Sindéresis, ponderación y gobernabilidad
Las gestiones más salientes del hemisferio durante las últimas cinco décadas para promover el desarrollo fueron encomendadas principalmente a dos organizaciones internacionales, rectoras de la cooperación técnica y financiera: La OEA -en lo político, económico, social, educativo, científico y cultural- y el BID, en lo financiero. Otras instituciones especializadas -regionales y sub-regionales- en distintos campos del desarrollo, algunas aún existentes, conformaron el Sistema Interamericano. Los instrumentos políticos esenciales que marcaron las decisiones para cumplir los objetivos del desarrollo integral, se apoyaron en el Acta de Bogotá, 1948, y el Programa de la Alianza para el Progreso, 1960, impulsado por la ayuda económica masiva del Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica.
Aquellos instrumentos contribuyeron de manera significativa al progreso de los Estados miembros de la OEA, especialmente el fortalecimiento de instituciones nacionales existentes y a la creación de nuevas -promoviendo la estrecha colaboración entre ellas- a la formación agresiva de personal, y a la ejecución de numerosos proyectos, que significaron una etapa saliente en la creación de conciencia sobre la cooperación interamericana para promover el desarrollo nacional y continental. Sin embargo, a esta avanzada fecha, las reformas institucionales, consideradas esenciales para confrontar los serios problemas de desempleo y pobreza, siguen siendo objetivos pendientes de ser cumplidos.
Los frutos de las acciones quedaron cortos en el tiempo, en casos, por la falta de sostenibilidad de las acciones para consolidar procesos, y afectaron, en escala diversa, la productividad de las inversiones canalizadas.
En el caso de Panamá, la débil situación institucional señalada persiste. Se manifiesta en los entes administrativos públicos verticales que buscan objetivos puntuales, sin coherencia para cumplir propósitos comunes, íntimamente relacionados, para promover el desarrollo integral -empleo, educación, salud y vivienda- en asientos humanos equipados con la infraestructura básica (inversiones prioritarias, organización, y diseño de los espacios geográficos), para elevar el nivel de vida de la población y hacer sostenible el desarrollo humano (en el tiempo). La tarea requiere de una organización institucional y una programación, coherente y coordinada, para encauzar las capacidades y potencialidades a disposición del país. No obstante, los reiterados señalamientos de corrupción administrativa -ya endémica- y la falta de transparencia en las acciones públicas, el crecimiento económico para alcanzar el nivel de desarrollo requerido, parecería una utopía.
En Panamá, desde hace más de cinco décadas, se viene hablando de la distribución equitativa de las riquezas para permitir niveles adecuados de ingresos familiares. No obstante, la pobreza, el desempleo, la informalidad y la marginalidad aumentan. Históricamente, a partir de 1960, los programas de gobiernos sucesivos se preocuparon por el crecimiento económico -que no necesariamente distribuye equitativamente, sino en la práctica ha hecho más rico y los más pobres a los pobres- en vez de generar desarrollo que demanda la atención paralela a los requerimientos económicos y sociales de la población. Dada aquella realidad, cualquier programa contemporáneo que se diseñe, con sensibilidad social, sin prejuicios, para gestionar el bienestar colectivo y mejorar el nivel de desarrollo humano, tendrá que dar consideración especial al cumplimiento de una serie de acciones que en la actualidad impiden alcanzar el nivel de desarrollo requerido.
Por una parte están las acciones encaminadas a lograr: Más respeto a la Constitución y las leyes (el imperio de la ley culmina en el Estado de derecho), más equilibrio y colaboración entre los poderes, más desarrollo de los poderes locales, más descentralización del gasto público, más austeridad en los gastos públicos, más gobernabilidad, más seguridad jurídica, más igualdad de oportunidades, más democracia participativa, más empleos, más honestidad en la administración pública, más integridad eficiencia y responsabilidad del funcionario público (en especial los de las nóminas ejecutivas), más lealtad a las instituciones que a las personas, más ética en las conductas, más mística de trabajo, más reconocimiento al mérito, más transparencia en las ejecutorias públicas, más incentivos fiscales para estimular las inversiones privadas, más reflexión sobre las ventajas y desventajas de nuestra competitividad comercial en áreas específicas, más productividad, producción y exportaciones.
Por la otra, están los correctivos dirigidos a disminuir: el desempleo y la pobreza, las desigualdades sociales, la corrupción, las arbitrariedades, el despilfarro, la utilización del poder para beneficio propio, las improvisaciones, el clientelismo, los privilegios, el materialismo, el paternalismo, el nepotismo, el oportunismo, las exclusiones (por convicciones políticas, religiosas o antecedentes sociales y étnicos), la impunidad, la deuda improductiva, y la centralización administrativa.
La población panameña, noble y pacífica, está deseosa de enriquecerse con la crítica constructiva y los valores positivos sin los vicios nocivos; de vivir en un ambiente de seguridad y confianza; y de tolerancia y franqueza con respeto y solidaridad, liberada de toda causa que genera el odio social, la envidia, el desquite, el juega vivo, el egoísmo, la mentira, el engaño y el cinismo.
Aquellos instrumentos contribuyeron de manera significativa al progreso de los Estados miembros de la OEA, especialmente el fortalecimiento de instituciones nacionales existentes y a la creación de nuevas -promoviendo la estrecha colaboración entre ellas- a la formación agresiva de personal, y a la ejecución de numerosos proyectos, que significaron una etapa saliente en la creación de conciencia sobre la cooperación interamericana para promover el desarrollo nacional y continental. Sin embargo, a esta avanzada fecha, las reformas institucionales, consideradas esenciales para confrontar los serios problemas de desempleo y pobreza, siguen siendo objetivos pendientes de ser cumplidos.
Los frutos de las acciones quedaron cortos en el tiempo, en casos, por la falta de sostenibilidad de las acciones para consolidar procesos, y afectaron, en escala diversa, la productividad de las inversiones canalizadas.
En el caso de Panamá, la débil situación institucional señalada persiste. Se manifiesta en los entes administrativos públicos verticales que buscan objetivos puntuales, sin coherencia para cumplir propósitos comunes, íntimamente relacionados, para promover el desarrollo integral -empleo, educación, salud y vivienda- en asientos humanos equipados con la infraestructura básica (inversiones prioritarias, organización, y diseño de los espacios geográficos), para elevar el nivel de vida de la población y hacer sostenible el desarrollo humano (en el tiempo). La tarea requiere de una organización institucional y una programación, coherente y coordinada, para encauzar las capacidades y potencialidades a disposición del país. No obstante, los reiterados señalamientos de corrupción administrativa -ya endémica- y la falta de transparencia en las acciones públicas, el crecimiento económico para alcanzar el nivel de desarrollo requerido, parecería una utopía.
En Panamá, desde hace más de cinco décadas, se viene hablando de la distribución equitativa de las riquezas para permitir niveles adecuados de ingresos familiares. No obstante, la pobreza, el desempleo, la informalidad y la marginalidad aumentan. Históricamente, a partir de 1960, los programas de gobiernos sucesivos se preocuparon por el crecimiento económico -que no necesariamente distribuye equitativamente, sino en la práctica ha hecho más rico y los más pobres a los pobres- en vez de generar desarrollo que demanda la atención paralela a los requerimientos económicos y sociales de la población. Dada aquella realidad, cualquier programa contemporáneo que se diseñe, con sensibilidad social, sin prejuicios, para gestionar el bienestar colectivo y mejorar el nivel de desarrollo humano, tendrá que dar consideración especial al cumplimiento de una serie de acciones que en la actualidad impiden alcanzar el nivel de desarrollo requerido.
Por una parte están las acciones encaminadas a lograr: Más respeto a la Constitución y las leyes (el imperio de la ley culmina en el Estado de derecho), más equilibrio y colaboración entre los poderes, más desarrollo de los poderes locales, más descentralización del gasto público, más austeridad en los gastos públicos, más gobernabilidad, más seguridad jurídica, más igualdad de oportunidades, más democracia participativa, más empleos, más honestidad en la administración pública, más integridad eficiencia y responsabilidad del funcionario público (en especial los de las nóminas ejecutivas), más lealtad a las instituciones que a las personas, más ética en las conductas, más mística de trabajo, más reconocimiento al mérito, más transparencia en las ejecutorias públicas, más incentivos fiscales para estimular las inversiones privadas, más reflexión sobre las ventajas y desventajas de nuestra competitividad comercial en áreas específicas, más productividad, producción y exportaciones.
Por la otra, están los correctivos dirigidos a disminuir: el desempleo y la pobreza, las desigualdades sociales, la corrupción, las arbitrariedades, el despilfarro, la utilización del poder para beneficio propio, las improvisaciones, el clientelismo, los privilegios, el materialismo, el paternalismo, el nepotismo, el oportunismo, las exclusiones (por convicciones políticas, religiosas o antecedentes sociales y étnicos), la impunidad, la deuda improductiva, y la centralización administrativa.
La población panameña, noble y pacífica, está deseosa de enriquecerse con la crítica constructiva y los valores positivos sin los vicios nocivos; de vivir en un ambiente de seguridad y confianza; y de tolerancia y franqueza con respeto y solidaridad, liberada de toda causa que genera el odio social, la envidia, el desquite, el juega vivo, el egoísmo, la mentira, el engaño y el cinismo.
