Sudamérica: Panorama poco alentador
Con el temor de que la pugna entre el presidente Hugo Chávez y la oposición en Venezuela pueda estallar en la violencia, y una persistente impresión que Washington permanece primordialmente galvanizado por el terrorismo internacional para prestarle mayor atención a Latinoamérica, cada día crece el miedo de que la mayoría de las repúblicas sudamericanas está en tren de picada.
La robusta democracia chilena con el sensible liderazgo de su mandatario, Ricardo Lagos, se ha establecido como una suerte de oasis de estabilidad y optimismo. Irónicamente fue aquí donde los temores sobre el estado del continente se dieron voz durante las exequias, la semana pasada, del presidente del Partido Radical Social Demócrata, Anselmo Sule, una de las figuras más importantes de la política chilena y de las izquierdas latinoamericanas de las últimas décadas. Primero fue el ex presidente Raúl Alfonsín de Argentina, íntimo amigo de Sule, que pasó revista al "inquietante panorama político" del continente, con especial énfasis en la apremiante situación económica e inestabilidad política por la que atraviesa su propio país. Alfonsín, jefe del Partido Radical, no ocultó su convicción de que Latinoamérica deberá consolidar sus lazos y buscar nuevos aliados en Europa a la luz "que vivimos en un mundo con una sola superpotencia, cosa que no es muy saludable".
También el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de México, el Lic. Gustavo Carvajal Moreno, advirtió que "graves peligros amenazan a nuestra América". En momentos en que la debacle económica argentina sigue sin encontrar fondo, señaló, la violencia en Colombia parece encaminada hacia una guerra total y las perspectivas de un golpe en Venezuela no se disipan. A esta tenebrosa situación, Carvajal, que pocos días antes había visitado Ecuador, añadió lo que estima surge como un "inevitable" levantamiento armado de las comunidades indígenas en ese país andino, a lo que añadió las "tremendas dificultades" que enfrenta el presidente Toledo en Perú y una incipiente turbulencia electoral que amenaza a la estabilidad de Bolivia. A esto hay que sumar que las protestas populares frustran planes de reforma en Paraguay, mientras los uruguayos intentan apuntalar su golpeado sistema bancario, así como la cada vez más probable victoria de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil no ha hecho más que incrementar la incertidumbre sobre el futuro de la región más incierta de muchas décadas.
En este contexto de caos, varios países de América Latina enfrentarán en los próximos meses elecciones generales que depositarán en el poder a candidatos votados más desde un radicalizado sentimiento de descontento, que desde la certeza de planes de gobierno racionales. Esa es al menos la perspectiva de los principales inversores y representantes diplomáticos de Estados Unidos (EU) y Europa. Bolivia, el 30 de este mes; Brasil y Ecuador en octubre próximo, son los comicios confirmados para lo que resta del año, aunque no habría que descartar que la Argentina se sumará a la lista. Y si bien el probable triunfo de la izquierda populista en Brasil parecería ser de momento una excepción, otros procesos electorales son observados con una gruesa lupa por el Departamento de Estado, que teme que la desestabilización regional no se detenga en el mediano plazo, sino que se acentúe.
En Ecuador aún es temprano para predecir éxitos o fracasos e, incluso, muchas candidaturas no están confirmadas. Sin embargo, entre los precandidatos figura, como ya ha ocurrido en otros comicios de la región, un ex militar golpista. En este caso es Lucio Gutiérrez, un ex coronel dado de baja por su participación en el golpe cívico militar que derrocó al presidente Jamil Mahuad en 2000.
Otro patrón común con otras elecciones de América latina es la participación de al menos un candidato procesado. Quien se destaca es Abdalá Bucaram, el derrocado presidente populista que debió refugiarse en Panamá en 1997 tras ser acusado de "incapacidad mental" e innumerables cargos de corrupción. Quien fuera apodado "el Loco" no sería el único ex mandatario que se postule. El centroizquierdista Rodrigo Borja (1988-1992); el democristiano Osvaldo Hurtado (1981-1984), y el encendido derechista León Febres Cordero (1984-1988); estarían también presentes en las opciones.
Mientras Febres Cordero sería la retaguardia ideal para el próximo presidente colombiano, Alvaro Uribe, en su lucha contra la guerrilla, un triunfo de Rodrigo Borja; del líder indígena Antonio Vargas; o del ex coronel Gutiérrez, simpatizante del chavismo; significará con seguridad para EU la pérdida de la base aérea de Manta, en la costa ecuatoriana, desde donde monitorea el combate a las drogas en Colombia. Un triunfo de cualquiera de estos candidatos podría derivar asimismo en el fin del inciertamente exitoso ensayo de dolarización, iniciado por el actual presidente, Alvaro Noboa.
En Bolivia, los mayores temores están centrados en el crecimiento de la candidatura de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), a quien Washington tiene en la mira por haberse opuesto a la erradicación de cultivos de coca. "Ustedes saben que Evo Morales trabajó contra los intereses de este país", afirmó ayer el director de la División Antinarcóticos de la embajada de EU en La Paz, Stanley Scharager. Morales, que ocupa el tercer lugar en las preferencias del electorado, según las últimas encuestas, lideró el año pasado las protestas, muchas veces violentas, y hasta con muertos, contra la eliminación de los cultivos ilícitos, lo que le valió la expulsión del Parlamento, al que había ingresado en 1997. Pero, cuenta con el apoyo de los sectores populares, para los que la producción de hoja de coca es la única salida posible en uno de los países más empobrecidos.
Aunque el primer lugar continúa siendo ocupado por Manfred Reyes Villa, de Nueva Fuerza Republicana, seguido por Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), EU permanece a la expectativa. "Estamos curiosos por lo que ocurrirá", deslizó Stanley Scharager al corresponsal del periódico La Nación de Buenos Aires.
3. No se han medido los costos sociales que recaen sobre la población afectada y desplazada por los proyectados embalses.
4. Tampoco se han determinado los proyectados ingresos o ganancias y los costos de operación aumentados por la expansión.
Luego de la recuperación del valor patrimonial representado por los bienes revertidos y por el Canal mismo, no hay que asombrarse o encontrar sospechoso que muchos panameños hayamos expresado solidaridad con esas poblaciones hermanas que habitan en la cuenca occidental. El Gobierno Nacional virtualmente se ha desentendido del problema. Un distinguido sociólogo sostiene que "en el caso del uso de las aguas de las cuencas de los ríos en la parte Norte de la provincia de Coclé, el Gobierno Nacional se lavó las manos y deja que la ACP defina las líneas de acción." Es justo, por tanto, que la Iglesia panameña con toda la fuerza de su credibilidad y de su autoridad espiritual se haga presente. Para la ciudadanía es bien interpretado el papel asumido por la jerarquía de la Iglesia Católica en facilitar las consultas, los diálogos, en los cuales sean tomados en cuenta las preocupaciones, la sensibilidad y los intereses de esas poblaciones. La jerarquía eclesiástica ha apreciado, con singular agudeza de criterio, que la nueva situación que viven las comunidades de la ribera occidental del Canal envuelve toda una serie de aspectos que no sólo afectan lo material sino también lo cultural y por tanto, lo espiritual. Dicho de otra manera, la Iglesia, con acertada y fina percepción, ha visto que en esa nueva situación están involucrados importantes aspectos culturales entre los cuales es evidente la inhabilidad de esas comunidades para decidir la organización de sus vidas y por tanto, de decidir sobre su presente y su futuro.
En otras ocasiones he aludido a lo que me parece una vana ambición de la ACP de sacar sus decisiones y sus actividades fuera del campo visual de la ciudadanía, fuera del juicio público. Al insistir en esta posición no me siento solo ni percibo que voy contra la corriente. Considero que estoy en convergencia con otras voces, entre las que se destaca la voz de la jerarquía eclesiástica católica. Esta, al manifestar preocupación por la posibilidad de que la ACP funcione "como un Estado dentro de otro Estado", ha sumado su autoridad, que es moral, a los señalamientos hechos por muchos panameños a este respecto.
Las declaraciones que hizo la semana pasada Monseñor José Dimas Cedeño, Arzobispo de Panamá, sobre este tema constituyen un nuevo estímulo para que la sociedad panameña se interrogue sobre la naturaleza misma de las relaciones de la ACP con el resto del país y especialmente con las comunidades que viven dentro de los linderos del polígono descrito por la Ley 44 de 1999. En este ámbito creo que la actitud asumida por la jerarquía de la Iglesia Católica nos obliga a recordar la existencia de principios e intereses superiores que ninguna voluntad de cultivar un estatuto de excepcionalidad pueden sacar del campo del juicio moral.
A partir del 31 de Diciembre de 1999 todos los panameños concebimos el prodigioso diseño de fijarnos nuestras propias metas y de fomentar los medios de alcanzarlos. Toda empresa de la ACP que se fundara sobre una suerte de "autodesarrollo" de sí misma o de "autojustificación" de sí misma, sería una reducción del proyecto colectivo de desarrollo sostenido, solidario y mancomunado, armonioso, justo y pacífico del país.
La ACP debe tener en cuenta que cuando las tierras, las aguas y el mismo Canal "revirtieron" a Panamá, todos los panameños asumimos que eso significaba que recuperábamos lo que nos pertenecía, -a todos- como patrimonio. Al preocuparse por la suerte, por el destino de las comunidades de Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio, la jerarquía de la Iglesia está bien ubicada en su esfera de competencia. Esa preocupación de la jerarquía de la Iglesia está entrañablemente vinculada al celo por una concepción humanista de las cosas de este mundo, de las cosas de nuestro país. Esa concepción humanista es guía de cualquier criterio, es fundamento de cualquier esfuerzo para que nada que hagamos los panameños sobrepase a los panameños.
La jerarquía eclesiástica, como muchos otros panameños, está empeñada en que no sea prohibido para los panameños meterse en cosas que nos conciernen, que nos afectan. Estamos empeñados en que en Panamá no se verifique aquello que el filósofo alemán Keyserling, apuntó en sus "Meditaciones Sudamericanas", al decir que constató en Latinoamérica lo que calificó como la cultura del "no te metas" lo cual en su opinión, es factor de subdesarrollo económico, pero además, factor de subdesarrollo espiritual.
El 18 de octubre de 2001 la empresa Rancho Bajo Robles, S.A., manifestó al Gobierno su interés por extraer arena continental en las mencionadas áreas, dijo Illueca. Sostuvo que la solicitud fue presentada en forma legal y tiene el respectivo sustento técnico.
La robusta democracia chilena con el sensible liderazgo de su mandatario, Ricardo Lagos, se ha establecido como una suerte de oasis de estabilidad y optimismo. Irónicamente fue aquí donde los temores sobre el estado del continente se dieron voz durante las exequias, la semana pasada, del presidente del Partido Radical Social Demócrata, Anselmo Sule, una de las figuras más importantes de la política chilena y de las izquierdas latinoamericanas de las últimas décadas. Primero fue el ex presidente Raúl Alfonsín de Argentina, íntimo amigo de Sule, que pasó revista al "inquietante panorama político" del continente, con especial énfasis en la apremiante situación económica e inestabilidad política por la que atraviesa su propio país. Alfonsín, jefe del Partido Radical, no ocultó su convicción de que Latinoamérica deberá consolidar sus lazos y buscar nuevos aliados en Europa a la luz "que vivimos en un mundo con una sola superpotencia, cosa que no es muy saludable".
También el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de México, el Lic. Gustavo Carvajal Moreno, advirtió que "graves peligros amenazan a nuestra América". En momentos en que la debacle económica argentina sigue sin encontrar fondo, señaló, la violencia en Colombia parece encaminada hacia una guerra total y las perspectivas de un golpe en Venezuela no se disipan. A esta tenebrosa situación, Carvajal, que pocos días antes había visitado Ecuador, añadió lo que estima surge como un "inevitable" levantamiento armado de las comunidades indígenas en ese país andino, a lo que añadió las "tremendas dificultades" que enfrenta el presidente Toledo en Perú y una incipiente turbulencia electoral que amenaza a la estabilidad de Bolivia. A esto hay que sumar que las protestas populares frustran planes de reforma en Paraguay, mientras los uruguayos intentan apuntalar su golpeado sistema bancario, así como la cada vez más probable victoria de Lula en las elecciones presidenciales de Brasil no ha hecho más que incrementar la incertidumbre sobre el futuro de la región más incierta de muchas décadas.
En este contexto de caos, varios países de América Latina enfrentarán en los próximos meses elecciones generales que depositarán en el poder a candidatos votados más desde un radicalizado sentimiento de descontento, que desde la certeza de planes de gobierno racionales. Esa es al menos la perspectiva de los principales inversores y representantes diplomáticos de Estados Unidos (EU) y Europa. Bolivia, el 30 de este mes; Brasil y Ecuador en octubre próximo, son los comicios confirmados para lo que resta del año, aunque no habría que descartar que la Argentina se sumará a la lista. Y si bien el probable triunfo de la izquierda populista en Brasil parecería ser de momento una excepción, otros procesos electorales son observados con una gruesa lupa por el Departamento de Estado, que teme que la desestabilización regional no se detenga en el mediano plazo, sino que se acentúe.
En Ecuador aún es temprano para predecir éxitos o fracasos e, incluso, muchas candidaturas no están confirmadas. Sin embargo, entre los precandidatos figura, como ya ha ocurrido en otros comicios de la región, un ex militar golpista. En este caso es Lucio Gutiérrez, un ex coronel dado de baja por su participación en el golpe cívico militar que derrocó al presidente Jamil Mahuad en 2000.
Otro patrón común con otras elecciones de América latina es la participación de al menos un candidato procesado. Quien se destaca es Abdalá Bucaram, el derrocado presidente populista que debió refugiarse en Panamá en 1997 tras ser acusado de "incapacidad mental" e innumerables cargos de corrupción. Quien fuera apodado "el Loco" no sería el único ex mandatario que se postule. El centroizquierdista Rodrigo Borja (1988-1992); el democristiano Osvaldo Hurtado (1981-1984), y el encendido derechista León Febres Cordero (1984-1988); estarían también presentes en las opciones.
Mientras Febres Cordero sería la retaguardia ideal para el próximo presidente colombiano, Alvaro Uribe, en su lucha contra la guerrilla, un triunfo de Rodrigo Borja; del líder indígena Antonio Vargas; o del ex coronel Gutiérrez, simpatizante del chavismo; significará con seguridad para EU la pérdida de la base aérea de Manta, en la costa ecuatoriana, desde donde monitorea el combate a las drogas en Colombia. Un triunfo de cualquiera de estos candidatos podría derivar asimismo en el fin del inciertamente exitoso ensayo de dolarización, iniciado por el actual presidente, Alvaro Noboa.
En Bolivia, los mayores temores están centrados en el crecimiento de la candidatura de Evo Morales, del Movimiento al Socialismo (MAS), a quien Washington tiene en la mira por haberse opuesto a la erradicación de cultivos de coca. "Ustedes saben que Evo Morales trabajó contra los intereses de este país", afirmó ayer el director de la División Antinarcóticos de la embajada de EU en La Paz, Stanley Scharager. Morales, que ocupa el tercer lugar en las preferencias del electorado, según las últimas encuestas, lideró el año pasado las protestas, muchas veces violentas, y hasta con muertos, contra la eliminación de los cultivos ilícitos, lo que le valió la expulsión del Parlamento, al que había ingresado en 1997. Pero, cuenta con el apoyo de los sectores populares, para los que la producción de hoja de coca es la única salida posible en uno de los países más empobrecidos.
Aunque el primer lugar continúa siendo ocupado por Manfred Reyes Villa, de Nueva Fuerza Republicana, seguido por Gonzalo Sánchez de Lozada, del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), EU permanece a la expectativa. "Estamos curiosos por lo que ocurrirá", deslizó Stanley Scharager al corresponsal del periódico La Nación de Buenos Aires.
3. No se han medido los costos sociales que recaen sobre la población afectada y desplazada por los proyectados embalses.
4. Tampoco se han determinado los proyectados ingresos o ganancias y los costos de operación aumentados por la expansión.
Luego de la recuperación del valor patrimonial representado por los bienes revertidos y por el Canal mismo, no hay que asombrarse o encontrar sospechoso que muchos panameños hayamos expresado solidaridad con esas poblaciones hermanas que habitan en la cuenca occidental. El Gobierno Nacional virtualmente se ha desentendido del problema. Un distinguido sociólogo sostiene que "en el caso del uso de las aguas de las cuencas de los ríos en la parte Norte de la provincia de Coclé, el Gobierno Nacional se lavó las manos y deja que la ACP defina las líneas de acción." Es justo, por tanto, que la Iglesia panameña con toda la fuerza de su credibilidad y de su autoridad espiritual se haga presente. Para la ciudadanía es bien interpretado el papel asumido por la jerarquía de la Iglesia Católica en facilitar las consultas, los diálogos, en los cuales sean tomados en cuenta las preocupaciones, la sensibilidad y los intereses de esas poblaciones. La jerarquía eclesiástica ha apreciado, con singular agudeza de criterio, que la nueva situación que viven las comunidades de la ribera occidental del Canal envuelve toda una serie de aspectos que no sólo afectan lo material sino también lo cultural y por tanto, lo espiritual. Dicho de otra manera, la Iglesia, con acertada y fina percepción, ha visto que en esa nueva situación están involucrados importantes aspectos culturales entre los cuales es evidente la inhabilidad de esas comunidades para decidir la organización de sus vidas y por tanto, de decidir sobre su presente y su futuro.
En otras ocasiones he aludido a lo que me parece una vana ambición de la ACP de sacar sus decisiones y sus actividades fuera del campo visual de la ciudadanía, fuera del juicio público. Al insistir en esta posición no me siento solo ni percibo que voy contra la corriente. Considero que estoy en convergencia con otras voces, entre las que se destaca la voz de la jerarquía eclesiástica católica. Esta, al manifestar preocupación por la posibilidad de que la ACP funcione "como un Estado dentro de otro Estado", ha sumado su autoridad, que es moral, a los señalamientos hechos por muchos panameños a este respecto.
Las declaraciones que hizo la semana pasada Monseñor José Dimas Cedeño, Arzobispo de Panamá, sobre este tema constituyen un nuevo estímulo para que la sociedad panameña se interrogue sobre la naturaleza misma de las relaciones de la ACP con el resto del país y especialmente con las comunidades que viven dentro de los linderos del polígono descrito por la Ley 44 de 1999. En este ámbito creo que la actitud asumida por la jerarquía de la Iglesia Católica nos obliga a recordar la existencia de principios e intereses superiores que ninguna voluntad de cultivar un estatuto de excepcionalidad pueden sacar del campo del juicio moral.
A partir del 31 de Diciembre de 1999 todos los panameños concebimos el prodigioso diseño de fijarnos nuestras propias metas y de fomentar los medios de alcanzarlos. Toda empresa de la ACP que se fundara sobre una suerte de "autodesarrollo" de sí misma o de "autojustificación" de sí misma, sería una reducción del proyecto colectivo de desarrollo sostenido, solidario y mancomunado, armonioso, justo y pacífico del país.
La ACP debe tener en cuenta que cuando las tierras, las aguas y el mismo Canal "revirtieron" a Panamá, todos los panameños asumimos que eso significaba que recuperábamos lo que nos pertenecía, -a todos- como patrimonio. Al preocuparse por la suerte, por el destino de las comunidades de Coclé del Norte, Caño Sucio y Río Indio, la jerarquía de la Iglesia está bien ubicada en su esfera de competencia. Esa preocupación de la jerarquía de la Iglesia está entrañablemente vinculada al celo por una concepción humanista de las cosas de este mundo, de las cosas de nuestro país. Esa concepción humanista es guía de cualquier criterio, es fundamento de cualquier esfuerzo para que nada que hagamos los panameños sobrepase a los panameños.
La jerarquía eclesiástica, como muchos otros panameños, está empeñada en que no sea prohibido para los panameños meterse en cosas que nos conciernen, que nos afectan. Estamos empeñados en que en Panamá no se verifique aquello que el filósofo alemán Keyserling, apuntó en sus "Meditaciones Sudamericanas", al decir que constató en Latinoamérica lo que calificó como la cultura del "no te metas" lo cual en su opinión, es factor de subdesarrollo económico, pero además, factor de subdesarrollo espiritual.
El 18 de octubre de 2001 la empresa Rancho Bajo Robles, S.A., manifestó al Gobierno su interés por extraer arena continental en las mencionadas áreas, dijo Illueca. Sostuvo que la solicitud fue presentada en forma legal y tiene el respectivo sustento técnico.
