Sombras oscuras tras la ley de radio y televisión
Nadie lo dice, pero fue la reversión del canal 8, que opera el ejército de Estados
Unidos, lo que motivó el actual proyecto de ley de radio y televisión. La apetitosa frecuencia desató una especie de fiebre del oro, en la que propios y extraños a la industria, empezaron a movilizar sus intereses y tomar posiciones para una lucha fiera por la valiosa presa.
En los últimos años, la globalización se ha extendido a la industria de los medios de comunicación en todo el continente, marcando una tendencia hacia la compra de medios locales de cada país por grandes cadenas extranjeras, especialmente las mexicanas Televisa y TV Azteca, envueltas en una fiera competencia por la adquisición de televisoras y radios en Centroamérica y Suramérica.
Panamá se había mantenido al margen del voraz apetito foráneo, gracias a una legislación que nacionalizaba la industria y que forzaba a que la propiedad de los medios de comunicación, incluyendo la radio y la televisión, fuera 100% panameña.
Pero con la apertura de la globalización, se hizo evidente que la vieja legislación ultra nacionalista y desfasada no resistiría la presión de las nuevas reglas; por lo que la industria local optó por crear sus propios consorcios defensivos bajo el adagio "La unión hace la fuerza" y, más recientemente, está considerando su asociación con grupos extranjeros bajo la premisa "Si no puedes con el enemigo, únete a él". En el último caso, sin embargo, se requería modificar la ley; y en eso está con el proyecto de marras.
Hasta ahora, se había optado por una apertura gradual, permitiendo a los extranjeros tener hasta 45% de propiedad sobre medios locales. Pero la concurrencia de nuevos protagonistas a la lucha por el canal 8, representados por medios locales escritos, aguó la fiesta a uno que pretendía correr solo.
Como ingeniosa fórmula para salirse con la suya, so pretexto de evitar la excesiva concentración de los medios en pocas manos, empezaron excluyendo de la carrera a los dueños de los canales actuales; para luego añadir en forma sorpresiva un nuevo artículo, que sacaría de competencia también a los medios escritos interesados en adquirir el canal 8, mediante una prohibición a que los periódicos controlen canales de televisión y radio, y viceversa.
El Ente Regulador, que por artilugio del proyecto se erigiría en árbitro de la particular competencia y del desarrollo de la industria, desplazando al Ministerio de Gobierno y Justicia, defiende el desaguisado, con el argumento de que en Estados Unidos existe una prohibición similar, omitiendo ex profeso decir que en el resto del mundo no existe tal restricción.
Así por ejemplo, en Alemania, un pequeño diario de Augsburgo opera también una radio y un canal de televisión, siendo la tendencia actual de todos los medios de ese país. De igual modo, en Porto Alegre, Brasil, el Grupo RSV de la familia Sirotsky explota los tres medios, además de la industria de las telecomunicaciones; lo mismo hacen el Grupo Urdaneta en Venezuela y O"Globo de Sao Paulo en Brasil y El Tiempo de Bogotá en Colombia.
En el fondo aquí lo que hay es un avieso propósito de favorecer a unos y excluir a otros, bajo distintos pretextos, violentando las garantías constitucionales de la libre empresa, la libre concurrencia y la libre competencia, imponiendo intolerables cortapisas a su expansión y desarrollo.
Unidos, lo que motivó el actual proyecto de ley de radio y televisión. La apetitosa frecuencia desató una especie de fiebre del oro, en la que propios y extraños a la industria, empezaron a movilizar sus intereses y tomar posiciones para una lucha fiera por la valiosa presa.
En los últimos años, la globalización se ha extendido a la industria de los medios de comunicación en todo el continente, marcando una tendencia hacia la compra de medios locales de cada país por grandes cadenas extranjeras, especialmente las mexicanas Televisa y TV Azteca, envueltas en una fiera competencia por la adquisición de televisoras y radios en Centroamérica y Suramérica.
Panamá se había mantenido al margen del voraz apetito foráneo, gracias a una legislación que nacionalizaba la industria y que forzaba a que la propiedad de los medios de comunicación, incluyendo la radio y la televisión, fuera 100% panameña.
Pero con la apertura de la globalización, se hizo evidente que la vieja legislación ultra nacionalista y desfasada no resistiría la presión de las nuevas reglas; por lo que la industria local optó por crear sus propios consorcios defensivos bajo el adagio "La unión hace la fuerza" y, más recientemente, está considerando su asociación con grupos extranjeros bajo la premisa "Si no puedes con el enemigo, únete a él". En el último caso, sin embargo, se requería modificar la ley; y en eso está con el proyecto de marras.
Hasta ahora, se había optado por una apertura gradual, permitiendo a los extranjeros tener hasta 45% de propiedad sobre medios locales. Pero la concurrencia de nuevos protagonistas a la lucha por el canal 8, representados por medios locales escritos, aguó la fiesta a uno que pretendía correr solo.
Como ingeniosa fórmula para salirse con la suya, so pretexto de evitar la excesiva concentración de los medios en pocas manos, empezaron excluyendo de la carrera a los dueños de los canales actuales; para luego añadir en forma sorpresiva un nuevo artículo, que sacaría de competencia también a los medios escritos interesados en adquirir el canal 8, mediante una prohibición a que los periódicos controlen canales de televisión y radio, y viceversa.
El Ente Regulador, que por artilugio del proyecto se erigiría en árbitro de la particular competencia y del desarrollo de la industria, desplazando al Ministerio de Gobierno y Justicia, defiende el desaguisado, con el argumento de que en Estados Unidos existe una prohibición similar, omitiendo ex profeso decir que en el resto del mundo no existe tal restricción.
Así por ejemplo, en Alemania, un pequeño diario de Augsburgo opera también una radio y un canal de televisión, siendo la tendencia actual de todos los medios de ese país. De igual modo, en Porto Alegre, Brasil, el Grupo RSV de la familia Sirotsky explota los tres medios, además de la industria de las telecomunicaciones; lo mismo hacen el Grupo Urdaneta en Venezuela y O"Globo de Sao Paulo en Brasil y El Tiempo de Bogotá en Colombia.
En el fondo aquí lo que hay es un avieso propósito de favorecer a unos y excluir a otros, bajo distintos pretextos, violentando las garantías constitucionales de la libre empresa, la libre concurrencia y la libre competencia, imponiendo intolerables cortapisas a su expansión y desarrollo.
