Titulación de tierras en la Cuenca del Canal
Pese a la oposición de algunos sectores vinculados a la Iglesia y a los propios ocupantes del área, la Autoridad del Canal sigue adelante con su programa de titulación de tierras pertenecientes a la reserva hidrográfica de la vía acuática. Se calcula en 20 mil el número de precaristas diseminados en las provincias de Panamá, Colón y Coclé.
En los últimos años, la Autoridad ha mejorado substancialmente la comunicación con dichos ocupantes. La hemos visto promoviendo reuniones informativas, apoyando ferias agrícolas, donando material a escuelas del área y, en general, manteniendo un diálogo fluido con los auténticos dirigentes del sector, no importa que no siempre sean coincidentes en su criterio.
El Canal pues, está identificándose con la problemática social de su entorno. Positivo es que se haya entendido que la cuenca no es solo del Canal, por más que así lo diga la ley que la amplió a niveles que Fernando Manfredo, Ricardo J. Bermúdez D. y otros especialistas, estiman exagerados.
La titulación es un paso necesario y útil para inventariar no tanto un problema sino el grado de asociación que corresponde a cada uno - Canal y campesinos - respecto a un mismo bien. Fuera de eso, ella servirá como mecanismo para mantener a raya a los "pescadores en río revuelto" y a los especuladores. Hablamos de aquellos oportunistas que, disfrazados de dirigentes precaristas, no son más que especuladores y promotores de la ocupación ilegal de tierras, verdaderas rémoras, que viven aprovechándose de las necesidades de la gente sin tierra. Los hay por todas partes, en Mocambo y Arraiján inclusive, y están plenamente identificados por las autoridades.
Ellos llegan a colectar dineros de los ocupantes, a "vender" y revender lotes y a chantajear a dueños de tierras y a las entidades, llámese ARI, Seguro Social, Ministerio de Vivienda, Obras Públicas y demás. Esos promotores profesionales se las arreglan para ir lucrando de la desgracia de los sin-tierra por toda la geografía nacional, aprovechándose del apetito de políticos locales, a quienes se presentan como generadores de votos, sirviéndose recíprocamente en despreciable contubernio.
De algún modo se las arreglan para estar donde menos deben estar, por donde han de pasar carreteras, a donde ha de construirse alguna obra importante, a donde ha de hacerse una gran inversión que involucre tierras.
Siempre son los mismos, directamente o por intermedia o asociada persona. Y siempre se salen con la suya. Si el Canal ha de requerir tierras y aguas adicionales de la cuenca para su ampliación, la titulación es un trámite indispensable para evitar que los citados oportunistas y especuladores, saquen provecho propio en perjuicio del interés nacional y de los ocupantes de la cuenca.
En los últimos años, la Autoridad ha mejorado substancialmente la comunicación con dichos ocupantes. La hemos visto promoviendo reuniones informativas, apoyando ferias agrícolas, donando material a escuelas del área y, en general, manteniendo un diálogo fluido con los auténticos dirigentes del sector, no importa que no siempre sean coincidentes en su criterio.
El Canal pues, está identificándose con la problemática social de su entorno. Positivo es que se haya entendido que la cuenca no es solo del Canal, por más que así lo diga la ley que la amplió a niveles que Fernando Manfredo, Ricardo J. Bermúdez D. y otros especialistas, estiman exagerados.
La titulación es un paso necesario y útil para inventariar no tanto un problema sino el grado de asociación que corresponde a cada uno - Canal y campesinos - respecto a un mismo bien. Fuera de eso, ella servirá como mecanismo para mantener a raya a los "pescadores en río revuelto" y a los especuladores. Hablamos de aquellos oportunistas que, disfrazados de dirigentes precaristas, no son más que especuladores y promotores de la ocupación ilegal de tierras, verdaderas rémoras, que viven aprovechándose de las necesidades de la gente sin tierra. Los hay por todas partes, en Mocambo y Arraiján inclusive, y están plenamente identificados por las autoridades.
Ellos llegan a colectar dineros de los ocupantes, a "vender" y revender lotes y a chantajear a dueños de tierras y a las entidades, llámese ARI, Seguro Social, Ministerio de Vivienda, Obras Públicas y demás. Esos promotores profesionales se las arreglan para ir lucrando de la desgracia de los sin-tierra por toda la geografía nacional, aprovechándose del apetito de políticos locales, a quienes se presentan como generadores de votos, sirviéndose recíprocamente en despreciable contubernio.
De algún modo se las arreglan para estar donde menos deben estar, por donde han de pasar carreteras, a donde ha de construirse alguna obra importante, a donde ha de hacerse una gran inversión que involucre tierras.
Siempre son los mismos, directamente o por intermedia o asociada persona. Y siempre se salen con la suya. Si el Canal ha de requerir tierras y aguas adicionales de la cuenca para su ampliación, la titulación es un trámite indispensable para evitar que los citados oportunistas y especuladores, saquen provecho propio en perjuicio del interés nacional y de los ocupantes de la cuenca.
