Temor y resistencia

Temor y resistencia



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Es lógico que haya temor ante la aprobación de un nuevo Código Procesal Penal, pues la aplicación efectiva de las nuevas reglas de procedimiento dependerá irremediablemente de dos factores, la disponibilidad oportuna de los recursos financieros y la capacitación profesional de los recursos humanos.
Como en el pasado reciente nos han fallado ambos, ni se han hechos las inversiones que correspondía hacerse en el momento oportuno para establecer en la práctica las instituciones creadas por ley, ni se entrenó adecuadamente al personal que se le dio por misión poner en práctica la nueva legislación, hay fundado temor de que la transición de un proceso penal inquisitivo a uno oral y acusatorio sea un verdadero desastre. Si esto ocurriera, la sociedad experimentaría un gran trauma, pues un proceso penal que no es efectivo en la práctica conduce a un incremento de la criminalidad y la violencia; y se disparan, en consecuencia, los índices de inseguridad ciudadana.
Por eso, lo aconsejable es que las autoridades del gobierno respalden la propuesta normativa con un esquema de un presupuesto plurianual de inversiones en materia de justicia y con un cronograma que señale de modo sencillo las etapas de la implementación territorial del nuevo código. Esto le daría un espacio cómodo a la seguridad de que cualquier mecanismo defectuoso que se detecte en la nueva estructura procesal podría ser atendido y corregido rápidamente sin que tuviera efectos en todo el país.
Es importante que los diputados sepan distinguir entre las opiniones de juristas que han expresado su preocupación por los posibles defectos que las nuevas reglas de procedimiento penal pudieran contener y los señalamientos, más políticamente motivados, que buscan obstaculizar e impedir el avance de un proyecto que el gobierno ha asumido como propio, a pesar de que tiene sus orígenes más inmediatos en los trabajos de la Comisión de Estado por la Justicia.
En conclusión, un compromiso elocuente con un programa de inversiones y un diseño de las fases de implementación, que sea sencillo y fácil de entender, pueden aportar más a la tranquilidad ciudadana que las explicaciones de los penalistas. La resistencia política, aunque sus sujetos no se reconozcan como políticos, tiene que ser atendida también mediante el diálogo y la persuasión, con la resignación de que en estas materias el consenso es siempre aconsejable, pero no siempre está al alcance.