Tarifas eléctricas
Un caso, que podría generar una tormenta social a corto plazo y, a su vez, requeriría una atención especial del Gobierno, es el que se refiere a las protestas -algunas silenciosas y otras mucho más ruidosas- por los pagos de la energía eléctrica. La inconformidad generalizada radica en los abusos de las tarifas al consumidor nacional.
El presidente Ricardo Martinelli, junto a su Gabinete, pareciera estar consciente que tendrá que hacer mucho más que gravar impositivamente el agua que emplean las generadoras para conseguir una notable rebaja de precios al consumo del sector eléctrico. Recientemente anunció que ha dispuesto un fideicomiso de 11.1 millones de dólares para ser utilizado por el Fondo de Estabilización Tarifaria en beneficio de los consumidores de menos de 500 kw/h al mes. Pero para cualquier observador atento y mínimamente objetivo, estos subsidios a la electricidad para uso doméstico son sólo paliativos administrativos, pues en lo sustancial, tales decisiones desestiman que el problema de los costos de la energía es la administración de los bienes públicos y la escasa competencia del Estado ante las empresas encargadas del servicio. Con tales limitaciones formales le es muy difícil al Gobierno evitar la desesperación ciudadana ante los elevados precios de la tarifa eléctrica.
Bastaría con revisar las múltiples quejas interpuestas por los usuarios ante las empresas de servicio eléctrico, para darse cuenta que el pago del servicio podría hundirlos en la precariedad en la que viven. Por el momento los subsidios no son medidas nuevas. Se requieren reales cambios vinculados a una estrategia general para el pago equitativo del bienestar ciudadano. Ojalá el Gobierno Nacional tenga éxito en este propósito.
