¿Son los universitarios leales a la democracia?

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en una decisión mayoritaria y bajo la ponencia del magistrado Adán Arnulfo Arjona, decidió suspender provisionalmente los efectos de la resolución del Organismo Electoral Universitario que aprobó la postulación del actual rector para un nuevo periodo al frente de la máxima casa de estudios del país. El conflicto surge a partir de que el año pasado se reformara la Ley Orgánica de la Universidad de Panamá, permitiendo la reelección del rector. La norma derogada prohibía esta posibilidad. La decisión, que contó con el voto favorable del magistrado Víctor Benavides y un salvamento de voto de Winston Spadafora, sostiene que al rector actual se le aplican las reglas vigentes al momento de su elección y no el nuevo régimen. Es decir, cuando al rector se le eligió no podía presentarse a la elección del rector en este periodo. Así de sencillo. En vez de mostrar respeto a la ley y a las autoridades, el actual rector ha preferido mostrarnos una vez más el lado oscuro de la vida universitaria: el uso arbitrario del poder, que no reconoce que está sometido al imperio de la leyes y que está dispuesto a tomarse las calles para revertir una decisión desfavorable, en vez de argumentar jurídicamente en el proceso. ¿Qué ejemplo se da a la juventud cuando su más alta autoridad no muestra humildad ante la aplicación de la ley y recurre al discurso populachero de denunciar que se trata de una patraña política en su contra? No queda duda alguna de que la Universidad de Panamá no sólo ha dejado de ser conciencia crítica de la Nación desde hace mucho tiempo, sino que muestra claros signos de putrefacción de una burocracia que rehúsa renovarse y que está dispuesta a recurrir a los más deplorables métodos de presión política. ¿Es esta la cultura universitaria más representativa y beneficiosa para el país?
Aquí tenemos un sistema impositivo enredado, plagado de contradicciones e inequidades, en el que todo el peso contributivo recae abusivamente sobre los hombros de la clase media, mientras los de menores ingresos -hasta ochocientos balboas mensuales- nada pagan, por más que usen más calles, escuelas y hospitales que nadie; mientras que las grandes empresas, como siempre, pagan menos, gracias a un sinfín de exoneraciones, reducciones, tratos especiales e incentivos. Una perfecta ley del embudo.