Sobre cumbres, planes y vuelos
Pudo ser que el fallido CMA comenzara como un noble propósito, pero en el camino se convirtió en una paradoja espantosa y casi imposible de justificar. La estocada final se dio cuando los interlocutores militares estadounidenses exigieron la presencia en suelo panameño de 5 mil tropas y más de 50 aviones para continuar con un esfuerzo bélico inocuo, y que hasta entonces habían llevado a cabo como método para eliminar ese gran flagelo que azota a las sociedades prósperas del mundo entero.
Una noticia titular de este diario (El Panamá América, sábado 21 de abril de 2001) informaba que, durante la cumbre de Quebec, el presidente norteamericano George Bush ofreció, dentro del marco del llamado Plan Colombia, una ayuda de 850 millones de dólares a las naciones que limitan con dicho país. A pesar de que no se establecieron los montos que recibirán cada uno de los estados involucrados, como tampoco la forma en que este subsidio será materializado para solventar tal delicado asunto, consideré la acción como una loable postura, siempre y cuando la misma no estuviese dirigida a militarizar - más de lo que ya está - los esfuerzos regionales para erradicar el narcotráfico.
Sin embargo, una crónica secundaria de la misma fecha - pero también en la primera página del rotativo en referencia - citaba unas declaraciones del vicecanciller Harmodio Arias referentes al sobrevuelo y aterrizaje de aviones militares estadounidenses en suelo panameño. La curiosidad tocó a mi puerta cuando el alto funcionario aseveró que "los vuelos de los aviones norteamericanos que están aterrizando en Tocumen obedecen a un contrato firmado entre el Comando Sur acantonado en Miami, y una empresa privada norteamericana que está radicada en este país y les brinda un servicio a éstos". Más adelante, y para aumentar más la creciente suspicacia sobre el asunto que nos ocupa, el burócrata nacional agregó otra rebuscada explicación: "Se trata de vuelos entre Honduras, Colombia y Ecuador, y como Panamá es un lugar estratégico, el propietario del negocio se estableció en 1997 en Tocumen, porque la distancia era más corta".
La duda duró poco, pues pronto saltó la liebre. El lunes recién pasado los medios locales informaron sobre la insistencia de los Estados Unidos de América para que la República de Panamá acepte el acuerdo de fuerzas visitantes como condición indispensable para avanzar en otros asuntos pendientes entre ambos países. La presión llegó a tal nivel que el propio canciller José Miguel Alemán confirmó la renuencia estadounidense de tratar temas desvinculados con la solicitud de marras - tales como la limpieza de los polígonos contaminados con pertrechos no detonados y una iniciativa de la ACP para trabajar en conjunto con agencias federales norteamericanas - hasta tanto el Gobierno no aprobara el convenio arriba expuesto.
Lo que más me preocupa de todo esto, y a pesar de que el Ottawa Citizen publicara un artículo (22 de abril de 2001) sobre la contaminación con armas químicas en la isla de San José por los Estados Unidos de América y Canadá (faltándole Gran Bretaña, pues dicho trío decidió colaborar estrechamente en el desarrollo y pruebas de equipos bélicos no convencionales en Australia, India, la provincia canadiense de Alberta, el estado de la Florida y un sector del archipiélago de Las Perlas en Panamá) es la peligrosa contradicción pública entre altísimos dignatarios de la presente administración sobre cuestiones en extremo delicadas para con el bienestar de nuestro país.
Luego de la denuncia del canciller José Miguel Alemán se produjo una aclaración adversa por parte de Washington. La reacción era de esperarse. Lo que me dejó confuso fueron las declaraciones de la presidenta Mireya Moscoso respecto al tema, tanto por el contraste abrupto con lo que manifestara el encargado de nuestras relaciones internacionales, como por la negativa a suscribir el acuerdo de fuerzas visitantes que ha pregonado en repetidas ocasiones, pero tolerando - al mismo tiempo - los vuelos militares a Tocumen, junto a la intromisión de fuerzas extranjeras en territorio panameño para la captura y traslado de supuestos capos del narcotráfico internacional.
¡Por favor!
Una noticia titular de este diario (El Panamá América, sábado 21 de abril de 2001) informaba que, durante la cumbre de Quebec, el presidente norteamericano George Bush ofreció, dentro del marco del llamado Plan Colombia, una ayuda de 850 millones de dólares a las naciones que limitan con dicho país. A pesar de que no se establecieron los montos que recibirán cada uno de los estados involucrados, como tampoco la forma en que este subsidio será materializado para solventar tal delicado asunto, consideré la acción como una loable postura, siempre y cuando la misma no estuviese dirigida a militarizar - más de lo que ya está - los esfuerzos regionales para erradicar el narcotráfico.
Sin embargo, una crónica secundaria de la misma fecha - pero también en la primera página del rotativo en referencia - citaba unas declaraciones del vicecanciller Harmodio Arias referentes al sobrevuelo y aterrizaje de aviones militares estadounidenses en suelo panameño. La curiosidad tocó a mi puerta cuando el alto funcionario aseveró que "los vuelos de los aviones norteamericanos que están aterrizando en Tocumen obedecen a un contrato firmado entre el Comando Sur acantonado en Miami, y una empresa privada norteamericana que está radicada en este país y les brinda un servicio a éstos". Más adelante, y para aumentar más la creciente suspicacia sobre el asunto que nos ocupa, el burócrata nacional agregó otra rebuscada explicación: "Se trata de vuelos entre Honduras, Colombia y Ecuador, y como Panamá es un lugar estratégico, el propietario del negocio se estableció en 1997 en Tocumen, porque la distancia era más corta".
La duda duró poco, pues pronto saltó la liebre. El lunes recién pasado los medios locales informaron sobre la insistencia de los Estados Unidos de América para que la República de Panamá acepte el acuerdo de fuerzas visitantes como condición indispensable para avanzar en otros asuntos pendientes entre ambos países. La presión llegó a tal nivel que el propio canciller José Miguel Alemán confirmó la renuencia estadounidense de tratar temas desvinculados con la solicitud de marras - tales como la limpieza de los polígonos contaminados con pertrechos no detonados y una iniciativa de la ACP para trabajar en conjunto con agencias federales norteamericanas - hasta tanto el Gobierno no aprobara el convenio arriba expuesto.
Lo que más me preocupa de todo esto, y a pesar de que el Ottawa Citizen publicara un artículo (22 de abril de 2001) sobre la contaminación con armas químicas en la isla de San José por los Estados Unidos de América y Canadá (faltándole Gran Bretaña, pues dicho trío decidió colaborar estrechamente en el desarrollo y pruebas de equipos bélicos no convencionales en Australia, India, la provincia canadiense de Alberta, el estado de la Florida y un sector del archipiélago de Las Perlas en Panamá) es la peligrosa contradicción pública entre altísimos dignatarios de la presente administración sobre cuestiones en extremo delicadas para con el bienestar de nuestro país.
Luego de la denuncia del canciller José Miguel Alemán se produjo una aclaración adversa por parte de Washington. La reacción era de esperarse. Lo que me dejó confuso fueron las declaraciones de la presidenta Mireya Moscoso respecto al tema, tanto por el contraste abrupto con lo que manifestara el encargado de nuestras relaciones internacionales, como por la negativa a suscribir el acuerdo de fuerzas visitantes que ha pregonado en repetidas ocasiones, pero tolerando - al mismo tiempo - los vuelos militares a Tocumen, junto a la intromisión de fuerzas extranjeras en territorio panameño para la captura y traslado de supuestos capos del narcotráfico internacional.
¡Por favor!
