Tendencias económicas exitosas
TENEMOS UN Estado con una Constitución política intervencionista desde 1946, que incluye responsabilidades estatales en materia de educación y salud pública, además de las consabidas, en temas como vías públicas, seguridad, justicia y vivienda para los más desfavorecidos.
Esta definición de Estado intervencionista se encuentra casi en el centro de un debate ideológico en el que basta sólo con proveer seguridad, justicia, y sistemas de salud y educación para los más pobres, por una parte (Estados Unidos de América), hasta el otro extremo que incluye vastas prestaciones laborales y de seguridad social, incluso, un ambicioso plan de subsidios estatales en casos de desempleo (Europa Occidental). Casi la línea limítrofe entre lo que es económicamente aceptable en materia de solidaridad, para economías débiles, y el natural incentivo que el mundo capitalista ofrece al desarrollo particular e individual.
El país, además, pasó por un período de expansión económica estatal, en el que el Estado asumió ciertas empresas estratégicas (generación de electricidad, telefonía y suministro de agua), y otras empresas no tan estratégicas. Para finalmente, dar marcha en retroceso de esta expansión, por la evidente incapacidad del Estado de hacer frente a las multimillonarias inversiones que necesitaba la renovación de dichos servicios públicos, así como a la evidente incapacidad del Estado como administrador y partícipe en la explotación de los medios de producción.
Sólo, de las prerrogativas que concede el texto constitucional, el Estado ha mantenido el control sobre ciertas empresas que considera "demasiado estratégicas", como para ceder a la empresa privada (sobre todo, el suministro de agua). En el camino final de las privatizaciones, se encuentran algunos bancos del Estado, que hoy día son totalmente ineficientes e innecesarios, frente a la diversidad de la oferta bancaria local.
Por razones por las que no son del caso explayarse, no nos parece conveniente entrar en un debate sobre el modelo económico planteado por el texto constitucional de 1946. Además de innecesario, porque aún se pueden hacer cambios más rigurosos desde la perspectiva económica sin alterar el texto constitucional, nos parece que hay que reconocer que existe cierto grado de consenso sobre la necesidad de que el Estado panameño siga prestando ciertos servicios públicos a la población más necesitada del país.
La pregunta no es tanto de definiciones económicas tajantes, que nos ubiquen ni como Estado Benefactor ni como Sociedad Capitalista a Ultranza, sino cuál de las tendencias en boga, beneficia más al desarrollo económico y social del país. Llegado a este punto, tenemos que advertir el agotamiento del Estado Benefactor en una amplia franja de países europeos, que por adjudicar demasiado poder al Estado, han anquilosado y hecho más onerosos los procesos de producción privada, que son precisamente, los que más riquezas generan y los que más beneficios sociales directos traen a la población.
Así es que en materia de desregulación estatal, abogamos por la tendencia exitosamente administrada por el actual Ministro de Educación, en el sentido de promover que mayores personas con capacidad económica para ello, pasen a sus hijos e hijas de los colegios públicos a los colegios privados, lo que le permitiría al servicio estatal de escuelas, atender más eficientemente a quienes realmente necesitan de dichos servicios de educación.
Esa debe ser la misma actitud que debe asumir todo el entramado de salud y seguridad social del país. Ya hemos dado el primer paso al permitir a los nuevos cotizantes de la Caja de Seguro Social, entrar a un sistema de ahorro en cuentas individuales, que no obstante, no perjudica la solidaridad del sistema, y salvaguarda la necesaria capitalización de la Institución. Debemos dar el siguiente paso en la misma dirección, ahora, a propósito del diseño del nuevo modelo de salud propuesto por el Grupo Técnico de Garantes.
No es difícil sostener que un dólar invertido por la empresa privada es mucho más rentable que un dólar invertido por el Estado. Debemos revertir la tendencia proteccionista del Estado panameño hacia una estrictamente solidaria por subsidiariedad, en la que logremos liberar todas las fuerzas de la iniciativa individual y de la empresa privada para mejorar el nivel del vida de todos los panameños, siendo deber del Estado atender directamente a la franja de panameños, que cada vez menos, quede fuera de los beneficios de esa economía formal.
Sólo tienen 117 guardavidas para todo el territorio, que sumados a los de la Cruz Roja Nacional, ascienden a 200.
Pero, aclaró que aunque tienen estos inconvenientes, realizan monitoreos esporádicamente.
"Lo que se recomienda es que los dueños de los balnearios privados contraten a guardavidas idóneos para realizar estas tareas de vigilancia", agregó.
Esta definición de Estado intervencionista se encuentra casi en el centro de un debate ideológico en el que basta sólo con proveer seguridad, justicia, y sistemas de salud y educación para los más pobres, por una parte (Estados Unidos de América), hasta el otro extremo que incluye vastas prestaciones laborales y de seguridad social, incluso, un ambicioso plan de subsidios estatales en casos de desempleo (Europa Occidental). Casi la línea limítrofe entre lo que es económicamente aceptable en materia de solidaridad, para economías débiles, y el natural incentivo que el mundo capitalista ofrece al desarrollo particular e individual.
El país, además, pasó por un período de expansión económica estatal, en el que el Estado asumió ciertas empresas estratégicas (generación de electricidad, telefonía y suministro de agua), y otras empresas no tan estratégicas. Para finalmente, dar marcha en retroceso de esta expansión, por la evidente incapacidad del Estado de hacer frente a las multimillonarias inversiones que necesitaba la renovación de dichos servicios públicos, así como a la evidente incapacidad del Estado como administrador y partícipe en la explotación de los medios de producción.
Sólo, de las prerrogativas que concede el texto constitucional, el Estado ha mantenido el control sobre ciertas empresas que considera "demasiado estratégicas", como para ceder a la empresa privada (sobre todo, el suministro de agua). En el camino final de las privatizaciones, se encuentran algunos bancos del Estado, que hoy día son totalmente ineficientes e innecesarios, frente a la diversidad de la oferta bancaria local.
Por razones por las que no son del caso explayarse, no nos parece conveniente entrar en un debate sobre el modelo económico planteado por el texto constitucional de 1946. Además de innecesario, porque aún se pueden hacer cambios más rigurosos desde la perspectiva económica sin alterar el texto constitucional, nos parece que hay que reconocer que existe cierto grado de consenso sobre la necesidad de que el Estado panameño siga prestando ciertos servicios públicos a la población más necesitada del país.
La pregunta no es tanto de definiciones económicas tajantes, que nos ubiquen ni como Estado Benefactor ni como Sociedad Capitalista a Ultranza, sino cuál de las tendencias en boga, beneficia más al desarrollo económico y social del país. Llegado a este punto, tenemos que advertir el agotamiento del Estado Benefactor en una amplia franja de países europeos, que por adjudicar demasiado poder al Estado, han anquilosado y hecho más onerosos los procesos de producción privada, que son precisamente, los que más riquezas generan y los que más beneficios sociales directos traen a la población.
Así es que en materia de desregulación estatal, abogamos por la tendencia exitosamente administrada por el actual Ministro de Educación, en el sentido de promover que mayores personas con capacidad económica para ello, pasen a sus hijos e hijas de los colegios públicos a los colegios privados, lo que le permitiría al servicio estatal de escuelas, atender más eficientemente a quienes realmente necesitan de dichos servicios de educación.
Esa debe ser la misma actitud que debe asumir todo el entramado de salud y seguridad social del país. Ya hemos dado el primer paso al permitir a los nuevos cotizantes de la Caja de Seguro Social, entrar a un sistema de ahorro en cuentas individuales, que no obstante, no perjudica la solidaridad del sistema, y salvaguarda la necesaria capitalización de la Institución. Debemos dar el siguiente paso en la misma dirección, ahora, a propósito del diseño del nuevo modelo de salud propuesto por el Grupo Técnico de Garantes.
No es difícil sostener que un dólar invertido por la empresa privada es mucho más rentable que un dólar invertido por el Estado. Debemos revertir la tendencia proteccionista del Estado panameño hacia una estrictamente solidaria por subsidiariedad, en la que logremos liberar todas las fuerzas de la iniciativa individual y de la empresa privada para mejorar el nivel del vida de todos los panameños, siendo deber del Estado atender directamente a la franja de panameños, que cada vez menos, quede fuera de los beneficios de esa economía formal.
Sólo tienen 117 guardavidas para todo el territorio, que sumados a los de la Cruz Roja Nacional, ascienden a 200.
Pero, aclaró que aunque tienen estos inconvenientes, realizan monitoreos esporádicamente.
"Lo que se recomienda es que los dueños de los balnearios privados contraten a guardavidas idóneos para realizar estas tareas de vigilancia", agregó.
