Suspenso en proceso contra Pinochet
Una modalidad de tortura sicológica no tipificada por las leyes británicas estremeció el ánimo del general Augusto Pinochet, cuando el dictamen por mayoría del Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores no definió en términos contundentes si será juzgado por las autoridades españolas o si regresa a Chile.
El octogenario dictador se convirtió en personaje principal de una trama de suspenso manejada por el director cinematográfico Alfred Hithcock, un inglés que parecía haber inspirado el fallo de los lores que se pronunció a favor del recurso de la fiscalía británica contra la inmunidad soberana del hombre fuerte sureño, pero restringió drásticamente a 1988 el período de comisión de los delitos de los que se le acusa
1998 es ahora la fecha clave para decidir el destino de Pinochet, considerando que en ese año Inglaterra suscribió formalmente el convenio internacional sobre la tortura que la obliga al cumplimiento del principio de doble criminalidad que factibiliza la extraditabilidad del acusado.
De acuerdo al fallo de los lores, el dictador no será juzgado por la mayoría de los crímenes cometidos desde el principio de su golpe de Estado en 1973 hasta los años siguientes a 1988. Las peores violaciones contra los derechos humanos que le enrostran sus adversarios políticos se produjeron en el período fatídico de 1973 a 1988. Según puntualizó el dictamen, los únicos cargos que quedan que son crímenes extraditables comprenden un cargo aislado de tortura perpetrado después del 28 de septiembre de 1988 de ciertos cargos de conspiración en España para cometer asesinatos.
El juez español Baltasar Garzón y los abogados acusadores deberán trabajar intensamente para investigar qué otros casos de tortura cometió el régimen de Pinochet para poder procesarlo con fundamento jurídico sólido, pues de otra manera quedarían con las manos vacías, abriéndose la posibilidad de que el dictador retorne a su país.
La decisión final sobre el proceso vuelve a manos del ministro británico del interior Jack Straw, quien deberá determinar si deben continuar las acciones legales para extraditar a Pinochet.
Por otro lado, mientras los chilenos se dividían más aún por los alcances del dictamen británico, en la comunidad política internacional se especulaba que por paradójica ironía, Pinochet no será enjuiciado por los actos abominables perpetrados a partir de 1973 sino por los pecados veniales producidos cuando el régimen golpista ya controlaba el poder en Chile y sus enemigos estaban en el exilio o habían desaparecido.
El octogenario dictador se convirtió en personaje principal de una trama de suspenso manejada por el director cinematográfico Alfred Hithcock, un inglés que parecía haber inspirado el fallo de los lores que se pronunció a favor del recurso de la fiscalía británica contra la inmunidad soberana del hombre fuerte sureño, pero restringió drásticamente a 1988 el período de comisión de los delitos de los que se le acusa
1998 es ahora la fecha clave para decidir el destino de Pinochet, considerando que en ese año Inglaterra suscribió formalmente el convenio internacional sobre la tortura que la obliga al cumplimiento del principio de doble criminalidad que factibiliza la extraditabilidad del acusado.
De acuerdo al fallo de los lores, el dictador no será juzgado por la mayoría de los crímenes cometidos desde el principio de su golpe de Estado en 1973 hasta los años siguientes a 1988. Las peores violaciones contra los derechos humanos que le enrostran sus adversarios políticos se produjeron en el período fatídico de 1973 a 1988. Según puntualizó el dictamen, los únicos cargos que quedan que son crímenes extraditables comprenden un cargo aislado de tortura perpetrado después del 28 de septiembre de 1988 de ciertos cargos de conspiración en España para cometer asesinatos.
El juez español Baltasar Garzón y los abogados acusadores deberán trabajar intensamente para investigar qué otros casos de tortura cometió el régimen de Pinochet para poder procesarlo con fundamento jurídico sólido, pues de otra manera quedarían con las manos vacías, abriéndose la posibilidad de que el dictador retorne a su país.
La decisión final sobre el proceso vuelve a manos del ministro británico del interior Jack Straw, quien deberá determinar si deben continuar las acciones legales para extraditar a Pinochet.
Por otro lado, mientras los chilenos se dividían más aún por los alcances del dictamen británico, en la comunidad política internacional se especulaba que por paradójica ironía, Pinochet no será enjuiciado por los actos abominables perpetrados a partir de 1973 sino por los pecados veniales producidos cuando el régimen golpista ya controlaba el poder en Chile y sus enemigos estaban en el exilio o habían desaparecido.
