Tiradera de pelota
Mientras la ciudadanía tiene que pagar las consecuencias de un servicio público de telefonía costosísimo -más del triple de lo que solía ser- gracias a la inhabilidad de nuestra clase política que fue incapaz de percibir los resultados actuales, el PRD y el arnulfismo debaten públicamente y se hacen toda clase de recriminaciones e imputaciones. Se ha formado toda una tiradera de pelota y nadie resuelve nada. La clase política, sobre todo la que gobierna, ha olvidado que su razón de ser es conducir al Estado por caminos que beneficien a todos los ciudadanos, no en beneficio de unos pocos y en perjuicio de los muchos.
Todo un circo han creado ambos partidos políticos. Por un lado el PRD, tratando de lavarse la cara, demandó al actual Ministro de Gobierno y Justicia por haber aprobado la Adenda N° 2 del contrato suscrito con C&W y, por el otro lado, el arnulfismo, con el ánimo de evadir responsabilidades, asevera que el único responsable de todo esto es el PRD que procedió con la privatización de la empresa. Personalmente pensamos que la responsabilidad es de ambos partidos: del PRD por haber accedido a las peticiones de las IFIs y privatizado el INTEL y el arnulfismo por no ponerle coto a la situación. El PRD es el padre de la criatura y el arnulfismo es la madre que la amamanta.
Se ha dicho que la nueva alza de las tarifas nacionales obedece a que se van a bajar las tarifas de llamadas internacionales y éstas subvencionan a las locales. La solución al problema lo percibimos como un asunto de solidaridad. En forma similar a como el tanque de gas de 100 libras subvenciona al de 25 libras -de consumo popular-, debe procederse en lo que a las tarifas telefónicas se refiere. Pero lo que acontece es que el poder de decisión de esta disyuntiva está en manos casualmente de los que hacen uso frecuente de las llamadas internacionales y su avidez los conduce procurar pagar lo menos posible, aunque ello signifique un incremento en el costo de las tarifas de los de menos recursos económicos. De allí la reciente declaración de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, a través de su presidente, -usuarios por excelencia de las llamadas internacionales- de que "C&W tiene razón en sus planteamientos". El problema radica, pues, en una absoluta falta de solidaridad.
La empresa, por su parte, salió a amedrentar al gobierno y afirmó que de progresar la acción legal interpuesta, ello pondría muy nerviosos a los inversionistas internacionales. Chantajean al Estado panameño y habida cuenta de su prepotencia económica pretenden pasar por encima de la ley, como se ha señalado. La suerte de la demanda interpuesta por el PRD no es menester discurrirlo, todos sabemos cuál será. El Ejecutivo se encargará de hacer su acostumbrado "lobby" en la Corte Suprema de Justicia para que no prospere la demanda interpuesta, así de sencillo, tal como ha acontecido en el pasado.
Toda esta situación los panameños nos la hubiéramos evitado si la clase política se hubiese percatado, en el momento oportuno, que este tipo de inversiones no promueve la producción ni el crecimiento, sino a la distribución del mercado ya existente, y por lo tanto no son productivas. No conducen al crecimiento, sino concentran la riqueza ya existente en cada vez menos manos ajenas al Estado. La privatización del INTEL y otras empresas no crearon para el país nueva riqueza sino que, en el caso del INTEL, se transfirió el mercado ya existente y, en el caso del IRHE, se redistribuyó.
El neoliberalismo ha alentado una cadena de inversiones totalmente improductivas y para el Estado no ha representado ninguna ganancia, ya que dichas empresas fueron sometidas a subasta y la ingente deuda existente colocaron al Estado en una posición de negociación muy pobre.
Las empresas que adquirieron los servicios públicos de comunicación y electrificación han causado una grave escasez de divisas, pues no sólo no producen para mercados exteriores, sino que exportan divisas. O sea, no sólo no las generan sino que las exportan. La acumulación de riqueza de estas empresas, sin que produzcan crecimiento, conlleva a agravar más la concentración de riqueza y una progresiva exclusión de los sectores sociales lo que conlleva a su vez a una generalización de la pobreza, como ha ocurrido en nuestro medio.
Mientras las personas a cargo de la dirección del Estado, la clase política, no adquiera conciencia de la situación existente y adopte las medidas necesarias para subsanar los desatinos realizados, la situación económica en Panamá permanecerá en franco deterioro en perjuicio de todos, pues ya los efectos recesivos de la crisis económica han tocado las puertas de los que han acumulado riquezas.
La colocación de los 750 millones de dólares en bonos en el exterior, que ha anunciado el Gobierno Nacional, no es otra cosa que "deuda". Hemos incrementado la deuda en 750 millones de dólares. Se dice que es para el pago de la deuda externa, lo que en buen cristiano quiere decir que estamos en bancarrota, porque el que tiene que pedir prestado para pagar deuda, está en una situación económica de crisis extrema.
Todo un circo han creado ambos partidos políticos. Por un lado el PRD, tratando de lavarse la cara, demandó al actual Ministro de Gobierno y Justicia por haber aprobado la Adenda N° 2 del contrato suscrito con C&W y, por el otro lado, el arnulfismo, con el ánimo de evadir responsabilidades, asevera que el único responsable de todo esto es el PRD que procedió con la privatización de la empresa. Personalmente pensamos que la responsabilidad es de ambos partidos: del PRD por haber accedido a las peticiones de las IFIs y privatizado el INTEL y el arnulfismo por no ponerle coto a la situación. El PRD es el padre de la criatura y el arnulfismo es la madre que la amamanta.
Se ha dicho que la nueva alza de las tarifas nacionales obedece a que se van a bajar las tarifas de llamadas internacionales y éstas subvencionan a las locales. La solución al problema lo percibimos como un asunto de solidaridad. En forma similar a como el tanque de gas de 100 libras subvenciona al de 25 libras -de consumo popular-, debe procederse en lo que a las tarifas telefónicas se refiere. Pero lo que acontece es que el poder de decisión de esta disyuntiva está en manos casualmente de los que hacen uso frecuente de las llamadas internacionales y su avidez los conduce procurar pagar lo menos posible, aunque ello signifique un incremento en el costo de las tarifas de los de menos recursos económicos. De allí la reciente declaración de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas, a través de su presidente, -usuarios por excelencia de las llamadas internacionales- de que "C&W tiene razón en sus planteamientos". El problema radica, pues, en una absoluta falta de solidaridad.
La empresa, por su parte, salió a amedrentar al gobierno y afirmó que de progresar la acción legal interpuesta, ello pondría muy nerviosos a los inversionistas internacionales. Chantajean al Estado panameño y habida cuenta de su prepotencia económica pretenden pasar por encima de la ley, como se ha señalado. La suerte de la demanda interpuesta por el PRD no es menester discurrirlo, todos sabemos cuál será. El Ejecutivo se encargará de hacer su acostumbrado "lobby" en la Corte Suprema de Justicia para que no prospere la demanda interpuesta, así de sencillo, tal como ha acontecido en el pasado.
Toda esta situación los panameños nos la hubiéramos evitado si la clase política se hubiese percatado, en el momento oportuno, que este tipo de inversiones no promueve la producción ni el crecimiento, sino a la distribución del mercado ya existente, y por lo tanto no son productivas. No conducen al crecimiento, sino concentran la riqueza ya existente en cada vez menos manos ajenas al Estado. La privatización del INTEL y otras empresas no crearon para el país nueva riqueza sino que, en el caso del INTEL, se transfirió el mercado ya existente y, en el caso del IRHE, se redistribuyó.
El neoliberalismo ha alentado una cadena de inversiones totalmente improductivas y para el Estado no ha representado ninguna ganancia, ya que dichas empresas fueron sometidas a subasta y la ingente deuda existente colocaron al Estado en una posición de negociación muy pobre.
Las empresas que adquirieron los servicios públicos de comunicación y electrificación han causado una grave escasez de divisas, pues no sólo no producen para mercados exteriores, sino que exportan divisas. O sea, no sólo no las generan sino que las exportan. La acumulación de riqueza de estas empresas, sin que produzcan crecimiento, conlleva a agravar más la concentración de riqueza y una progresiva exclusión de los sectores sociales lo que conlleva a su vez a una generalización de la pobreza, como ha ocurrido en nuestro medio.
Mientras las personas a cargo de la dirección del Estado, la clase política, no adquiera conciencia de la situación existente y adopte las medidas necesarias para subsanar los desatinos realizados, la situación económica en Panamá permanecerá en franco deterioro en perjuicio de todos, pues ya los efectos recesivos de la crisis económica han tocado las puertas de los que han acumulado riquezas.
La colocación de los 750 millones de dólares en bonos en el exterior, que ha anunciado el Gobierno Nacional, no es otra cosa que "deuda". Hemos incrementado la deuda en 750 millones de dólares. Se dice que es para el pago de la deuda externa, lo que en buen cristiano quiere decir que estamos en bancarrota, porque el que tiene que pedir prestado para pagar deuda, está en una situación económica de crisis extrema.
