Títulos para tierras insulares y costeras
EL TEMA de la tenencia de la tierra es tan complejo que demanda atención especial en un país donde 7 de cada 10 terrenos carecen de título de propiedad. Sin titulación no es posible acceder a asistencia técnica ni a financiamiento y las tierras no producen en toda su capacidad, lo que ahonda la inseguridad y profundiza los males que trae aparejada la ausencia de desarrollo económico y sus secuelas de pobreza y marginalidad.
Los pobladores de islas y áreas costeras del país han sido históricamente algunos de los más abandonados y aislados del desarrollo nacional. Viviendo de la pesca artesanal y de una agricultura de subsistencia han visto pasar gobierno tras gobierno sin que se hayan concretado iniciativas para resolver sus demandas por la legalización de los terrenos ocupados. El desarrollo turístico en Bocas del Toro y las proyecciones para inversiones responsables en zonas de Colón y el Archipiélago de las Perlas, ha colocado al actual gobierno ante la oportunidad histórica de poner en orden los territorios insulares, las zonas costeras y otras tierras propiedad del Estado aptas para el desarrollo del turismo, a la vez que responde a las demandas de los humildes pobladores de esas áreas mediante un proceso que regule los terrenos en los que habitan. Así se proyecta el sano equilibrio entre el desarrollo económico y el interés social.
Ese es el espíritu del proyecto de ley que busca regular las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones. La propuesta legislativa no solamente fomenta la inversión turística en el país, en igualdad de oportunidades para los locales y los extranjeros, sino que garantiza a los humildes pobladores de esas zonas el proceso para regular los actuales derechos posesorios que detentan y dotarlos de verdaderos títulos de propiedad de la tierra.
La ley que entró a debate esta semana en la Asamblea Nacional de Diputados propone otorgar en concesión administrativa por 60 años y una prórroga de 30 años los territorios insulares y las zonas costeras propiedad del Estado que sean declaradas áreas de desarrollo turístico especial por recomendación del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La aprobación recae, por mandato constitucional, en el Consejo de Gabinete y el Presidente de la República. En el caso de desarrollos en tierras indígenas, deberán contar con la anuencia de las autoridades comarcales. Todas las concesiones serán otorgadas luego de una licitación pública en la que los interesados tendrán igualdad de oportunidades. Los inversionistas deberán generar empleos de calidad, mitigar el impacto ambiental, dotar agua potable, luz eléctrica, recolección de desechos y otros servicios a las áreas concesionadas.
El proyecto de ley propone que quienes hayan ocupado en forma ininterrumpida terrenos insulares del Estado por cinco años antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, que la hayan utilizado como vivienda o para la actividad agrícola para su sustento se les concederá la propiedad por 90 años. Cualquier otra persona que no esté amparada por esta disposición deberá desocupar la propiedad y las obras erigidas podrás ser demolidas con cargos al ocupante. Los que no cumplan con la ley serán multados hasta con B/. 5,000. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de Vivienda (MIVI) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) jugarán un papel importante en todo el proceso.
Para agilizar los procedimientos se propone la creación de una ventanilla única especial en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF que centralizará todos los trámites. También se establecerá una nueva sección en el Registro Público de Panamá denominada Propiedad Insular.
Pese a que la propuesta legislativa es el paso más importante dado en los últimos 15 años en materia de tenencia de la tierra, en la apertura del primer debate legislativo quedó claro que su aprobación requerirá transitar por un camino difícil y sembrado de todo tipo de obstáculos. Habrá que enfrentar a terratenientes retrógados, abogados inescrupulosos y especuladores profesionales, que tratarán de comprar conciencias con el objetivo de hacer abortar el proyecto de ley.
El debate acaba de comenzar y lo más probable es que la ley original sufra modificaciones importantes. Lo que deben asegurar los diputados es que no se pierda el espíritu de lograr un sano equilibrio entre desarrollo económico e interés social. Hay que garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas serios y los humildes pobladores de las áreas donde se regulará la tenencia de la tierra.
Los pobladores de islas y áreas costeras del país han sido históricamente algunos de los más abandonados y aislados del desarrollo nacional. Viviendo de la pesca artesanal y de una agricultura de subsistencia han visto pasar gobierno tras gobierno sin que se hayan concretado iniciativas para resolver sus demandas por la legalización de los terrenos ocupados. El desarrollo turístico en Bocas del Toro y las proyecciones para inversiones responsables en zonas de Colón y el Archipiélago de las Perlas, ha colocado al actual gobierno ante la oportunidad histórica de poner en orden los territorios insulares, las zonas costeras y otras tierras propiedad del Estado aptas para el desarrollo del turismo, a la vez que responde a las demandas de los humildes pobladores de esas áreas mediante un proceso que regule los terrenos en los que habitan. Así se proyecta el sano equilibrio entre el desarrollo económico y el interés social.
Ese es el espíritu del proyecto de ley que busca regular las concesiones para la inversión turística y la enajenación de territorio insular para fines de aprovechamiento turístico y dicta otras disposiciones. La propuesta legislativa no solamente fomenta la inversión turística en el país, en igualdad de oportunidades para los locales y los extranjeros, sino que garantiza a los humildes pobladores de esas zonas el proceso para regular los actuales derechos posesorios que detentan y dotarlos de verdaderos títulos de propiedad de la tierra.
La ley que entró a debate esta semana en la Asamblea Nacional de Diputados propone otorgar en concesión administrativa por 60 años y una prórroga de 30 años los territorios insulares y las zonas costeras propiedad del Estado que sean declaradas áreas de desarrollo turístico especial por recomendación del Instituto Panameño de Turismo (IPAT), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La aprobación recae, por mandato constitucional, en el Consejo de Gabinete y el Presidente de la República. En el caso de desarrollos en tierras indígenas, deberán contar con la anuencia de las autoridades comarcales. Todas las concesiones serán otorgadas luego de una licitación pública en la que los interesados tendrán igualdad de oportunidades. Los inversionistas deberán generar empleos de calidad, mitigar el impacto ambiental, dotar agua potable, luz eléctrica, recolección de desechos y otros servicios a las áreas concesionadas.
El proyecto de ley propone que quienes hayan ocupado en forma ininterrumpida terrenos insulares del Estado por cinco años antes de la entrada en vigor de la nueva legislación, que la hayan utilizado como vivienda o para la actividad agrícola para su sustento se les concederá la propiedad por 90 años. Cualquier otra persona que no esté amparada por esta disposición deberá desocupar la propiedad y las obras erigidas podrás ser demolidas con cargos al ocupante. Los que no cumplan con la ley serán multados hasta con B/. 5,000. La Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), el Ministerio de Vivienda (MIVI) y el Ministerio de Obras Públicas (MOP) jugarán un papel importante en todo el proceso.
Para agilizar los procedimientos se propone la creación de una ventanilla única especial en la Dirección de Catastro y Bienes Patrimoniales del MEF que centralizará todos los trámites. También se establecerá una nueva sección en el Registro Público de Panamá denominada Propiedad Insular.
Pese a que la propuesta legislativa es el paso más importante dado en los últimos 15 años en materia de tenencia de la tierra, en la apertura del primer debate legislativo quedó claro que su aprobación requerirá transitar por un camino difícil y sembrado de todo tipo de obstáculos. Habrá que enfrentar a terratenientes retrógados, abogados inescrupulosos y especuladores profesionales, que tratarán de comprar conciencias con el objetivo de hacer abortar el proyecto de ley.
El debate acaba de comenzar y lo más probable es que la ley original sufra modificaciones importantes. Lo que deben asegurar los diputados es que no se pierda el espíritu de lograr un sano equilibrio entre desarrollo económico e interés social. Hay que garantizar la seguridad jurídica para los inversionistas serios y los humildes pobladores de las áreas donde se regulará la tenencia de la tierra.
