Terrorismo judicial
El 28 de enero de 1998 un macabro crimen fue perpetrado en el área de Playa Hermosa de la Isla Penal de Coiba: cuatro reos fueron decapitados en circunstancias nada claras. El crimen nos produjo a los humanos que habitamos Panamá, dolorosas e imborrables memorias de situaciones que creíamos superadas. El crimen de Hugo Spadafora, al igual que las horrorosas escenas de la golpiza a los reclusos de la entonces Cárcel Modelo, transmitidas por el Canal 13 de la televisión panameña -el lunes 29 de julio de 1996- reaparecieron al lado de los decapitados de Coiba para nuestra indignación y vergüenza.
Hace ya más de dos siglos, la Declaración de los Derechos del Hombre, dejó sentado que: "...La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de los males públicos y la corrupción de los gobiernos". En la sociedad panameña o bien hay quienes siempre se han negado a aprender esa lección, o bien quienes se proponen por todos los medios a su alcance, de la mano de la impunidad, impedirnos la construcción de una sociedad panameña en la cual se respete la dignidad de todos y el derecho de cada uno.
La cultura autoritaria y totalitaria desarrollada en Panamá durante las últimas tres décadas, ha pretendido hacernos olvidar que las personas privadas de la libertad conservan la plenitud de la dignidad humana y siguen siendo titulares de derechos fundamentales, cuya vulneración les está absolutamente prohibida a las autoridades. He dicho y me ratifico en ello, que no podemos aceptar como buena la perniciosa concepción de hacer creer que el delincuente al ingresar a la prisión entra a un territorio sin ley donde le puede pasar de todo...aún hasta la muerte.
En Panamá para nadie es un secreto que la población penitenciaria vive en condiciones flagrantemente violatorias de la dignidad humana y que además contrarían el espíritu de vida de una sociedad moderna donde debe imperar un Estado de Derecho. Prueba de ello son el hacinamiento, las condiciones precarísimas que tienen los hombres y mujeres recluidos en las cárceles panameñas, verdaderos "cementerios vivos" como los denominara -hará unos años- un documento de la Iglesia Católica.
Por exigir ante la faz del país que se investigara lo que realmente sucedió en Coiba con los reos decapitados, el entonces Director General de la Policía Nacional, José Luis Sosa, interpuso una "Demanda por Calumnia e Injuria" contra mi persona.
El Director de la Policia de entonces, al igual que el actual, han servido de instrumento de los enemigos de la democracia al proceder y, luego, continuar con esta diligencia judicial, que les sirve de punta de lanza para acallar mis opiniones y mis cuestionamientos motivados por la profunda preocupación en defensa de nuestras libertades democráticas. Intentan, de la mano del Procurador General de la Nación y su amanuense, el Fiscal Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Giovanni Olmos Espino, el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con la juez Zaida Cárdenas y su suplente Lorena Hernández y los magistrados del Segundo Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial, Wilfredo Saenz y Secundino Mendieta, apadrinados por sus superiores, poner en peligro mi vida, integridad física y dignidad haciéndome aparecer como un vulgar criminal -que no lo soy- al denegarme arbitrariamente todos los recursos e incidentes que he presentado y montarme un juicio prefabricado el próximo 14 de mayo a las 9 de la mañana, con el propósito doloso y alevoso de hacer daño y condenarme de 18 a 24 meses de cárcel.
Hago un llamado a la opinión pública y a la sociedad civil, para que repudie este vergonzoso acto de utilización premeditada del aparato judicial y del Ministerio Público contra quien levanta su voz en pro de los Derechos Humanos y pide que se esclarezcan los crímenes perpetrados, cese la impunidad y se respete nuestro sagrado derecho a la seguridad jurídica y de nuestras garantías fundamentales.
Las actuales autoridades, actuando igual que los agentes del Ministerio Público y del Organo Judicial que han manejado este caso, cual alacrán maquiavélico, insisten en violar todo debido proceso, puesto que su propósito no es otro que el de perseguir a los que sí luchamos por la libertad y la democracia y sembrar el miedo ante la ciudadanía utilizando su terrorismo judicial. Sé que es peligroso tener razón en un país donde no hay justicia, pero lo es más aún allí donde los verdugos se erigen en víctimas.
Hace ya más de dos siglos, la Declaración de los Derechos del Hombre, dejó sentado que: "...La ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre, son las únicas causas de los males públicos y la corrupción de los gobiernos". En la sociedad panameña o bien hay quienes siempre se han negado a aprender esa lección, o bien quienes se proponen por todos los medios a su alcance, de la mano de la impunidad, impedirnos la construcción de una sociedad panameña en la cual se respete la dignidad de todos y el derecho de cada uno.
La cultura autoritaria y totalitaria desarrollada en Panamá durante las últimas tres décadas, ha pretendido hacernos olvidar que las personas privadas de la libertad conservan la plenitud de la dignidad humana y siguen siendo titulares de derechos fundamentales, cuya vulneración les está absolutamente prohibida a las autoridades. He dicho y me ratifico en ello, que no podemos aceptar como buena la perniciosa concepción de hacer creer que el delincuente al ingresar a la prisión entra a un territorio sin ley donde le puede pasar de todo...aún hasta la muerte.
En Panamá para nadie es un secreto que la población penitenciaria vive en condiciones flagrantemente violatorias de la dignidad humana y que además contrarían el espíritu de vida de una sociedad moderna donde debe imperar un Estado de Derecho. Prueba de ello son el hacinamiento, las condiciones precarísimas que tienen los hombres y mujeres recluidos en las cárceles panameñas, verdaderos "cementerios vivos" como los denominara -hará unos años- un documento de la Iglesia Católica.
Por exigir ante la faz del país que se investigara lo que realmente sucedió en Coiba con los reos decapitados, el entonces Director General de la Policía Nacional, José Luis Sosa, interpuso una "Demanda por Calumnia e Injuria" contra mi persona.
El Director de la Policia de entonces, al igual que el actual, han servido de instrumento de los enemigos de la democracia al proceder y, luego, continuar con esta diligencia judicial, que les sirve de punta de lanza para acallar mis opiniones y mis cuestionamientos motivados por la profunda preocupación en defensa de nuestras libertades democráticas. Intentan, de la mano del Procurador General de la Nación y su amanuense, el Fiscal Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Giovanni Olmos Espino, el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial, con la juez Zaida Cárdenas y su suplente Lorena Hernández y los magistrados del Segundo Tribunal Superior del Primer Circuito Judicial, Wilfredo Saenz y Secundino Mendieta, apadrinados por sus superiores, poner en peligro mi vida, integridad física y dignidad haciéndome aparecer como un vulgar criminal -que no lo soy- al denegarme arbitrariamente todos los recursos e incidentes que he presentado y montarme un juicio prefabricado el próximo 14 de mayo a las 9 de la mañana, con el propósito doloso y alevoso de hacer daño y condenarme de 18 a 24 meses de cárcel.
Hago un llamado a la opinión pública y a la sociedad civil, para que repudie este vergonzoso acto de utilización premeditada del aparato judicial y del Ministerio Público contra quien levanta su voz en pro de los Derechos Humanos y pide que se esclarezcan los crímenes perpetrados, cese la impunidad y se respete nuestro sagrado derecho a la seguridad jurídica y de nuestras garantías fundamentales.
Las actuales autoridades, actuando igual que los agentes del Ministerio Público y del Organo Judicial que han manejado este caso, cual alacrán maquiavélico, insisten en violar todo debido proceso, puesto que su propósito no es otro que el de perseguir a los que sí luchamos por la libertad y la democracia y sembrar el miedo ante la ciudadanía utilizando su terrorismo judicial. Sé que es peligroso tener razón en un país donde no hay justicia, pero lo es más aún allí donde los verdugos se erigen en víctimas.
