Sugerencias para evitar la corrupción
Muchos berrinches son los que hacen algunos políticos cuando se enteran de la calificación obtenida en percepción de la corrupción. Es evidente que ellos, inmediatamente lo asocian a un resultado similar en popularidad en vez de echar marcha a los cambios que están en sus manos.
La intención de la actual administración en el tema de corrupción pareció iniciar con buen paso. Sin embargo, con el tiempo, se han debilitado los esfuerzos y este año recibimos un 3.2 en el más reciente informe de Transparencia Internacional. Calificación que indica que la corrupción es percibida como "rampante".
"No hay cambios sustantivos en las reformas efectuadas, desafortunadamente mientras el sistema judicial no funcione como se debe no lograremos mejorar nuestra calificación" me comentó Angélica Maytin, representante de esta organización en Panamá.
La ley no parece alcanzar a las personas poderosas; magistrados, ex presidentes o diputados, situación que hace pensar que no es igual para todos. Los grandes casos de corrupción han quedado impunes a pesar de las promesas efectuadas por el Ministerio Público de aclarar los casos de "alto perfil".
Un sistema judicial independiente y profesional es crítico para acabar con la impunidad.
Ya lo decía el criminólogo Elías Neuman: "las cárceles son para los delincuentes fracasados, no para los poderosos".
No solamente se debe liberar a los procedimientos judiciales de la influencia política, sino que los jueces deben ser sometidos a medidas disciplinarias, inmunidad limitada y un código de conducta judicial con miras a garantizar que se haga justicia, sugiere el texto de Transparencia Internacional.
Un gran paso para avanzar en el tema, sería basar la escogencia del personal de servicio civil por méritos o concurso, y no por amiguismo, favores políticos o nepotismo. La reforma a la Ley de Carrera Administrativa no garantiza estos resultados.
De modo que en puestos de mando clave, muchas veces encontramos gente que carece de preparación profesional para cumplir con sus obligaciones, pero aún así, no es consciente de las graves consecuencias que implica tenerse a sí mismos en el cargo.
Los Diputados se quejan de la calificación obtenida, pero, ¿por qué no empiezan por implementar el tan añorado reglamento interno? Es la promesa de todo estrenado Presidente del Parlamento, pero hasta ahora ni uno ha podido hacerlo.
Otra sugerencia para los honorables; ¿Qué impide la existencia una ley que proteja a quienes se atrevan a denunciar actos de corrupción?
Un punto esencial para combatir la amarga idea es hacer públicas las declaraciones patrimoniales. Además de no ser auditadas quedan engavetadas. Esto imposibilita probar el delito de enriquecimiento ilícito de un funcionario, acto que además, exige aportar la prueba sumaria.
Carecemos de investigaciones a nivel administrativo. Un hecho que permitiría deslindar responsabilidades en la cadena de mando con el fin de imponer sanciones o destituciones del encargado. Que útil hubiera sido un "Inspector General" en la Caja de Seguro Social para que nos aclarara, además de la investigación penal, quién tuvo la culpa en el caso de envenenamiento por dietilen glicol, que cobró la vida de más de un centenar de panameños.
Cada institución debería implementar esta figura con el propósito de descentralizar la corrupción y adecentar las instituciones, como se practica con éxito en la ACP.
La sociedad civil es una estrategia esencial en los países subdesarrollados para lograr la rendición de cuentas de los gobiernos.
La Alianza Ciudadana pro Justicia anunció los resultados del "Monitoreo de los Mecanismos de Acceso a la información contemplados en la Ley de Transparencia".
La investigación indica que el 78% de las instituciones evaluadas no cumplen con la obligación de la Ley de Transparencia. Es decir, "no hay claridad en que la rendición de cuentas significa libre acceso a la información y transparencia, y se confunde con el acto de publicación de las planillas institucionales", dice el comunicado de prensa de esta organización.
El poder contar con datos de una institución como planilla, contratos, uso de fondos para actividades, o su funcionamiento, reafirma uno de los principios de la buena gobernabilidad. Pero esta información, contenida en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la normativa legal, no obliga a la institución a publicarla en su página web al menos que alguien la solicite. En dado caso, la corporación debe estar obligada a proporcionar los datos de interés.
Aquello de "información clasificada o de carácter reservado" resulta, en muchas ocasiones, un arma exquisita para encubrir informes que no se quieren dar a conocer. ¿Considera usted que esta acción levanta sospechas?
Es justo reconocer al Tribunal Electoral, al MICI, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que obtuvieron el mayor puntaje en esta evaluación; de cien, lograron más de 90 puntos.
También merecen crédito los esfuerzos que emprende el gobierno en materia de agilización administrativa a través de los programas "Panamá compra", "sígueme la pista" y otros. Sin embargo pueden verse amenazados en su funcionamiento con el relevo de personal una vez culmine el periodo presidencial.
Entonces es muy probable que hasta que los nuevos funcionarios se capaciten, quienes tramiten puedan verse "forzados" a buscar vías alternas que agilicen su documentación. Sugerencias las hay, ¿también hay voluntad de implementarlas?
En conclusión, se requieren acciones concertadas de los tres órganos del Estado, cada uno con su función, para aminorar la corrupción y cumplir de verdad con la promesa de "Cero Corrupción".
La intención de la actual administración en el tema de corrupción pareció iniciar con buen paso. Sin embargo, con el tiempo, se han debilitado los esfuerzos y este año recibimos un 3.2 en el más reciente informe de Transparencia Internacional. Calificación que indica que la corrupción es percibida como "rampante".
"No hay cambios sustantivos en las reformas efectuadas, desafortunadamente mientras el sistema judicial no funcione como se debe no lograremos mejorar nuestra calificación" me comentó Angélica Maytin, representante de esta organización en Panamá.
La ley no parece alcanzar a las personas poderosas; magistrados, ex presidentes o diputados, situación que hace pensar que no es igual para todos. Los grandes casos de corrupción han quedado impunes a pesar de las promesas efectuadas por el Ministerio Público de aclarar los casos de "alto perfil".
Un sistema judicial independiente y profesional es crítico para acabar con la impunidad.
Ya lo decía el criminólogo Elías Neuman: "las cárceles son para los delincuentes fracasados, no para los poderosos".
No solamente se debe liberar a los procedimientos judiciales de la influencia política, sino que los jueces deben ser sometidos a medidas disciplinarias, inmunidad limitada y un código de conducta judicial con miras a garantizar que se haga justicia, sugiere el texto de Transparencia Internacional.
Un gran paso para avanzar en el tema, sería basar la escogencia del personal de servicio civil por méritos o concurso, y no por amiguismo, favores políticos o nepotismo. La reforma a la Ley de Carrera Administrativa no garantiza estos resultados.
De modo que en puestos de mando clave, muchas veces encontramos gente que carece de preparación profesional para cumplir con sus obligaciones, pero aún así, no es consciente de las graves consecuencias que implica tenerse a sí mismos en el cargo.
Los Diputados se quejan de la calificación obtenida, pero, ¿por qué no empiezan por implementar el tan añorado reglamento interno? Es la promesa de todo estrenado Presidente del Parlamento, pero hasta ahora ni uno ha podido hacerlo.
Otra sugerencia para los honorables; ¿Qué impide la existencia una ley que proteja a quienes se atrevan a denunciar actos de corrupción?
Un punto esencial para combatir la amarga idea es hacer públicas las declaraciones patrimoniales. Además de no ser auditadas quedan engavetadas. Esto imposibilita probar el delito de enriquecimiento ilícito de un funcionario, acto que además, exige aportar la prueba sumaria.
Carecemos de investigaciones a nivel administrativo. Un hecho que permitiría deslindar responsabilidades en la cadena de mando con el fin de imponer sanciones o destituciones del encargado. Que útil hubiera sido un "Inspector General" en la Caja de Seguro Social para que nos aclarara, además de la investigación penal, quién tuvo la culpa en el caso de envenenamiento por dietilen glicol, que cobró la vida de más de un centenar de panameños.
Cada institución debería implementar esta figura con el propósito de descentralizar la corrupción y adecentar las instituciones, como se practica con éxito en la ACP.
La sociedad civil es una estrategia esencial en los países subdesarrollados para lograr la rendición de cuentas de los gobiernos.
La Alianza Ciudadana pro Justicia anunció los resultados del "Monitoreo de los Mecanismos de Acceso a la información contemplados en la Ley de Transparencia".
La investigación indica que el 78% de las instituciones evaluadas no cumplen con la obligación de la Ley de Transparencia. Es decir, "no hay claridad en que la rendición de cuentas significa libre acceso a la información y transparencia, y se confunde con el acto de publicación de las planillas institucionales", dice el comunicado de prensa de esta organización.
El poder contar con datos de una institución como planilla, contratos, uso de fondos para actividades, o su funcionamiento, reafirma uno de los principios de la buena gobernabilidad. Pero esta información, contenida en los artículos 8, 9, 10 y 11 de la normativa legal, no obliga a la institución a publicarla en su página web al menos que alguien la solicite. En dado caso, la corporación debe estar obligada a proporcionar los datos de interés.
Aquello de "información clasificada o de carácter reservado" resulta, en muchas ocasiones, un arma exquisita para encubrir informes que no se quieren dar a conocer. ¿Considera usted que esta acción levanta sospechas?
Es justo reconocer al Tribunal Electoral, al MICI, a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio Público que obtuvieron el mayor puntaje en esta evaluación; de cien, lograron más de 90 puntos.
También merecen crédito los esfuerzos que emprende el gobierno en materia de agilización administrativa a través de los programas "Panamá compra", "sígueme la pista" y otros. Sin embargo pueden verse amenazados en su funcionamiento con el relevo de personal una vez culmine el periodo presidencial.
Entonces es muy probable que hasta que los nuevos funcionarios se capaciten, quienes tramiten puedan verse "forzados" a buscar vías alternas que agilicen su documentación. Sugerencias las hay, ¿también hay voluntad de implementarlas?
En conclusión, se requieren acciones concertadas de los tres órganos del Estado, cada uno con su función, para aminorar la corrupción y cumplir de verdad con la promesa de "Cero Corrupción".
