Soluciones a medias
La televisión nos ha permitido saber del esfuerzo por una funcionaria superior del Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, para sacarle la pólvora al cartucho o, si se quiere, en desmovilizar a los integrantes de las bandas juveniles e incorporarlos a cursos de socialización y capacitación laboral. Así parece haber recogido la bandera enarbolada de un pastor (¿evangélico?) de la ciudad de Colón, que en un entorno mucho más crítico, a través de la persuasión religiosa y su esfuerzo más que heroico, logró que las bandas locales cesen hostilidades, prediquen armonía y soliciten capacitación seguida de trabajos lícitos.
El empeño en responder a estos clamores de salvación terrenal retrata la iniciativa de esta dama, que rebasó las limitaciones propias de la mentalidad curativa y se ha lanzado a una labor de prevención, con pasión nada menos que loable. Sin embargo, no podemos dejarnos arrastrar por la simpatía hacia tan positivo empeño, perderíamos la objetividad imprescindible para soluciones justas e integrales. El conflicto no hace peligrar la existencia del colectivo nacional, pero sí genera dudas en torno a la viabilidad de nuestras generaciones de relevo.
Palabras de aprobación y aliento no pueden ocultar la realidad: el esfuerzo desarrollado por la dama mencionada sigue siendo su accionar solitario, a lo sumo multiplicado por la colaboración de los pocos subalternos que pueda dedicar a esa labor tan encomiable. ¡Una golondrina no hace verano!. Lejos de enfoques derrotistas, a nuestro comentario respondemos que, aunque una golondrina no haga verano, sí constituye un anuncio de la proximidad del mismo, cuando su arribo sea confirmado por la llegada de la bandada en migración ¿Qué queremos decir con esta expresión metafórica? Sólo que el remedio no vendrá de la mano del esfuerzo personal, solitario, pero sí será realidad en la medida de que una multiplicidad de personas, grupos sociales e instituciones se sumen a la tarea de implementarlo. Y no nos referimos a la asignación de más funcionarios ministeriales a la reeducación y resocialización de los integrantes de las bandas juveniles. La repartición administrativa mencionada parece padecer de exceso de personal, sin clara conciencia y delimitación de las funciones que corresponden a cada uno de sus miembros y con escasez de fondos lógicamente acentuada si los gastos de planilla exceden los de inversión social. ¡Para colmo, la escuálida provisión del Ministerio de la Juventud... se encuentra sometida a presión financiera por las nuevas responsabilidades asignadas en la Ley 40 de 1999! Asemeja poco menos que una dolorosa broma pretender que, con la mezquina partida transferida del Organo Judicial, el ente administrativo podrá desempeñar satisfactoriamente sus nuevos y complejos deberes, cuando su presupuesto inicial, no luce suficiente, ni para sus tareas originales.
Cuando mencionamos la multiplicidad de personas, grupos sociales e instituciones imprescindibles para la salida adecuada, queremos decir que en gran medida una efectiva pasa por la desjudicialización y valga la expresión, por la "desadministrativización" del problema. No postulamos que el ministerio o la jurisdicción especializada abandonen sus responsabilidades. Pretendemos que el primero, participante, juegue un papel de dirección, de coordinación del esfuerzo de grupos sociales y entidades oficiales y no oficiales que colaboren en la respuesta que es de todos. Aspiramos a que la segunda limite sus injerencias a las necesarias, prefiriendo siempre el consenso a las imposiciones. Si resulta inevitable una decisión judicial, siempre serán oídos previamente todas las personas y organismos, oficiales y particulares, participantes en este empeño.
De nada vale la formación laboral si el educando no encuentra trabajo. Imposible emplear estatalmente a todos; en el esfuerzo colectivo debe intervenir la iniciativa privada. Si el padre de familia no posee empleo y salario justo, o se le niega apoyo para la creación de negocio propio, sus hijos pueden ser forzados al trabajo prematuro, abandonando la escuela y posibilidades de superación. Si el adolescente agresivo procede de una familia disfuncional; necesitaremos profesionales para tratar tensiones intra-familiares. De otra forma no romperemos el círculo vicioso que origina generaciones nuevas de infractores. Si la familia no posee vivienda digna, son casi inevitables las enfermedades, promiscuidad, sexualidad prematura y otras taras.
Pese a los reparos formulados, por deber de honestidad reconocemos que, sin ser abogada, psicóloga o de otra profesión directamente asociada al tratamiento de la adolescencia y sus problemas, la dama cuyo que hacer comentamos mostró una natural sabiduría en su accionar, que dio lugar a su abandono de las soluciones de fuerza y opción por la persuasión, por el apoyo solidario a aquellos que son víctimas a la vez que victimarios. Si en el pasado, personal del ministerio apoyó la participación judicial en la protección y resocialización juvenil, la actitud de ella de hecho constituye inclinación contraria a la represión, a la penalización por la cual parecen decidirse otros.
El empeño en responder a estos clamores de salvación terrenal retrata la iniciativa de esta dama, que rebasó las limitaciones propias de la mentalidad curativa y se ha lanzado a una labor de prevención, con pasión nada menos que loable. Sin embargo, no podemos dejarnos arrastrar por la simpatía hacia tan positivo empeño, perderíamos la objetividad imprescindible para soluciones justas e integrales. El conflicto no hace peligrar la existencia del colectivo nacional, pero sí genera dudas en torno a la viabilidad de nuestras generaciones de relevo.
Palabras de aprobación y aliento no pueden ocultar la realidad: el esfuerzo desarrollado por la dama mencionada sigue siendo su accionar solitario, a lo sumo multiplicado por la colaboración de los pocos subalternos que pueda dedicar a esa labor tan encomiable. ¡Una golondrina no hace verano!. Lejos de enfoques derrotistas, a nuestro comentario respondemos que, aunque una golondrina no haga verano, sí constituye un anuncio de la proximidad del mismo, cuando su arribo sea confirmado por la llegada de la bandada en migración ¿Qué queremos decir con esta expresión metafórica? Sólo que el remedio no vendrá de la mano del esfuerzo personal, solitario, pero sí será realidad en la medida de que una multiplicidad de personas, grupos sociales e instituciones se sumen a la tarea de implementarlo. Y no nos referimos a la asignación de más funcionarios ministeriales a la reeducación y resocialización de los integrantes de las bandas juveniles. La repartición administrativa mencionada parece padecer de exceso de personal, sin clara conciencia y delimitación de las funciones que corresponden a cada uno de sus miembros y con escasez de fondos lógicamente acentuada si los gastos de planilla exceden los de inversión social. ¡Para colmo, la escuálida provisión del Ministerio de la Juventud... se encuentra sometida a presión financiera por las nuevas responsabilidades asignadas en la Ley 40 de 1999! Asemeja poco menos que una dolorosa broma pretender que, con la mezquina partida transferida del Organo Judicial, el ente administrativo podrá desempeñar satisfactoriamente sus nuevos y complejos deberes, cuando su presupuesto inicial, no luce suficiente, ni para sus tareas originales.
Cuando mencionamos la multiplicidad de personas, grupos sociales e instituciones imprescindibles para la salida adecuada, queremos decir que en gran medida una efectiva pasa por la desjudicialización y valga la expresión, por la "desadministrativización" del problema. No postulamos que el ministerio o la jurisdicción especializada abandonen sus responsabilidades. Pretendemos que el primero, participante, juegue un papel de dirección, de coordinación del esfuerzo de grupos sociales y entidades oficiales y no oficiales que colaboren en la respuesta que es de todos. Aspiramos a que la segunda limite sus injerencias a las necesarias, prefiriendo siempre el consenso a las imposiciones. Si resulta inevitable una decisión judicial, siempre serán oídos previamente todas las personas y organismos, oficiales y particulares, participantes en este empeño.
De nada vale la formación laboral si el educando no encuentra trabajo. Imposible emplear estatalmente a todos; en el esfuerzo colectivo debe intervenir la iniciativa privada. Si el padre de familia no posee empleo y salario justo, o se le niega apoyo para la creación de negocio propio, sus hijos pueden ser forzados al trabajo prematuro, abandonando la escuela y posibilidades de superación. Si el adolescente agresivo procede de una familia disfuncional; necesitaremos profesionales para tratar tensiones intra-familiares. De otra forma no romperemos el círculo vicioso que origina generaciones nuevas de infractores. Si la familia no posee vivienda digna, son casi inevitables las enfermedades, promiscuidad, sexualidad prematura y otras taras.
Pese a los reparos formulados, por deber de honestidad reconocemos que, sin ser abogada, psicóloga o de otra profesión directamente asociada al tratamiento de la adolescencia y sus problemas, la dama cuyo que hacer comentamos mostró una natural sabiduría en su accionar, que dio lugar a su abandono de las soluciones de fuerza y opción por la persuasión, por el apoyo solidario a aquellos que son víctimas a la vez que victimarios. Si en el pasado, personal del ministerio apoyó la participación judicial en la protección y resocialización juvenil, la actitud de ella de hecho constituye inclinación contraria a la represión, a la penalización por la cual parecen decidirse otros.
