Sistema acusatorio, mentiras y verdades
La implementación y adopción de nuevos estatutos e instituciones dentro de nuestro Sistema de Administración de Justicia -Nuevos Códigos Penal y Procesal Penal-, tienen como propósitos fundamentales adecuar la legalidad procesal y sustantiva del Estado a los derechos, libertades y garantías constitucionales y convencionales adoptados por el Estado de Derecho panameño. Por ello es necesario considerar los elementos o instrumentos que son realmente viables, operativos, eficaces, y más aún, cónsonos con la realidad social del país.
Sin embargo, y refiriéndonos de modo particular a la puesta en práctica del sistema de corte acusatorio, con el cual se resguardan los derechos y garantías fundamentales de todo ciudadano, debo advertir que éste, por sí solo, no tiene el poder de resolver el cúmulo de conflictos sociales por los que atraviesa nuestro país. Los mismos son consecuencia de años de terrible abstracción de unos pocos para el olvido de muchos: muchos que han sido víctimas del propio sistema en diversas circunstancias y facetas. Es por ello que quienes -o quien- pretendan creer que el sistema acusatorio per se habrá de resolver la problemática delincuencial -narcotráfico, lavado de dinero, corrupción, etc.-, es realmente ingenuo o se trata de un individuo que mucho cree.
Se requiere de muchos otros elementos, como cambios en la misma cultura jurídica, la idiosincrasia de los jueces y fiscales, también de los propios abogados litigantes, de todos los operadores del sistema de justicia, de un gran esfuerzo de planificación, así como de ejecución, a efectos de advertir eventuales soluciones a tales conflictos sociales que demandan justicia rápida, pronta e ininterrumpida, tal como lo pregonan los textos constitucionales. Para esto son imprescindibles los recursos dinerarios que permitan hacer realidad lo que bien se ha pretendido mediante la instauración del nuevo sistema de corte acusatorio y quizás más importante es el cambio de mentalidad para la consecución real de los fines trazados a través de éste.
Por eso, tal y como lo dejamos plasmado el pasado 27 de mayo, a raíz del Tercer Congreso Internacional sobre Prevención y Represión de los Delitos de Blanqueos de Capitales Relacionado con el Narcotráfico y Delitos Conexos, también se requiere el esfuerzo y la colaboración internacionales, entre ellos, la asistencia de países vecinos y circunvecinos para combatir flagelos que, como el narcolavado, las maras, las pandillas, etc., van socavando los pilares de la identidad y estabilidad del Estado, y con ello, lo peor: a las misma población panameña que cada día presenta mayores características de descomposición social.
El cambio es trascendental, máxime si consideramos que no estamos aún preparados para enfrentar los desafíos que presentan las nuevas modalidades del crimen organizado y que soliviantan la estructura financiera, económica y bancaria del Estado panameño, pudiendo dar al traste con nuestra juridicidad. Bienvenida toda iniciativa de reforma en estos pormenores, pero cuidado con desmantelar nuestro Derecho Comercial y Económico.
