Sobre la reestructuración de empresas
En días pasados reconocíamos la conveniencia del proyecto de ley 140, por el cual se crea un régimen especial de reestructuración financiera de empresas con problemas de insolvencia. Las empresas son generadoras de riqueza y sus activos deben ser protegidos, especialmente en tiempos difíciles, de manera que se mantengan productivos y únicamente desaparezcan en situaciones extremas. En la actualidad, las empresas que operan en Panamá que caen en problemas financieros tienen una sola opción: la quiebra. Aunque esa alternativa es un mecanismo probado para ordenadamente repartir los activos de un deudor, resulta una medida extrema en la cual usualmente todos pierden: deudores, trabajadores, acreedores y la economía nacional.
El anteproyecto de ley pretende crear un mecanismo previo a esa solución radical. Aspira a introducir una herramienta legal que brinde a los deudores una oportunidad para poner la casa en orden y continuar operando bajo circunstancias acordadas con los acreedores conforme a un plan de reestructuración. Expresamente exceptuadas están aquellas situaciones en las cuales el deudor ha cometido actos fraudulentos o dolosos que hayan causado la insolvencia.
Para servir de ente responsable de atender las solicitudes de reestructuración financiera de empresas se ha sugerido inicialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esa selección obedece a la favorable reputación adquirida por esa institución desde la adopción de la ley de valores y desde su instalación en 1999, principalmente entre la comunidad financiera. No se quiso someter estos asuntos a los tribunales de justicia, por la lentitud de los procesos judiciales. Tampoco se quiso crear una nueva institución por los costos para el Estado.
El problema con esta propuesta de ente regulador es que, como bien apunta la propia CNV, la naturaleza de sus atribuciones discrepa significativamente de la naturaleza de las funciones requeridas para el ente responsable de las futuras reestructuraciones. La CNV regula únicamente el mercado de valores, los intermediarios que se agitan en el mismo y las empresas que obtienen recursos a través del mismo. En total suman poco menos de 300 empresas.
De hecho, los que prepararon el anteproyecto ya prohijado por la Asamblea reconocen que eligieron a la CNV porque era la alternativa menos mala. Sin embargo, así no se legisla. Por apresuramiento y mezquindad, perjudicarían a una institución que tiene sus propias limitaciones presupuestarias y que recién comienza a promulgar los reglamentos que desarrollan una ley de avanzada y a sentirse cómoda en su actuación dado el cúmulo de la experiencia adquirida. El Ejecutivo y la Asamblea harían bien en analizar a fondo este aspecto de la ley para asegurarse que no cree mayores perjuicios que beneficios para el país.
El anteproyecto de ley pretende crear un mecanismo previo a esa solución radical. Aspira a introducir una herramienta legal que brinde a los deudores una oportunidad para poner la casa en orden y continuar operando bajo circunstancias acordadas con los acreedores conforme a un plan de reestructuración. Expresamente exceptuadas están aquellas situaciones en las cuales el deudor ha cometido actos fraudulentos o dolosos que hayan causado la insolvencia.
Para servir de ente responsable de atender las solicitudes de reestructuración financiera de empresas se ha sugerido inicialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV). Esa selección obedece a la favorable reputación adquirida por esa institución desde la adopción de la ley de valores y desde su instalación en 1999, principalmente entre la comunidad financiera. No se quiso someter estos asuntos a los tribunales de justicia, por la lentitud de los procesos judiciales. Tampoco se quiso crear una nueva institución por los costos para el Estado.
El problema con esta propuesta de ente regulador es que, como bien apunta la propia CNV, la naturaleza de sus atribuciones discrepa significativamente de la naturaleza de las funciones requeridas para el ente responsable de las futuras reestructuraciones. La CNV regula únicamente el mercado de valores, los intermediarios que se agitan en el mismo y las empresas que obtienen recursos a través del mismo. En total suman poco menos de 300 empresas.
De hecho, los que prepararon el anteproyecto ya prohijado por la Asamblea reconocen que eligieron a la CNV porque era la alternativa menos mala. Sin embargo, así no se legisla. Por apresuramiento y mezquindad, perjudicarían a una institución que tiene sus propias limitaciones presupuestarias y que recién comienza a promulgar los reglamentos que desarrollan una ley de avanzada y a sentirse cómoda en su actuación dado el cúmulo de la experiencia adquirida. El Ejecutivo y la Asamblea harían bien en analizar a fondo este aspecto de la ley para asegurarse que no cree mayores perjuicios que beneficios para el país.
