Sistema público o sistema privado de pensiones
EL MEOLLO de los problemas, algunos reales y otros agrandados, de la Caja de Seguro Social es la situación del Programa de Vejez, Invalidez y Muerte. Por ello, las declaraciones recientes de su director, favorables a la sustitución del actual sistema de pensiones basado en el reparto solidario por otro de "cuentas individuales", que conllevaría entregarle a "administradoras privadas" el manejo de los miles de millones de balboas acumulados por los asegurados en el Fondo de Pensiones, son causa de justificada alarma.
Ni el director de la Caja ni ningún otro vocero oficial han dicho todavía cuáles son las "reformas profundas o integrales" que tienen en mente. Sin embargo, en los avances que han hecho, siempre que se refieren al sistema de pensiones incluyen comentarios muy en línea con la ambición de los grupos privados que, desde hace más de una década están obsesionados por manejar el dinero de las reservas del Fondo de Pensiones.
Si el gobierno apoya las ambiciones de los grupos privados que andan tras el control del Fondo de Pensiones del Seguro Social, ya es hora que dejen los tapujos y lo digan abiertamente. Si, en cambio, esa no es su intención, entonces, con mayor razón, deben aclarar sus intenciones.
En las últimas fechas, al igual que hace varios años, los promotores del sistema privado de pensiones venden la idea de que "la salvación de la Caja" está ineludiblemente casada a que ellos manejen el Fondo de Pensiones. Nunca he creído en la transparencia de sus intenciones. Su único interés es meter mano a sus reservas. Por eso, toda su argumentación está enfocada en ese sólo aspecto. A los otros problemas de la institución los pasan por alto, porque no les interesan. Si lograran su propósito, lo que después ocurra con la Caja de Seguro Social les tendría muy sin cuidado.
En la campaña para privatizar las pensiones, nuevamente se vuelve a recurrir al "modelo chileno" como si de la panacea se tratara. Pero se omite explicar que cuando en Chile se adoptó el régimen de pensiones privadas se trataba de corregir una situación diferente a la panameña. Allá existían 30 ó más "cajitas de pensiones", manejadas improductivamente tanto por instituciones privadas como públicas, que multiplicaban hasta el infinito los costos de administración. En otras palabras, un auténtico caos.
Por otra parte, tampoco se explica que si bien el nuevo sistema tuvo un aparente éxito inicial, debido a las altas tasas de retorno que obtenían las inversiones de sus reservas a comienzos de los noventa, después de un tiempo, cuando esos rendimientos bajaron, comenzaron los problemas que todavía persisten y que han convertido en espejismo las expectativas de sus cotizantes.
En el debate público sobre las reformas a la Caja de Seguro Social, antes de siquiera considerar medidas como el aumento de la edad de jubilación, de los años de cotización o del monto de la cuota obrero-patronal, hay que comenzar por zanjar la cuestión fundamental de la naturaleza del sistema de pensiones. Frente a ese tema central y básico, los otros aspectos resultan secundarios.
En un país como el nuestro, donde el reparto inequitativo de la riqueza ocasiona que la inmensa mayoría de los asegurados reciban salarios que rondan los 400 balboas mensuales, imponer un sistema de "cuentas individuales", en el que cada quien se pensionaría según lo que pueda ahorrar, traería como consecuencia el aumento de la masa indigentes. Sostener que los asalariados que reciben los ingresos más bajos, que apenas si alcanzan para subsistir, pueden mediante sus ahorros tener mejores pensiones es una burla trágica.
El gobierno, en un aparente afán de simular la participación ciudadana en el debate sobre las reformas a la seguridad social, ha abierto una oficina para recibir ideas e iniciativas sobre las posibles soluciones. En principio, por esa vía podrían conseguirse algunos aportes de valor, pero resultará absolutamente improductiva si antes el gobierno no pone sus cartas sobre la mesa y le dice al país, con toda claridad, si está a favor de mantener el actual sistema de reparto solidario o si, por el contrario, quiere sustituirlo por el modelo chileno de cuentas individuales.
Sobre el tema específico de la naturaleza del sistema de pensiones, la decisión final debe corresponderle a los asegurados y no a la Asamblea Nacional. Por eso, sugiero que el gobierno, antes de adelantar cualquier propuesta concreta sobre cambios al Seguro Social, les consulte, concretamente, qué sistema prefieren. Una imposición inconsulta en ese aspecto, por muy bien intencionada que sea, sería desastrosa.
Ni el director de la Caja ni ningún otro vocero oficial han dicho todavía cuáles son las "reformas profundas o integrales" que tienen en mente. Sin embargo, en los avances que han hecho, siempre que se refieren al sistema de pensiones incluyen comentarios muy en línea con la ambición de los grupos privados que, desde hace más de una década están obsesionados por manejar el dinero de las reservas del Fondo de Pensiones.
Si el gobierno apoya las ambiciones de los grupos privados que andan tras el control del Fondo de Pensiones del Seguro Social, ya es hora que dejen los tapujos y lo digan abiertamente. Si, en cambio, esa no es su intención, entonces, con mayor razón, deben aclarar sus intenciones.
En las últimas fechas, al igual que hace varios años, los promotores del sistema privado de pensiones venden la idea de que "la salvación de la Caja" está ineludiblemente casada a que ellos manejen el Fondo de Pensiones. Nunca he creído en la transparencia de sus intenciones. Su único interés es meter mano a sus reservas. Por eso, toda su argumentación está enfocada en ese sólo aspecto. A los otros problemas de la institución los pasan por alto, porque no les interesan. Si lograran su propósito, lo que después ocurra con la Caja de Seguro Social les tendría muy sin cuidado.
En la campaña para privatizar las pensiones, nuevamente se vuelve a recurrir al "modelo chileno" como si de la panacea se tratara. Pero se omite explicar que cuando en Chile se adoptó el régimen de pensiones privadas se trataba de corregir una situación diferente a la panameña. Allá existían 30 ó más "cajitas de pensiones", manejadas improductivamente tanto por instituciones privadas como públicas, que multiplicaban hasta el infinito los costos de administración. En otras palabras, un auténtico caos.
Por otra parte, tampoco se explica que si bien el nuevo sistema tuvo un aparente éxito inicial, debido a las altas tasas de retorno que obtenían las inversiones de sus reservas a comienzos de los noventa, después de un tiempo, cuando esos rendimientos bajaron, comenzaron los problemas que todavía persisten y que han convertido en espejismo las expectativas de sus cotizantes.
En el debate público sobre las reformas a la Caja de Seguro Social, antes de siquiera considerar medidas como el aumento de la edad de jubilación, de los años de cotización o del monto de la cuota obrero-patronal, hay que comenzar por zanjar la cuestión fundamental de la naturaleza del sistema de pensiones. Frente a ese tema central y básico, los otros aspectos resultan secundarios.
En un país como el nuestro, donde el reparto inequitativo de la riqueza ocasiona que la inmensa mayoría de los asegurados reciban salarios que rondan los 400 balboas mensuales, imponer un sistema de "cuentas individuales", en el que cada quien se pensionaría según lo que pueda ahorrar, traería como consecuencia el aumento de la masa indigentes. Sostener que los asalariados que reciben los ingresos más bajos, que apenas si alcanzan para subsistir, pueden mediante sus ahorros tener mejores pensiones es una burla trágica.
El gobierno, en un aparente afán de simular la participación ciudadana en el debate sobre las reformas a la seguridad social, ha abierto una oficina para recibir ideas e iniciativas sobre las posibles soluciones. En principio, por esa vía podrían conseguirse algunos aportes de valor, pero resultará absolutamente improductiva si antes el gobierno no pone sus cartas sobre la mesa y le dice al país, con toda claridad, si está a favor de mantener el actual sistema de reparto solidario o si, por el contrario, quiere sustituirlo por el modelo chileno de cuentas individuales.
Sobre el tema específico de la naturaleza del sistema de pensiones, la decisión final debe corresponderle a los asegurados y no a la Asamblea Nacional. Por eso, sugiero que el gobierno, antes de adelantar cualquier propuesta concreta sobre cambios al Seguro Social, les consulte, concretamente, qué sistema prefieren. Una imposición inconsulta en ese aspecto, por muy bien intencionada que sea, sería desastrosa.
