Tesorería municipal y placas de autos
La experiencia de tramitar las placas de autos particulares en las dependencias municipales de la ciudad capital está resultando, como dijo un acongojado usuario, algo como para cortarse las venas. Lo peor de la burocracia sale a relucir en las penosas tramitaciones que se llevan a cabo en las distintas dependencias donde se maltrata cotidianamente a los propietarios de vehículos.
En el primer encuentro del usuario y la burocracia municipal surge la displicencia y a menudo el mal humor de las empleadas. Pareciera que las empleadas han seguido cursos de tortura psicológica para llevar la paciencia del solicitante a situaciones límites. Se les exige papel tras papel, sello tras sello, y cuando ya parece que la tramitación ha llegado a su final, la funcionaria descubre que se necesita otro documento, otro sello, y que debe volver al día siguiente, después de haber dedicado tiempo precioso en la tramitación.
Cuando el usuario solicita el paz y salvo en otra ventanilla se sorprende de que ha sido multado por infracciones del tránsito de las que no tenía conocimiento, entre las cuales no sorprende que un policía hipersensitivo le haya puesto una boleta por desacato si le reclamó algo.
El ciudadano no tiene derecho a expresar su punto de vista ante policías de tránsito implacables a la hora de sentirse víctimas de un desacato y se convierten en fiscales y jueces.
Encima de todo esto, el usuario debe pagar 32 balboas no por la placa de metal sino por un menudo sticker de plástico, cuyo valor real en serie debe ser insignificante. Entre el plástico, multas y paz salvo, se debe disponer de 80 a 100 balboas para cumplir obligaciones monetarias desproporcionadas que no tienen contrapartida, puesto que las vías públicas siguen sin semáforos en numerosos lugares, y los policías brillan por su ausencia en sitios de embotellamientos diarios.
Para colmo de males, el tesorero de la Alcaldía de Panamá ha amenazado con quitarle las licencias de conducir a quienes no están al día con los pagos exorbitantes e injustificados para mantener a una burocracia arrogante e ineficaz. El Defensor del Pueblo debe visitar estas dependencias para levantar un informe que le ponga un alto a los abusos.
En el primer encuentro del usuario y la burocracia municipal surge la displicencia y a menudo el mal humor de las empleadas. Pareciera que las empleadas han seguido cursos de tortura psicológica para llevar la paciencia del solicitante a situaciones límites. Se les exige papel tras papel, sello tras sello, y cuando ya parece que la tramitación ha llegado a su final, la funcionaria descubre que se necesita otro documento, otro sello, y que debe volver al día siguiente, después de haber dedicado tiempo precioso en la tramitación.
Cuando el usuario solicita el paz y salvo en otra ventanilla se sorprende de que ha sido multado por infracciones del tránsito de las que no tenía conocimiento, entre las cuales no sorprende que un policía hipersensitivo le haya puesto una boleta por desacato si le reclamó algo.
El ciudadano no tiene derecho a expresar su punto de vista ante policías de tránsito implacables a la hora de sentirse víctimas de un desacato y se convierten en fiscales y jueces.
Encima de todo esto, el usuario debe pagar 32 balboas no por la placa de metal sino por un menudo sticker de plástico, cuyo valor real en serie debe ser insignificante. Entre el plástico, multas y paz salvo, se debe disponer de 80 a 100 balboas para cumplir obligaciones monetarias desproporcionadas que no tienen contrapartida, puesto que las vías públicas siguen sin semáforos en numerosos lugares, y los policías brillan por su ausencia en sitios de embotellamientos diarios.
Para colmo de males, el tesorero de la Alcaldía de Panamá ha amenazado con quitarle las licencias de conducir a quienes no están al día con los pagos exorbitantes e injustificados para mantener a una burocracia arrogante e ineficaz. El Defensor del Pueblo debe visitar estas dependencias para levantar un informe que le ponga un alto a los abusos.
