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Sobre el uso del Fondo Fiduciario


Lo positivo del debate público que estalló a raíz de las declaraciones de representantes del gobierno entrante y del saliente sobre el Fondo Fiduciario producto de las privatizaciones es que todos hemos adquirido información que de otra forma no hubiésemos conocido, la cual nos permite evaluar propuestas y hasta generar algunas propias.
Como medida temporal, nos parece sabia la decisión del gobierno que estableció el Fondo Fiduciario de depositar a corto plazo los fondos en bancos extranjeros de reconocida solvencia. Y, por otro lado, nos parece descabellado e irresponsable proponer desgravar estos fondos para utilizarlos en el gasto o inversión pública a corto plazo. Pero más concretamente proponemos que el Fondo Fiduciario tenga como objeto invertir los fondos para generar réditos razonables y seguros que contribuyan a la inversión social y para impulsar a la economía nacional.
Al depositar los fondos a corto plazo en bancos extranjeros se podrá estar logrando réditos razonables y seguros, pero los beneficios para la economía nacional son imperceptibles. De hecho, estos depósitos también pudieron haberse hecho en instituciones bancarias locales de reconocida solvencia (como, por ejemplo, Banco General, que cuenta con calificaciones similares a las de los bancos escogidos por el Fondo), quienes hubieran hecho lo mismo que hicieron los extranjeros, a saber, recibir los fondos, comprometerse a pagar una tasa competitiva y depositarlos con otras instituciones financieras para ganarse un pequeño margen.
Al depositar los fondos en esta forma, sin embargo, el gobierno esquivó enfrentar la dura decisión de cómo lograr el segundo objetivo arriba propuesto, es decir, cómo canalizar los fondos para que generen actividad económica en el país. Quizá el subcontralor Gustavo Pérez acierta al indicar que el centro bancario nacional no puede absorber de una sola vez los 1,300 millones de balboas. Pero no cabe duda que podría adquirir liquidez fresca a través de programas promovidos por el Fondo, tales como la titularización de carteras hipotecarias residenciales y hasta comerciales.
No estamos proponiendo que la totalidad del Fondo sea utilizado en esta forma. Este debe contar un portafolio o inventario de inversiones balanceado a corto, mediano y largo plazo. Pero para establecer el marco legal que permita lo anterior se requiere un estudio profundo por profesionales idóneos y desinteresados y luego una administración transparente, equilibrada y responsable. Todo esto es viable, siempre y cuando se haga en un marco apolítico, cosa que la clase política nacional debe aceptar.




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