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Tertulia pública. Mejoras en crceles, penas y corrupción


LOS PANAMEÑOS logramos conseguir temas para entretenernos y no perder el espíritu crítico que nos caracteriza. Desde el incendio del autobús, con la irreparable pérdida de vidas humanas, pasando por el envenenamiento masivo con medicamentos elaborados en la Caja de Seguro Social, la venta de tierras inalienables en Punta Chame y el fallo de la Corte Suprema sobre la liberación de los directores detenidos por la Fiscalía Cuarta Superior, sólo para mencionar algunos eventos de nuestra vida nacional, que han motivado preocupación en la ciudadanía.
Recientemente aflora lo relacionado con la habilitación y acondicionamiento de algún sector de las cárceles, donde se alojan prisioneros de alto perfil. La presencia en dicho lugar de artefactos eléctricos sofisticados, denuncia algún grado de tolerancia y aprobación de los responsables de dicha cárcel.
La publicidad que se le ha dispensado a dichos arreglos, la calidad de los beneficiados y las condiciones infrahumanas que presenta el resto de los internos, alimentan la sospecha de corrupción, de la que ya nadie duda, no sólo en ese sector, sino en la mayoría de las instancias públicas.
Tengo que entrar en un terreno casi filosófico, en el que transitan muchos defensores de los derechos humanos. Si las penas impuestas o a imponer en caso de declarar responsables penalmente a los ocupantes de esos espacios, es la de prisión, y como accesoria la inhabilitación para el ejercicio de su oficio o profesión o para el desempeño de cargos públicos, ninguna otra restricción debería agravar su condición de prisionero, pues la pena principal se refiere sólo a la privación de la libertad y esto se está cumpliendo.
Otra cosa sería si además de la privación de la libertad y de la inhabilitación, hubiese otro castigo que le impidiera pasar su tiempo de detención con alguna comodidad, entonces pudieran aplicar las restricciones adecuadas. Conviene examinar si ante la imposibilidad del Sistema Penitenciario de tener mejores instalaciones, prohibir que los propios detenidos o sus familiares mejoren el lugar, es lo más correcto. Ya con la provisión de seguridad, alimentos, servicios públicos y otras facilidades como atención médica, cursos técnicos, transporte a diligencias judiciales etc., cada detenido representa un gasto importante para el Estado.
Pienso que ante las debilidades en materia económica y presupuestaria, que nos presenta en sistema carcelario, no deberíamos rechazar las iniciativas de los propios internos para mejorar las instalaciones. Ojalá todos pudieran ofrecer algún aporte para humanizar las pocilgas que son esas celdas. No es un secreto que hay delincuentes recurrentes, que han hecho de la prisión su casa. Allí tienen asegurado todo, hasta un mal sitio para dormir, con el riesgo de ser agredido. Son creativos en la fabricación de armas, destruyen cuanto pueden y reclaman mejores atenciones, pero cuando son liberados, poco es el tiempo que disfrutan esa libertad, porque repiten su conducta delictiva y regresan a su infernal aposento. Conocemos que la Dirección del Sistema Penitenciario hace esfuerzos por mejorar esas condiciones inhóspitas de las cárceles, por lo cual una mejora que provenga de los propios internos, siempre que no sea fruto de corrupción, debe permitirse a mi juicio, así como se permite que los que son artesanos, puedan vender lo que producen en esos centros.
Nuestra propuesta verá la luz pública muy pronto y estará dirigida a todos los panameños, principalmente a los decepcionados de la política tradicional, a los hastiados de tanto de lo mismo, a los descamisados, marginados y los independientes, que aspiramos a darle un "revolcón" al estado panameño, rompiendo con muchos esquemas.
(*) Miembro de la coordinación nacional de MAPA.

101 años de Panamá América

 
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