Tarifas del Intel privatizado
El año nuevo 1998 ha traído al pueblo panameño un Intel privatizado cuyas tarifas golpearán muy fuertemente el presupuesto de un alto porcentaje de hogares que sufren desempleo, sueldos de hambre y pobreza extrema.
Sumado al alto costo de la Canasta familiar, las tarifas establecidas por esta empresa en consenso con la Asamblea Legislativa y el Organo Ejecutivo, llevarán al pueblo a la desesperación al no poder mantener este servicio de singular importancia para la familia panameña y para las empresas comerciales.
Se comienza mal con esta privatización que, a nuestro juicio, no debió darse tan de prisa, porque el Intel como agencia del Estado, representa una buena entrada económica para el país y el costo de los teléfonos, estaba al nivel de las condiciones económicas del pueblo.
Así como los sectores empresariales de la nación han iniciado una campaña tendiente a que se reconsidere o se tomen otras opciones en torno a las tarifas telefónicas establecidas, inconsultamente, así mismo el pueblo de Panamá debe prepararse para librar una campaña permanente de protesta, hasta las últimas consecuencias, a fin de que la transnacional que tiene en sus manos la administración del INTEL que es de todos los panameños, tome interés en que se discuta con el usuario una salida que salvaguarde primero los intereses de los panameños y luego los de la empresa privatizadora.
En la entrega del sábado 27 de diciembre de 1997 el Diario El Panamá América trae declaraciones del Presidente de la Cámara de Comercio, Edgardo Carles, quien se siente preocupado por no tener alternativas sobre las nuevas tarifas, tal y como se presenta el sector residencial.
Tales declaraciones son más preocupantes cuando el cargo que se incrementa en el costo de operaciones de las empresas, podría ser traspasado al consumidor que siempre es la víctima en esta clase de privatizaciones.
Según las tarifas, a partir del primero de enero de 1998 el sector residencial pagará un cargo fijo de tres balboas por mes más dos centésimos por minuto, 5,50 balboas más un centésimo por minuto o veinticuatro balboas solamente.
Tales tarifas, considerando la frecuencia con que el pueblo usa el teléfono para cubrir sus necesidades, resultarán elevadísimas y son un control en la libertad que debe tener el usuario para expresarse, ya que el tiempo vale dinero.
Consideramos que el mal de la privatización del INTEL consiste en que no hubo la conveniente participación de todos y cada uno de los que se sentirían afectados por estas medidas y frente al problema no queda más que luchar, permanentemente, para que el gobierno, actuando responsablemente, defienda los intereses de un pueblo que ya está cansado de las injusticias sociales que se dan, con mucha frecuencia, en este país.
Sumado al alto costo de la Canasta familiar, las tarifas establecidas por esta empresa en consenso con la Asamblea Legislativa y el Organo Ejecutivo, llevarán al pueblo a la desesperación al no poder mantener este servicio de singular importancia para la familia panameña y para las empresas comerciales.
Se comienza mal con esta privatización que, a nuestro juicio, no debió darse tan de prisa, porque el Intel como agencia del Estado, representa una buena entrada económica para el país y el costo de los teléfonos, estaba al nivel de las condiciones económicas del pueblo.
Así como los sectores empresariales de la nación han iniciado una campaña tendiente a que se reconsidere o se tomen otras opciones en torno a las tarifas telefónicas establecidas, inconsultamente, así mismo el pueblo de Panamá debe prepararse para librar una campaña permanente de protesta, hasta las últimas consecuencias, a fin de que la transnacional que tiene en sus manos la administración del INTEL que es de todos los panameños, tome interés en que se discuta con el usuario una salida que salvaguarde primero los intereses de los panameños y luego los de la empresa privatizadora.
En la entrega del sábado 27 de diciembre de 1997 el Diario El Panamá América trae declaraciones del Presidente de la Cámara de Comercio, Edgardo Carles, quien se siente preocupado por no tener alternativas sobre las nuevas tarifas, tal y como se presenta el sector residencial.
Tales declaraciones son más preocupantes cuando el cargo que se incrementa en el costo de operaciones de las empresas, podría ser traspasado al consumidor que siempre es la víctima en esta clase de privatizaciones.
Según las tarifas, a partir del primero de enero de 1998 el sector residencial pagará un cargo fijo de tres balboas por mes más dos centésimos por minuto, 5,50 balboas más un centésimo por minuto o veinticuatro balboas solamente.
Tales tarifas, considerando la frecuencia con que el pueblo usa el teléfono para cubrir sus necesidades, resultarán elevadísimas y son un control en la libertad que debe tener el usuario para expresarse, ya que el tiempo vale dinero.
Consideramos que el mal de la privatización del INTEL consiste en que no hubo la conveniente participación de todos y cada uno de los que se sentirían afectados por estas medidas y frente al problema no queda más que luchar, permanentemente, para que el gobierno, actuando responsablemente, defienda los intereses de un pueblo que ya está cansado de las injusticias sociales que se dan, con mucha frecuencia, en este país.
