TLC, en el ojo del huracán
El pueblo tendrá en la mira las directrices que el gobierno de Martín Torrijos estime en torno al TLC entre Panamá y Estados Unidos (EU). Nuestra estabilidad y nuestro desarrollo tecnológico, social y económico serán los puntos sobre los cuales esperamos se establezcan las negociaciones.
Será un reto, el cual podremos afrontar o un verdadero desastre que perjudicará a los diversos sectores de Panamá, por tratar de propiciar algo que de lo cual muchos no se han podido percatar; pero si leemos y nos informamos de la situación actual del país y nos preguntamos si realmente está preparado para afrontar este desafío, la mayoría de nosotros se preocuparía. Por eso, el tema no debe ser tomado a la ligera, pues el futuro económico del pueblo está en manos de nuestros negociadores y las decisiones del gobierno.
Los sectores productivos panameños sostienen que es imposible competir con la economía de EU o con los elevados subsidios que perciben los granjeros de ese país, además desatender las demandas de los productores y los intereses nacionales será en mañana un amargo recuerdo de las crónicas de una muerte anunciada. Un tratado comercial mal negociado con EU pondría en riesgo profesiones y servicios reservados a los panameños.
¿Será preferible mantenernos con los beneficios que nos ofrece la Cuenca del Caribe (hasta el 2008) y no firmar el TLC con EU? Es una respuesta difícil, debido a que si Panamá pretende estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios, explotar nuestra posición estratégica y geográfica, alcanzar un mejor equilibrio en sus relaciones comerciales, crear un mercado más amplio y seguro, reconocer las diferencias en los niveles de desarrollo y en el tamaño de ambas economías y la necesidad de crear oportunidades para el desarrollo económico, evitando distorsiones en su comercio recíproco; establecer reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial de sus mercancías, productos alimenticios y servicios; promover y proteger las inversiones en nuestro territorio y las condiciones de competencia leal; eliminar las barreras de libre exportación e importación; aumentar el crecimiento de nuestra agroindustria y crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, su administración conjunta y la solución de controversias, es obvio que debemos firmarlo, ya que sería el modelo de tratado que todo país quisiese adscribirse, sin perjudicar a nuestros productos.
Pero si estos objetivos no se cumplen, entonces debemos analizar las propuestas para no arrepentirnos.
La más significante de estas consecuencias, la más probable es la mayor efectividad en rechazar los intereses grupales, de los que se oponen a la Santa Sede.
Uno de esos adversarios es el grupo "Católicos por la libertad de elección", nombre capcioso de una ONG anticatólica de hecho. En 1999, el cabildeo a favor del aborto con base en Estados Unidos liderado por el gerente de una clínica de abortos, Frances Kissling y que no tiene una membresía reportada, ha pedido por la exclusión y remoción de la representación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas alegando que no es un estado nación y que su estatus es injusto con otra religiones que no tienen ese mismo privilegio.
La campaña "Cambio de Sede" no ha logrado granjear el apoyo de ningún miembro de la ONU y más bien ha incentivado a otros el interés por darse cuenta de cuan necesario es tener la voz moral de la Santa Sede dentro de la organización.
Mientras que la APUDEP señala que en el anteproyecto tampoco está claro quiénes integran el co gobierno, dando la impresión de que las decisiones quedan en manos de la rectoría, advierte que "el problema es que es una ley principista".
En esta tarea, se encuentra a favor del rector la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA).
Daniel Espino, secretario general de esta agrupación, asegura que la propuesta es el extracto de los diferentes esfuerzos que se hacen desde 14 años para adecuar a la Universidad a los cambios que vive el mundo y el país.
"No podemos seguir con una ley anacrónica, obsoleta e infuncional... Todos los universitarios deben tener conciencia y participar de las reformas de la transformación y modernización de la institución".
Según Espino, el tema de las reformas es impostergable. ASEUPA tiene 3 mil afiliados, todos trabajadores nombrados en la UP.
"Bajo ninguna circunstancia se hace por presión o temor a represalias", manifestó Espino, quien comenta que lo paradójico es que los que se oponen a las reformas son precisamente miembros de la APUDEP, que deberían ser los que estén a la vanguardia en la promoción del avance y desarrollo de la educación superior del país.
José Garrido, miembro de APUDEP, dijo que este método es un poco apresurado, cuando una buena parte de la comunidad universitaria ha rechazado la manera inconsulta de confeccionarlo.
Proponemos algo sencillo como un Magno Congreso Universitario con miembros elegidos para ese fin y organizar un nuevo anteproyecto de ley sin apuros.
"Si no me interesa la reelección, no tengo que tener apuro y haré las cosas como la comunidad universitaria quiere, pero si hay apuro, hay que preguntarle por qué".
Para el jurista Miguel Antonio Bernal, el tema del anteproyecto de ley es totalmente inconsulto y fomenta la burocracia en la UP.
Advierte que el problema no es "García de Paredes", sino que es una propuesta imprecisa, que en nada fomenta avances de carácter académico.
Una de sus críticas fue respecto al artículo 37, que establece que a los 75 años los profesores deben retirarse, lo que señala es contraproducente porque se está desechando a una "biblioteca andante", llena de sabiduría, que puede ser de provecho para la institución.
Criticó la creación del Consejo de Centros Regionales, porque los burocratiza, mientras no vio como un artículo serio al que crea el Consejo de Investigación.
Artículo 8: Los principales órganos colegiados de gobierno de la UP son: Consejo General Universitario, Consejo Académico, Consejo Administrativo, Consejo de Investigación, Consejos de Facultades, Consejo de Centros Regionales, Juntas de Facultad, Juntas de Centro Regional, otros que el Estatuto determine.
Artículo 11 . 11: El Consejo General Universitario designará al Defensor de los Derechos de los Universitarios.
Artículo 12: Una representación de las autoridades formará parte de los Consejos Académico y Administrativo, de manera que no se repitan todas las autoridades en todos los Consejos.
Artículo 29: Las autoridades universitarias elegidas durarán en su cargo 5 años y no podrán ser postuladas para el mismo cargo por los 2 períodos siguientes.
Artículo 35: Se establece la Carrera Académica, que normará lo relativo al ingreso, desarrollo, perfeccionamiento, escalafón y egreso del personal académico.
Artículo 37: Al cumplir 75 años de edad, el personal académico de la UP cesará en sus funciones en la institución.
Artículo 45: Se reconoce la Carrera Administrativa de la UP, que se desarrollará mediante reglamento especial, sobre la base de estabilidad, escalafón y sistema de méritos.
Artículo 63: La UP podrá establecer un fondo especial complementario, con la finalidad de incrementar la cuantía del tope monetario de las jubilaciones y pensiones.
Artículo 70: El personal académico y administrativo conservará los derechos adquiridos conforme a las normas vigentes con anterioridad a la presente ley.
Artículo 71: Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación.
Será un reto, el cual podremos afrontar o un verdadero desastre que perjudicará a los diversos sectores de Panamá, por tratar de propiciar algo que de lo cual muchos no se han podido percatar; pero si leemos y nos informamos de la situación actual del país y nos preguntamos si realmente está preparado para afrontar este desafío, la mayoría de nosotros se preocuparía. Por eso, el tema no debe ser tomado a la ligera, pues el futuro económico del pueblo está en manos de nuestros negociadores y las decisiones del gobierno.
Los sectores productivos panameños sostienen que es imposible competir con la economía de EU o con los elevados subsidios que perciben los granjeros de ese país, además desatender las demandas de los productores y los intereses nacionales será en mañana un amargo recuerdo de las crónicas de una muerte anunciada. Un tratado comercial mal negociado con EU pondría en riesgo profesiones y servicios reservados a los panameños.
¿Será preferible mantenernos con los beneficios que nos ofrece la Cuenca del Caribe (hasta el 2008) y no firmar el TLC con EU? Es una respuesta difícil, debido a que si Panamá pretende estimular la expansión y diversificación del comercio de mercancías y servicios, explotar nuestra posición estratégica y geográfica, alcanzar un mejor equilibrio en sus relaciones comerciales, crear un mercado más amplio y seguro, reconocer las diferencias en los niveles de desarrollo y en el tamaño de ambas economías y la necesidad de crear oportunidades para el desarrollo económico, evitando distorsiones en su comercio recíproco; establecer reglas claras y de beneficio mutuo para el intercambio comercial de sus mercancías, productos alimenticios y servicios; promover y proteger las inversiones en nuestro territorio y las condiciones de competencia leal; eliminar las barreras de libre exportación e importación; aumentar el crecimiento de nuestra agroindustria y crear procedimientos eficaces para la aplicación y cumplimiento de este Tratado, su administración conjunta y la solución de controversias, es obvio que debemos firmarlo, ya que sería el modelo de tratado que todo país quisiese adscribirse, sin perjudicar a nuestros productos.
Pero si estos objetivos no se cumplen, entonces debemos analizar las propuestas para no arrepentirnos.
La más significante de estas consecuencias, la más probable es la mayor efectividad en rechazar los intereses grupales, de los que se oponen a la Santa Sede.
Uno de esos adversarios es el grupo "Católicos por la libertad de elección", nombre capcioso de una ONG anticatólica de hecho. En 1999, el cabildeo a favor del aborto con base en Estados Unidos liderado por el gerente de una clínica de abortos, Frances Kissling y que no tiene una membresía reportada, ha pedido por la exclusión y remoción de la representación de la Santa Sede ante las Naciones Unidas alegando que no es un estado nación y que su estatus es injusto con otra religiones que no tienen ese mismo privilegio.
La campaña "Cambio de Sede" no ha logrado granjear el apoyo de ningún miembro de la ONU y más bien ha incentivado a otros el interés por darse cuenta de cuan necesario es tener la voz moral de la Santa Sede dentro de la organización.
Mientras que la APUDEP señala que en el anteproyecto tampoco está claro quiénes integran el co gobierno, dando la impresión de que las decisiones quedan en manos de la rectoría, advierte que "el problema es que es una ley principista".
En esta tarea, se encuentra a favor del rector la Asociación de Empleados de la Universidad de Panamá (ASEUPA).
Daniel Espino, secretario general de esta agrupación, asegura que la propuesta es el extracto de los diferentes esfuerzos que se hacen desde 14 años para adecuar a la Universidad a los cambios que vive el mundo y el país.
"No podemos seguir con una ley anacrónica, obsoleta e infuncional... Todos los universitarios deben tener conciencia y participar de las reformas de la transformación y modernización de la institución".
Según Espino, el tema de las reformas es impostergable. ASEUPA tiene 3 mil afiliados, todos trabajadores nombrados en la UP.
"Bajo ninguna circunstancia se hace por presión o temor a represalias", manifestó Espino, quien comenta que lo paradójico es que los que se oponen a las reformas son precisamente miembros de la APUDEP, que deberían ser los que estén a la vanguardia en la promoción del avance y desarrollo de la educación superior del país.
José Garrido, miembro de APUDEP, dijo que este método es un poco apresurado, cuando una buena parte de la comunidad universitaria ha rechazado la manera inconsulta de confeccionarlo.
Proponemos algo sencillo como un Magno Congreso Universitario con miembros elegidos para ese fin y organizar un nuevo anteproyecto de ley sin apuros.
"Si no me interesa la reelección, no tengo que tener apuro y haré las cosas como la comunidad universitaria quiere, pero si hay apuro, hay que preguntarle por qué".
Para el jurista Miguel Antonio Bernal, el tema del anteproyecto de ley es totalmente inconsulto y fomenta la burocracia en la UP.
Advierte que el problema no es "García de Paredes", sino que es una propuesta imprecisa, que en nada fomenta avances de carácter académico.
Una de sus críticas fue respecto al artículo 37, que establece que a los 75 años los profesores deben retirarse, lo que señala es contraproducente porque se está desechando a una "biblioteca andante", llena de sabiduría, que puede ser de provecho para la institución.
Criticó la creación del Consejo de Centros Regionales, porque los burocratiza, mientras no vio como un artículo serio al que crea el Consejo de Investigación.
Artículo 8: Los principales órganos colegiados de gobierno de la UP son: Consejo General Universitario, Consejo Académico, Consejo Administrativo, Consejo de Investigación, Consejos de Facultades, Consejo de Centros Regionales, Juntas de Facultad, Juntas de Centro Regional, otros que el Estatuto determine.
Artículo 11 . 11: El Consejo General Universitario designará al Defensor de los Derechos de los Universitarios.
Artículo 12: Una representación de las autoridades formará parte de los Consejos Académico y Administrativo, de manera que no se repitan todas las autoridades en todos los Consejos.
Artículo 29: Las autoridades universitarias elegidas durarán en su cargo 5 años y no podrán ser postuladas para el mismo cargo por los 2 períodos siguientes.
Artículo 35: Se establece la Carrera Académica, que normará lo relativo al ingreso, desarrollo, perfeccionamiento, escalafón y egreso del personal académico.
Artículo 37: Al cumplir 75 años de edad, el personal académico de la UP cesará en sus funciones en la institución.
Artículo 45: Se reconoce la Carrera Administrativa de la UP, que se desarrollará mediante reglamento especial, sobre la base de estabilidad, escalafón y sistema de méritos.
Artículo 63: La UP podrá establecer un fondo especial complementario, con la finalidad de incrementar la cuantía del tope monetario de las jubilaciones y pensiones.
Artículo 70: El personal académico y administrativo conservará los derechos adquiridos conforme a las normas vigentes con anterioridad a la presente ley.
Artículo 71: Esta ley comenzará a regir a partir de su promulgación.
