo va a manejar su negocio? ¿Acaso el gobierno le dice a Cable & Wireless qué cantidad de vehículos y qué tipo tiene que usar para atender los daños que reportan los clientes? El gobierno le ha permitido a Cable & Wireless determinar una estructura de tarifas según el tipo de usuario. ¿Por qué no se discute algo similar con el transporte?
Hay muchos artículos en que el nuevo Anteproyecto de Ley que crea la Autoridad del Transporte no atiende los verdaderos problemas del transporte y además lesiona gravemente los intereses de los transportistas que por más de una veintena de años ha desarrollado la actividad aun en la crisis nacional. El gobierno tiene la urgente necesidad y responsabilidad de negociar con ellos y no de actuar en forma unilateral.
Durante el gobierno del Presidente Endara se aprobó la Ley 14 que fue ampliamente discutida. Ahora el gobierno del Presidente Pérez Balladares viene con una nueva ley para tratar de mejorar el transporte. Sin embargo, tanto la ley de Endara como la de Pérez Balladares tienen fallas fundamentales. Por ser el transporte un problema complejo solamente me quiero referir a dos de esas fallas.
El transporte de pasajeros es una actividad económica de interés público, al igual que lo es la generación de energía, el suministro de agua, la telefonía, la explotación de los recursos naturales como petróleo, y en algunos países hasta la agricultura se considera de interés público. Cuando hay actividades de interés público, el gobierno tiene la necesidad de manejarlos para garantizar que:
1. La actividad se realice.
2. La actividad se realice a un precio moderado para el público o el usuario.
3. Los ingresos sean en beneficio de la nación.
Cuando el gobierno no puede o no quiere manejar él mismo estas actividades, porque no tiene la tecnología y porque los gobiernos se han dado cuenta que son ineficientes, lo adjudica a otros en "concesión", como por ejemplo Cable & Wireless y en el futuro el IRHE. La concesión se otorga en muchos casos a una sola empresa porque cuando una actividad es de interés público es necesaria su continuidad. Para garantizar continuidad no es saludable ponerla en un mercado de competencia, al menos que el mercado sea grande, que Panamá no es. La competencia puede crear caos y quiebras que causan discontinuidad en el servicio.
El gobierno le exige al concesionario que continúe el servicio, pero el concesionario también espera que al desarrollar la actividad va a recibir unos ingresos que superan sus costos, o sea, que le permiten una rentabilidad adecuada. Esta rentabilidad debe ser lo suficientemente sustancial para que el concesionario pueda hacer inversiones y expansiones que mejoren la calidad de sus operaciones. Para que esta rentabilidad se haga realidad se modifican las tarifas en forma periódica para que sean cónsonas con las realidades mundiales de aumentos de costos en material y equipos. Las tarifas también deben tener un sentido social para no encarecer mucho la canasta básica del pueblo.
Sin embargo, en materia de transporte, los gobiernos tanto de Endara como de Pérez Balladares no han enfocado el hecho fundamental que si no hay unas tarifas que garanticen un ingreso adecuado a los transportistas, éstos no pueden hacer inversiones en equipo nuevo porque no saben si pueden recuperar esa inversión.
El gobierno por más de 18 años no ha permitido un aumento en las tarifas. No contento con esto el gobierno, quien es que controla los cupos, a través de los años ha extendido nuevos cupos indiscriminadamente en diferentes rutas, diluyendo y distribuyendo entre muchos más los limitados ingresos. Hace solamente unos meses el gobierno autorizó 200 cupos de taxi para la ciudad de Panamá. Estos nuevos cupos sin duda afectan los ingresos de los taxis que ya estaban operando. También se inició una nueva ruta Panamá-Frontera que afecta las rutas ya existentes. En una actividad que es de interés público, el gobierno ha fomentado la competencia y con la nueva ley las intenciones son aún más marcadas. Según las palabras del señor Presidente ante un grupo del CONEP, unos meses atrás, le va a permitir a los nuevos concesionarios que puedan cobrar más porque van a traer nuevos buses. ¿Por qué no se le hace esta misma oferta a los presentes transportistas bajo la presente Ley 14?
En los últimos 20 años los gobiernos no le han dado al transporte la importancia que se merece. Lamentablemente, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre no ha tenido ni el personal ni la capacidad técnica para hacer estudios económicos que puedan arrojar o sugerir soluciones coherentes que garanticen la continuidad del servicio del transporte de pasajeros. La adjudicación de rutas y los cupos han sido en forma indiscriminada e improvisada y el tema de las tarifas era tabú. La tarifa promedio en el transporte urbano en Panamá es de B/.0.22, es difícil pagar un bus nuevo, con aire acondicionado, que cuesta más de B/.100,000 más su financiamiento, más los costos de operación y mantenimiento, con esa tarifa. Por eso es que se ven los buses tipo escuela que es lo que se puede pagar.
El nuevo anteproyecto de ley es importante para los transportistas porque el gobierno parece estar interesado en quitarle la concesión (o quitarles la ruta ya que en algunos casos no existe concesión aún) a ciertos transportistas, sin que a éstos se le pague compensación alguna. La nueva Autoridad del Transporte tendría la autoridad de hacerlo unilateralmente.
Además la nueva ley, al igual que la Ley 14, insisten en tener la autoridad de dictar qué tipo de vehículos se deben usar en cada ruta, con qué frecuencia se debe viajar en determinada ruta y qué cantidad de vehículos se debe usar. En luguar de modernizar, la ley está echando marcha atrás al reloj. ¿Cómo puede el gobierno dictarle a una empresa privada cómo va a manejar su negocio? ¿Acaso el gobierno le dice a Cable & Wireless qué cantidad de vehículos y qué tipo tiene que usar para atender los daños que reportan los clientes? El gobierno le ha permitido a Cable & Wireless determinar una estructura de tarifas según el tipo de usuario. ¿Por qué no se discute algo similar con el transporte?
Hay muchos artículos en que el nuevo Anteproyecto de Ley que crea la Autoridad del Transporte no atiende los verdaderos problemas del transporte y además lesiona gravemente los intereses de los transportistas que por más de una veintena de años ha desarrollado la actividad aun en la crisis nacional. El gobierno tiene la urgente necesidad y responsabilidad de negociar con ellos y no de actuar en forma unilateral.
