Sombría avenencia del PDC con Magistrados
Sin precedentes en el mundo y destinado a impedir juicios públicos que revelen el fraude legislativo proyectado por la norma inconstitucional y simuladora de votos para el reparto por residuo en los plurinominales, la legislatura presidida por el sagaz Gerardo, so de la economía procesal, estableció una fianza prohibitiva de $2,000 al recurso popular de impugnación a las proclamaciones de las Juntas Circuitales, estas últimas subordinadas en su conformación y decisiones al Tribunal Electoral. Habido que las Juntas responden a directivas específicas del T.E., so de sanción penal, y que sus decisiones son recurribles ante el T.E. estamos ante una violación al derecho humano de ser oído ante corte imparcial e independiente.
Cuando el T.E. publicó un jueves el boletín sobre las proclamaciones del 8-9, de acuerdo con la Ley, los que impugnaren tenían 3 días hábiles a partir del siguiente para someter el recurso, o sea hasta el martes. Sin embargo, el viernes siguiente los Magistrados convirtieron el fin de semana en hábil tras emitir un segundo y furtivo boletín. El domingo se enteró el Dr. Luis Yu del arbitrario legislar, de ahí que al presentarse a las 11 am con la fianza de $2,000 e impugnación vs la del cernido De La Hoz, la Secretaría le informó, con los bancos cerrados, que tenía que afianzar $10,000, o sea, $2,000 por cada curul del 8-9. En La Chorrera exigieron a Leopoldo Castillo $4,000 para la ilegítima de Abrego, a José Brown de Changuinola $4,000 vs la espuria de Chen; pero con mejor suerte, a Manuel Aizpurúa de La Palma $2,000.
Los Magistrados en lugar de interpretar y reglamentar la Ley, con el fin de entorpecer los derechos de los impugnantes, legislaron para convertir los puentes en hábiles y no satisfechos inflaron la fianza legal, creando la desigualdad ante la Ley, ya que de la magnitud del circuito depende el tamaño de la fianza. Nada extraña que José Serracín no impugnara la indebida de Elpidio en San Miguelito, pues $12,000 no se fuman en pipa. Pero ahí no quedó el delictivo, tras cumplir las impugnaciones con las de Ley y fallar los intrépidos tribunalicios la no admisión del recurso, a todo el que osara recurrir a la reconsideración lo despojaron, en resolución que no cita fundamento de Derecho ni justificación alguna, de la fianza y, más grave, la repartieron entre los proclamados, legítimos e ilegítimos.
Fue así que Abrego, además de gratis en la curul chorrerana, lo premiaron con $2,000 y Teresita de Arias, manifestando que no lo merecía, los aceptó y donó a dos instituciones, o sea que hizo caridad con el dinero del Dr. Yu. Ninguno de los premiados (cuyo recibo pudiere resultar delito) del despojo participó como parte en las impugnaciones, porque no fueron siquiera admitidas ni afectados pecuniariamente. Todo irá al tapete en la denuncia penal que se presentará vs los Magistrados.
Ahora resulta que Rubén Arosemena está proponiendo un proyecto que deja a la libre de los Magistrados el dinero de todos, con lo que apuntala los excesivos poderes que les han permitido actuar con descarada impunidad. Estamos ante Jueces que condonan el nombramiento político de sus cónyuges, que han incurrido en preconceptos y prevenciones que desdicen de la ética electoral y concertado un fraude sea por desconocimiento inexcusable o no. Debo memorar que Camilo Brenes del PDC en 1993 propuso la reforma al ordinal 4 del hoy artículo 282 que genera la simulación delictiva del voto válido en las adjudicaciones por residuo, en violación a la igualdad del voto. Pero no suficiente el PDC ha designado al ex G. Marquez ante la Comisión de Reforma, el mismo que, en menoscabo de las normas constitucionales, avaló la adjudicación ilegítima de 11 curules al PRD en 1994.
Debo manifestarle a Arosemena que la fórmula de marras ha causado que le esquilmaran al PDC un escaño en 1994 (Sossa) y tres en 1999 (José Serracín, Daniel Arias y Lucas Zarak). Conveniente remitirlo al derogado ordinal 4 del 273 de la Ley 11 de agosto de 1983, que a bien propuso el desaparecido y preclaro jurista Arnulfo Escalona R., en cuanto la fórmula allí establecida es la matemática, constitucional y racionalmente correcta; a su vez, que lea la opinión del Dr. José Dolores Moscote sobre la que retrotrajo Brenes y tome un cursillo de Derecho Electoral, pero no en Panamá.
Cuando el T.E. publicó un jueves el boletín sobre las proclamaciones del 8-9, de acuerdo con la Ley, los que impugnaren tenían 3 días hábiles a partir del siguiente para someter el recurso, o sea hasta el martes. Sin embargo, el viernes siguiente los Magistrados convirtieron el fin de semana en hábil tras emitir un segundo y furtivo boletín. El domingo se enteró el Dr. Luis Yu del arbitrario legislar, de ahí que al presentarse a las 11 am con la fianza de $2,000 e impugnación vs la del cernido De La Hoz, la Secretaría le informó, con los bancos cerrados, que tenía que afianzar $10,000, o sea, $2,000 por cada curul del 8-9. En La Chorrera exigieron a Leopoldo Castillo $4,000 para la ilegítima de Abrego, a José Brown de Changuinola $4,000 vs la espuria de Chen; pero con mejor suerte, a Manuel Aizpurúa de La Palma $2,000.
Los Magistrados en lugar de interpretar y reglamentar la Ley, con el fin de entorpecer los derechos de los impugnantes, legislaron para convertir los puentes en hábiles y no satisfechos inflaron la fianza legal, creando la desigualdad ante la Ley, ya que de la magnitud del circuito depende el tamaño de la fianza. Nada extraña que José Serracín no impugnara la indebida de Elpidio en San Miguelito, pues $12,000 no se fuman en pipa. Pero ahí no quedó el delictivo, tras cumplir las impugnaciones con las de Ley y fallar los intrépidos tribunalicios la no admisión del recurso, a todo el que osara recurrir a la reconsideración lo despojaron, en resolución que no cita fundamento de Derecho ni justificación alguna, de la fianza y, más grave, la repartieron entre los proclamados, legítimos e ilegítimos.
Fue así que Abrego, además de gratis en la curul chorrerana, lo premiaron con $2,000 y Teresita de Arias, manifestando que no lo merecía, los aceptó y donó a dos instituciones, o sea que hizo caridad con el dinero del Dr. Yu. Ninguno de los premiados (cuyo recibo pudiere resultar delito) del despojo participó como parte en las impugnaciones, porque no fueron siquiera admitidas ni afectados pecuniariamente. Todo irá al tapete en la denuncia penal que se presentará vs los Magistrados.
Ahora resulta que Rubén Arosemena está proponiendo un proyecto que deja a la libre de los Magistrados el dinero de todos, con lo que apuntala los excesivos poderes que les han permitido actuar con descarada impunidad. Estamos ante Jueces que condonan el nombramiento político de sus cónyuges, que han incurrido en preconceptos y prevenciones que desdicen de la ética electoral y concertado un fraude sea por desconocimiento inexcusable o no. Debo memorar que Camilo Brenes del PDC en 1993 propuso la reforma al ordinal 4 del hoy artículo 282 que genera la simulación delictiva del voto válido en las adjudicaciones por residuo, en violación a la igualdad del voto. Pero no suficiente el PDC ha designado al ex G. Marquez ante la Comisión de Reforma, el mismo que, en menoscabo de las normas constitucionales, avaló la adjudicación ilegítima de 11 curules al PRD en 1994.
Debo manifestarle a Arosemena que la fórmula de marras ha causado que le esquilmaran al PDC un escaño en 1994 (Sossa) y tres en 1999 (José Serracín, Daniel Arias y Lucas Zarak). Conveniente remitirlo al derogado ordinal 4 del 273 de la Ley 11 de agosto de 1983, que a bien propuso el desaparecido y preclaro jurista Arnulfo Escalona R., en cuanto la fórmula allí establecida es la matemática, constitucional y racionalmente correcta; a su vez, que lea la opinión del Dr. José Dolores Moscote sobre la que retrotrajo Brenes y tome un cursillo de Derecho Electoral, pero no en Panamá.
