Subsidio a la corrupción
Con los últimos eventos relacionados al Fondo de Equidad y Calidad de la Educación (FECE) y los detalles no suministrados por el Ministero de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) con respecto a los gastos sindicales, ambos derivados de los dineros extraídos a los contribuyentes mediante el denominado Seguro Educativo, llegamos a la dolorosa conclusión de que lo que con un grado de buena fe se hizo ley hace algunos años para beneficio de los que mayormente lo requerían, actualmente es una herramienta más para propiciar la corrupción y, lo que es peor, haciendo del que paga impuestos un cómplice de la misma.
Si sumamos al acto de corrupción como tal, como en el caso del FECE (donde se maneja el 27 por ciento de lo que ingresa al Fisco por Seguro Educativo) y donde el desfalco afecta a los estudiantes y padres de familia con mayores necesidades económicas y de educación, el apoyo a grupos radicales sindicales que participan de la tajada de un cinco por ciento de ese Seguro Educativo que no se le entrega al Ministerio de Educación (MEDUCA), sino al IPEL (Instituto Panameño de Estudios Laborales) y que este año representa la cuantiosa suma de $1,889,000, estamos en graves problemas.
Los grupos sindicales radicales, en vez de buscar realmente la mejoría de sus asociados mediante la capacitación y producción individual, “probablemente” utilizan el dinero para impartir una "educación laboral" que engendra células cancerosas en su gremio que, a su vez, tienen como propósito principal la propagación de esa enfermedad por todo nuestro sistema democrático, contagiándolo y debilitándolo, cuando es éste el que "con justicia educacional" le proporcionó estos mismos recursos.
Es una vergüenza lo que ocurre en ambos casos.
En el primero, la eliminación del control previo era el anuncio de lo que vendría después, y todo con la supuesta ventaja de acelerar el proceso para el cual fue creado. Definitivamente que aceleró el proceso, pero para el beneficio de muchos que no tenían derecho a él, y que a lo mejor jamás sabremos cuántos ni quiénes son, al menos no en esta administración gubernamental.
En el segundo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) que es el receptor inicial de ese cinco por ciento , que se maneja a través del IPEL para la "educación sindical", no da detalles ni desgloses de cómo y quiénes utilizaron esos dineros. No especifica el tipo de capacitación, teórica, práctica o ideológica que recibieron los "capacitados".
¿Cuántos ciudadanos comunes tienen conocimiento de la existencia del IPEL, del componente de sus docentes y de la educación que allí se imparte? Esto también se presta para la mala utilización de los recursos, la corrupción y la negación a los principios para lo cual fue creado.
Sin el propósito de otorgarle propaganda alguna a determinado medio, repetiremos lo que menciona un anuncio televisivo actualizado, ¿mucha plata no?
