Sueños muy patrióticos
Identificar una red criminal dedicada al blanqueo de capitales es un esfuerzo arduo, que debe determinar conexiones, cruce de llamadas, roles de los miembros, empresas, cuentas bancarias, testaferros, bienes muebles e inmuebles. En fin es un trabajo de años, pues la idea es dejar “correr” la droga para conocer su alcance y los involucrados. Una vez ubicada la red, la segunda fase es saber; ¿quién recauda la plata? ¿Cómo baja? ¿Qué vías utiliza?, ¿Qué países involucra?, finalmente dónde se queda.
Todo esto pretendía ser la “Ley Patriótica”; ubicar a un grupo local de uniformados y particulares que traficaba, tumbaba droga y lavaban plata. El fiscal tomó en cuenta los “distintos informes policiales” que alertaban sobre la supuesta organización. Informes que a criterio de la Juzgadora no fueron ratificados, ni verificados por sus suscriptores.
Los permisos para pinchar los teléfonos de los sospechosos fueron autorizados de acuerdo a la ley según el fiscal, que gran responsabilidad para tal autoridad, según parece, estas conversaciones no sirvieron para culpar a ninguno de los 77 imputados que permanecieron privados de libertad por casi dos años.
De los labios de un joven estafador, como él mismo se califica, cobró vida “su mejor sueño, su mejor estafa a Almengor” como afirma una abogada litigante. Pues, bajo promesa de mejorar sus condiciones tuvo que mentir y mencionar a las personas que hoy se encuentran vinculadas.
Sin embargo, este sueño no alcanzó a la juzgadora quien ni siquiera encontró pruebas para llamar a juicio y sobreseyó a los imputados. El fallo sustenta que no se ordenó indagatoria a 17 acusados. Que se violó el debido proceso, que el delito de blanqueo no está acreditado, -muchos de los culpados tenían deudas, uno cinco dólares en el banco- tampoco el de asociación ilícita, que a la prueba de scan le faltan vinculaciones, y que sólo había un sobrecito de marihuana con 1.65 gramos. ¡Qué hierba!
El fiscal no pudo sostener cosas básicas como; cuáles eran las ramificaciones internacionales de esta gran red, o quiénes colaboraron en su desmantelamiento, o cuántas personas fueron aprehendidas.
¿Cómo estamos administrando justicia? ¿Quién rinde cuentas a los imputados y la ciudadanía por la labor de los fiscales? ¿Es justo privar de libertad a 77 personas, desproveerlas de su ingreso, bienestar familiar y emocional sin razón alguna?
Un fallo que dista mucho del sueño que “compró” la fiscalía.
