Sociedad civil y las reformas electorales
Una elección siempre ha sido y será un reto para las democracias. Perfeccionar y consolidar los avances de la democracia electoral siguen siendo desafíos para las democracias modernas; sin embargo, sin lugar a dudas, sus nuevos retos son la participación y la inclusión.
Nuestro sistema electoral hace que la participación en la discusión permanente de temas político-electoral sea a través de los partidos políticos, como organismos funcionales de la Nación panameña, (Consejo Nacional de Partidos Políticos), sin embargo, hay un alto porcentaje de panameños que no se sienten representados por estas organizaciones.
Los partidos políticos siguen ejerciendo la política a través de una sola función dentro de nuestra sociedad: la búsqueda del poder político, olvidando que la política procura el bienestar de las personas, por lo que se hace urgente volver a considerarla como la máxima expresión de la solidaridad social. Por otro lado, aquella función de intermediario entre la sociedad y el Estado es ejercida de manera precaria, ya no representan la diversidad de la sociedad.
Los actores tradicionales han evidenciado limitaciones y deficiencias que han fortalecido y consolidado las organizaciones de la sociedad civil. El clientelismo y el concepto patrimonial de la administración pública son una muestra de ello.
La participación política, desde el simple interés hasta el involucrarse en los asuntos de interés público y político, no tiene que ser necesariamente sólo a través de los partidos políticos y mucho menos cuando la democracia está recuperando y consolidando aquella dimensión participativa que había quedado relegada.
Para justificar la participación de la sociedad civil, su legitimidad no debe basarse en la representación surgida de las urnas, pues en este caso, no es para la toma de decisiones por delegación, sino para participar en la elaboración de decisiones o en ejecutorias de iniciativas gubernamentales.
Nuestro organismo electoral ha comprendido que la discusión de los temas electorales, como temas de interés público, no pueden ser monopolio de los organismos electorales y los partidos políticos y por ello ha venido fortaleciendo la participación de la ciudadanía, a través de las organizaciones sociales, que no es más que la sociedad organizada en sujetos sociales, en las comisiones de reformas electorales, que se han instaurado después de cada elección, desde el año de 1991.
El camino para las organizaciones de la sociedad civil no ha sido fácil, ya que ha habido resistencia en reconocer el derecho, pero sobre todo el deber, de esta a participar en los asuntos políticos. Se ha dicho equívocamente que las organizaciones sociales pretenden sustituir aquella función de los partidos políticos, cosa que no es cierta; sin embargo, este nuevo actor tiene un peso cierto que se fortalece frente al pobre desempeño de los partidos políticos que han ido perdiendo legitimidad, credibilidad y representatividad.
Al recuperar la democracia aquella dimensión participativa, es conveniente establecer una diferencia específica entre partidos políticos y sociedad civil que hagan posible su mutuo reconocimiento, en vez de excluirse mutuamente. Mientras la vocación de los partidos es gobernar, la de la sociedad civil es que la gobiernen bien. No se disputa el poder, pero se ejerce presión sobre quienes lo detentan, y se reclama participación, al menos en el proceso de formación de las decisiones.
Una democracia de mayor calidad supone que la ciudadanía, de manera organizada, tiene el derecho y el deber de la participación. Con la ello se contribuye a la gobernabilidad y al fortalecimiento de la democracia.
Con la próxima reforma electoral, la sociedad civil, a través del Foro Ciudadano Pro Reformas Electorales, pretende lograr un mejoramiento integral de nuestro sistema electoral, que implique la participación del actor principal de la democracia en los temas políticos y que el mismo sea más incluyente, es decir, que se garantice de manera real el derecho al sufragio de todos y todas; tal como está, se violenta el derecho humano de votar y ser elegidos que tenemos todos los panameños.
Por otro lado, hay que reflexionar que para el logro de esa pretensión, que significan cambios profundos en nuestro sistema electoral, se requiere de una reforma constitucional que debe actualizar las instituciones y consolidar el sistema democrático panameño; (por ejemplo: la revocatoria de mandato ciudadana a los diputados (sean de partido o por libre postulación). Es importante que el contenido de nuestra Carta Magna cumpla el cometido de la redacción del preámbulo de la misma. Esta manifiesta que la misma se decreta “con el fin supremo de fortalecer la Nación, garantizar la libertad, asegurar la democracia y la estabilidad institucional, exaltar la dignidad humana, promover la justicia social, el bienestar general y la integración regional…”.
