Solución o error
Ha vuelto a ser de actualidad la mal llamada "Ley Faúndes", porque la intención que llevó a su aprobación nunca fue la de aplicarla en el caso del ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia de ese nombre, habida cuenta que el Lic. Faúndes tenía por ley prescrito un período fijo para el desempeño de su cargo, que le permitía continuar en el mismo más allá de la edad tope que la precitada ley estipula para poder ejercer un cargo público.
En realidad lo que se perseguía era limitar el derecho de los panameños de trabajar para el Estado por razón de haber superado los 75 años de edad, sin ningún otro tipo de consideración.
Durante el actual régimen legislativo, en cada período de sesiones se presentaron proyectos para eliminar del todo esta ley discriminatoria, que atenta contra claros principios de orden constitucional, como el de que no habrá fueros ni privilegios a causa de la edad, sexo, o raza entre los más importantes. Y es el caso que eso es lo que establece la ley que comento, más después de su reciente modificación, para exceptuar de su aplicación a los docentes de las universidades publicas, y a los miembros del Servicio Exterior, condición impuesta por la célula de la mayoría parlamentaria del momento, para no rechazar de plano la total derogación de la ley.
El argumento que se esgrimió para favorecer a los educadores, fue el de que éstos habían adquirido, a través de sus largos años de docencia, una experiencia preciosa que no debía desecharse e igual se alegó en el caso de los diplomáticos, quienes convenían que fueran los más experimentados para estas tareas independientemente de la edad.
Lo extraño de todo es que este alegato se puede aplicar también al resto de los servidores públicos, que con el transcurso de los años acumulan experiencias cada vez mayores, difícilmente superadas por otros de menor edad, y cuya eliminación sin otro tipo de justificación, puede resentir la eficiencia y efectividad de la Administración Pública en términos generales. Pero esta consideración fue dejada de lado por los que rechazaron la eliminación de la Ley Faúndes, a pesar de que al hacerlo así se discriminaba contra un apreciable y distinguido grupo de servidores del Estado que aún cumplían, con reconocida capacidad, las funciones de sus cargos, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda clase, con la insólita justificación de que a la juventud hay que darle paso, aunque no se haya ganado con méritos suficientes ese derecho, al compararlos imparcialmente con el valioso aporte de personas de mayor edad y experiencia.
En otras latitudes, incluyendo países más avanzados y desarrollados que el nuestro, es norma común mantener activos a los servidores públicos hasta que sus condiciones físicas y mentales exijan su retiro definitivo.
Si bien somos conscientes que tenemos una obligación con nuestra juventud, en cuanto a crear las fuentes de empleo necesarias para absorber la creciente oferta laboral que existe en el país, simplemente no consideramos que los mecanismos utilizados por esta ley sean los más apropiados y convenientes.
El Estado debe concentrar sus esfuerzos en crear el clima de seguridad necesario en el orden social y legal, que permita atraer y garantizar la permanencia de la inversión privada, aprovechando la experiencia de las personas de mayor edad, para que los jóvenes de hoy aprendan rápidamente lo que de les tomaría toda una vida asimilar
Ahora que estamos a escasos meses de renovar los órganos del Estado, mediante las elecciones en mayo, y que los que pretenden formar parte de ellos, pero aún más importante los candidatos presidenciales, actuando como voceros de sus respectivos partidos, están dando a conocer sus programas de gobierno de ser electos, exhorto a los panameños para que exijamos la derogatoria de la mal llamada Ley Faúndes, en defensa de los derechos de los ciudadanos de mayor edad, recordando que a los jóvenes de hoy les será también aplicada, porque el tiempo no perdona, y actúa como el mayor nivelador en esta clase de injusticias.
En realidad lo que se perseguía era limitar el derecho de los panameños de trabajar para el Estado por razón de haber superado los 75 años de edad, sin ningún otro tipo de consideración.
Durante el actual régimen legislativo, en cada período de sesiones se presentaron proyectos para eliminar del todo esta ley discriminatoria, que atenta contra claros principios de orden constitucional, como el de que no habrá fueros ni privilegios a causa de la edad, sexo, o raza entre los más importantes. Y es el caso que eso es lo que establece la ley que comento, más después de su reciente modificación, para exceptuar de su aplicación a los docentes de las universidades publicas, y a los miembros del Servicio Exterior, condición impuesta por la célula de la mayoría parlamentaria del momento, para no rechazar de plano la total derogación de la ley.
El argumento que se esgrimió para favorecer a los educadores, fue el de que éstos habían adquirido, a través de sus largos años de docencia, una experiencia preciosa que no debía desecharse e igual se alegó en el caso de los diplomáticos, quienes convenían que fueran los más experimentados para estas tareas independientemente de la edad.
Lo extraño de todo es que este alegato se puede aplicar también al resto de los servidores públicos, que con el transcurso de los años acumulan experiencias cada vez mayores, difícilmente superadas por otros de menor edad, y cuya eliminación sin otro tipo de justificación, puede resentir la eficiencia y efectividad de la Administración Pública en términos generales. Pero esta consideración fue dejada de lado por los que rechazaron la eliminación de la Ley Faúndes, a pesar de que al hacerlo así se discriminaba contra un apreciable y distinguido grupo de servidores del Estado que aún cumplían, con reconocida capacidad, las funciones de sus cargos, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda clase, con la insólita justificación de que a la juventud hay que darle paso, aunque no se haya ganado con méritos suficientes ese derecho, al compararlos imparcialmente con el valioso aporte de personas de mayor edad y experiencia.
En otras latitudes, incluyendo países más avanzados y desarrollados que el nuestro, es norma común mantener activos a los servidores públicos hasta que sus condiciones físicas y mentales exijan su retiro definitivo.
Si bien somos conscientes que tenemos una obligación con nuestra juventud, en cuanto a crear las fuentes de empleo necesarias para absorber la creciente oferta laboral que existe en el país, simplemente no consideramos que los mecanismos utilizados por esta ley sean los más apropiados y convenientes.
El Estado debe concentrar sus esfuerzos en crear el clima de seguridad necesario en el orden social y legal, que permita atraer y garantizar la permanencia de la inversión privada, aprovechando la experiencia de las personas de mayor edad, para que los jóvenes de hoy aprendan rápidamente lo que de les tomaría toda una vida asimilar
Ahora que estamos a escasos meses de renovar los órganos del Estado, mediante las elecciones en mayo, y que los que pretenden formar parte de ellos, pero aún más importante los candidatos presidenciales, actuando como voceros de sus respectivos partidos, están dando a conocer sus programas de gobierno de ser electos, exhorto a los panameños para que exijamos la derogatoria de la mal llamada Ley Faúndes, en defensa de los derechos de los ciudadanos de mayor edad, recordando que a los jóvenes de hoy les será también aplicada, porque el tiempo no perdona, y actúa como el mayor nivelador en esta clase de injusticias.
