Todos contra la corrupción
Si bien existen causas estructurales de la actual crisis política, a nadie escapa que las extendidas raíces echadas por la corrupción han herido gravemente a la República. No es ninguna novedad afirmar que la historia contemporánea del país ha estado marcada por los abusos, las irregularidades y las actuaciones turbias amparadas desde el aparato estatal. La corrupción ha tenido una dimensión cada vez más protagónica que creció desde los oscuros manejos de las cuentas del Seguro Social en la década del 70 hasta las coimas que se habrían pagado para concretar la adjudicación del contrato del CEMIS al Consorcio San Lorenzo; desde el enriquecimiento vertiginoso y geométrico de algunas de las más altas autoridades que ha tenido el país, hasta la falta de transparencia que ha acompañado el otorgamiento de subsidios y ayudas sociales. Desde el FIS hasta la Universidad de Panamá, desde la negociación de algunos importantes contratos hasta la sanción de leyes de la Nación, todo ha estado teñido de sospechas de corrupción.
Claro que desde hace varios años se trataron de montar disposiciones capaces de controlar y sancionar los actos de corrupción, algunos de ellos como fruto de la presión externa, otro resultado de la indignación creciente de la ciudadanía. Pero esos dispositivos, como fueron concebidos como meras e inocuas formalidades, no han logrado la eficacia esperada.
La corrupción ha sido, sin duda, el motor que impulsó pésimas decisiones estatales, las cuales se han traducido en costos cada vez más difíciles de sostener y en degradación de la calidad de las prestaciones públicas. Enriquecimiento de funcionarios y empobrecimiento de los servicios destinados a la comunidad son dos caras de una misma realidad que han provocado la fuerte erosión de la legitimidad de la dirigencia política y también han contribuido a la dilapidación de los recursos públicos. Por supuesto que la corrupción extendida en la administración pública, en diferentes jerarquías, niveles y poderes, ha motivado también mucha incertidumbre e inseguridad jurídica, lo cual afectó y afecta a la radicación de las inversiones extranjeras.
Como balance de lo poco que se ha podido hacer al presente, la Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción presentó hace más de un mes un informe preliminar a la Presidenta Mireya Moscoso en el que deja constancia de la necesidad de adoptar un compromiso claro por parte de las autoridades sobre la necesidad de intensificar la lucha contra la corrupción.
La consecuencia directa de la ausencia de la aplicación de las normas legales es la impunidad. Y ha sido esta misma sensación de impunidad la que ha alimentado muchas de las protestas y gestos de disconformidad de la ciudadanía con respecto a políticos, funcionarios y magistrados. Por eso, en este contexto de aguda crisis, todos aguardamos la mayor transparencia en la toma de decisiones y, sobre todo, una real eficacia en la persecución penal de aquéllos que utilizaron el poder público en contra de la ley y de los intereses generales.
Claro que desde hace varios años se trataron de montar disposiciones capaces de controlar y sancionar los actos de corrupción, algunos de ellos como fruto de la presión externa, otro resultado de la indignación creciente de la ciudadanía. Pero esos dispositivos, como fueron concebidos como meras e inocuas formalidades, no han logrado la eficacia esperada.
La corrupción ha sido, sin duda, el motor que impulsó pésimas decisiones estatales, las cuales se han traducido en costos cada vez más difíciles de sostener y en degradación de la calidad de las prestaciones públicas. Enriquecimiento de funcionarios y empobrecimiento de los servicios destinados a la comunidad son dos caras de una misma realidad que han provocado la fuerte erosión de la legitimidad de la dirigencia política y también han contribuido a la dilapidación de los recursos públicos. Por supuesto que la corrupción extendida en la administración pública, en diferentes jerarquías, niveles y poderes, ha motivado también mucha incertidumbre e inseguridad jurídica, lo cual afectó y afecta a la radicación de las inversiones extranjeras.
Como balance de lo poco que se ha podido hacer al presente, la Comisión Presidencial para Combatir la Corrupción presentó hace más de un mes un informe preliminar a la Presidenta Mireya Moscoso en el que deja constancia de la necesidad de adoptar un compromiso claro por parte de las autoridades sobre la necesidad de intensificar la lucha contra la corrupción.
La consecuencia directa de la ausencia de la aplicación de las normas legales es la impunidad. Y ha sido esta misma sensación de impunidad la que ha alimentado muchas de las protestas y gestos de disconformidad de la ciudadanía con respecto a políticos, funcionarios y magistrados. Por eso, en este contexto de aguda crisis, todos aguardamos la mayor transparencia en la toma de decisiones y, sobre todo, una real eficacia en la persecución penal de aquéllos que utilizaron el poder público en contra de la ley y de los intereses generales.
